El Congreso brasileño impulsa la aprobación de una ley de amnistía que beneficiaría al expresidente Jair Bolsonaro y a los manifestantes que saquearon los edificios institucionales de Brasilia el 8 de enero de 2023. La medida pretende entrar en vigor inmediatamente después de la sentencia prevista para el 12 de septiembre, generando un intenso debate político.
Partidos como Unión Brasil y Progresistas decidieron abandonar la coalición de Gobierno para apoyar la medida, mientras políticos como el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y el pastor evangélico Silas Malafaia lideran la articulación junto a la familia Bolsonaro. La intención de algunos sectores radicales, encabezados por Eduardo Bolsonaro, es aprobar una amnistía “amplia, general e irrestricta” que incluiría a quienes participaron e instigaron los actos, incluso al propio expresidente, habilitándolo para las elecciones de 2026.
La discusión entre el ala radical y el centro se centra en el alcance de la medida. Mientras el primero busca una amnistía sin límites, el centro propone un texto más calibrado, condicionado a que Bolsonaro o sus familiares se retiren de futuras candidaturas presidenciales. En el Senado, aunque hay apoyo a la amnistía, surgen matices: Davi Alcolumbre, presidente de la cámara, busca presentar un texto alternativo al que respaldan los bolsonaristas.
