A partir de junio, el bolsillo de los argentinos volverá a sentir la presión económica debido a una nueva ola de incrementos en servicios básicos. Durante este sexto mes del año, se registrarán subas significativas que afectarán directamente los presupuestos familiares, impactando de manera simultánea en los valores de prepagas, los boletos del transporte público, precios de los combustibles, contratos de alquiler y colegios privados.
Tras conocerse que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un 2,6% de inflación en abril, tanto el sector público como el privado se preparan para ajustar los cuadros tarifarios del próximo mes. Para ello, se activarán los mecanismos de indexación mensual y las cláusulas específicas de los contratos vigentes, adaptando los precios de los servicios a la par del último índice oficial.
Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para junio. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta un 2,9%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el cual ahora es obligatorio.
El mes pasado, los planes de salud subieron un 2,7% en el AMBA y un 2,5% en todo el país. En los primeros cuatro meses del año, el alza total fue de casi el 10,5%. Además, la suba total frente al año pasado promedia el 29,7% a nivel nacional.
Respecto a las empresas, Swiss Medical, Osde, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud confirmaron un aumento del 2,6%, igual que la inflación. Por su parte, Omint tendrá una suba más alta que llegará hasta el 2,9% según el plan. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.
Desde el inicio del mes, todas las estaciones de servicio del país aplicarán un nuevo aumento en los precios de la nafta y el gasoil. Las empresas petroleras ya preparan este cambio que afectará los valores en los surtidores a nivel nacional.
La suba tendrá un piso de entre el 2% y el 3,5% por tres razones principales. Estos motivos son la devaluación mensual del peso, el aumento en los costos de logística de las empresas y la suba gradual de los impuestos a los combustibles que define el Gobierno.

