El Gobierno dispuso la derogación del régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes de medicamentos y estableció un nuevo esquema que deja en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la evaluación caso por caso de las solicitudes.
La decisión se formalizó mediante la Resolución Conjunta 1/2026 del Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y el INPI, publicada en el Boletín Oficial.
Con la medida, el Ejecutivo eliminó las “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas”, vigentes desde 2012, al considerar que resultaba necesario “no restringir la competencia” del INPI para analizar las presentaciones.
Según los considerandos, el cambio apunta a “promover la innovación e incrementar la disponibilidad de nuevos productos”, además de generar mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de la industria farmacéutica.


