Los italianos se pronuncian en un referéndum para decidir si facilitan la obtención de la nacionalidad y refuerzan los derechos laborales. Se trata de dos medidas a las que se opone el gobierno de Giorgia Meloni.
Un residente no europeo que no tenga ningún vínculo de matrimonio ni de sangre con Italia debe vivir diez años en el país para poder pedir la nacionalidad. Con esta votación, impulsada por varios partidos y ONG, se quiere reducir ese plazo a cinco años, el mismo que rige en otros países como Alemania y Francia.
Los partidarios del sí afirman que hasta 2,5 millones de personas se podrían beneficiar de la reforma, apoyada por la principal fuerza de la oposición, el Partido Demócrata (PD, centroizquierda).
Este referéndum no guarda relación con la ley aprobada en el Parlamento que restringió la nacionalidad por derecho de sangre y que afectó en especial a argentinos.
