La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representará al Ministerio Público Fiscal este viernes 4 de setiembre en la audiencia de revisión de prisión preventiva de un hombre de 29 años, imputado provisionalmente como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género y lesiones graves agravadas por la relación de pareja previa y por el género, en concurso real.
Durante la audiencia se analizará además el pedido formulado por la fiscal Sodero Calvet para ampliar la imputación inicial a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación, vinculados a graves hechos de violencia física y psicológica.
El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de agosto  en horas de la tarde, en un domicilio particular de Cerrillos. Allí, la víctima, pareja del imputado y madre de dos hijos en común, efectuó un llamado al Sistema de Emergencias 911, para alertar sobre una situación de violencia, mientras los niños se encontraban presentes.
La mujer relató que el acusado la habría golpeado con los puños en distintas partes del cuerpo, mientras la insultaba y denigraba. Luego habría continuado la agresión utilizando un elemento contundente y ejerciendo a su vez violencia psicológica de manera sostenida hacia ella.
Tras el llamado al Sistema de Emergencias, el imputado fue aprehendido al arribar personal policial.

La Policía de Salta, a través de la Brigada de Investigaciones N°2, realizó un importante procedimiento en la Ciudad de Orán, junto a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Gendarmería Nacional.
Por el hecho se allanó una vivienda del y mediante el trabajo de un perro detector de narcóticos fueron localizados 15 paquetes rectangulares. Tras las pruebas correspondientes, arrojaron como resultado positivo para cocaína, equivalente a 120 mil dosis de droga.
Además, por el hecho, se detuvo a dos personas de 18 y 21 años, se secuestraron celulares y un automóvil vinculado con la investigación.
Las actuaciones se desarrollaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Policía de Salta, a través de la Dirección de Microtráfico, secuestraron 792 dosis de estupefacientes, en un procedimiento desarrollado en Barrio Ceferino, de Salta Capital. 
Además, detuvieron a una persona, mayor de edad e incautaron más de $410.000 en efectivo, dos balanzas grameras, 27 cartuchos de distintos calibres, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y otros objetos de interés para la investigación.
A partir de una medida judicial, emanada de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad, llevaron adelante un allanamiento en un inmueble ubicado sobre avenida Costanera y además detuvieron al investigado, en inmediaciones de las calles Ituzaingó y Carrión.
Por otra parte, durante el operativo, un efectivo policial resultó lesionado al ser agredido por personas que intentaron entorpecer el procedimiento. La situación fue controlada por la fuerza de seguridad provincial y se realizaron las actuaciones correspondientes.

La Policía de Salta llevó adelante un Operativo Protección Ciudadana y Prevención de Fauna Ictícola en el río Juramento, desde el puente de El Tunal hasta distintos sectores comprendidos en la jurisdicción del Distrito de Prevención N°5 de Joaquín V. González.
El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Lacustre y Fluvial El Tunal y personal de la Policía Rural, quienes realizaron patrullajes preventivos por agua y tierra en distintos sectores del río Juramento y zonas aledañas. Los recorridos se extendieron desde el puente de El Tunal hasta el paraje Balbuena y comprendieron sectores como Paso de las Carretas, La Pedrera, Talamuyo, Atamisqui, San José de Orquera y el puente La Amistad, en El Quebrachal.
En ese contexto, los efectivos detectaron a dos personas realizando pesca ilegal. Ante esta situación, secuestraron una red tipo “pollera” y una bolsa que contenía 16 ejemplares de sábalo, una boga y un dorado. Por el hecho labraron un acta contravencional correspondiente por infracción al Artículo 91 del Código Contravencional de la Provincia de Salta - Ley 7135/01.
La fuerza de seguridad provincial continúa desarrollando controles preventivos en ríos y espejos de agua de la provincia, destinados a prevenir la pesca ilegal y proteger la fauna y los recursos naturales.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó al Juzgado de Garantías N.º 2 la captura y detención nacional e internacional de Samuel Limón Álvarez, identificado como uno de los principales sospechosos en la investigación por el robo de una camioneta ocurrido el pasado 14 de agosto en un lavadero de barrio Luján, y señalado como una persona conocida en el ambiente delictivo de la zona fronteriza entre Argentina y Bolivia.
El pedido fue formulado por el delito de robo calificado, agravado por el uso de armas y en banda, a partir de los elementos reunidos durante las diligencias desarrolladas por el Grupo de Investigaciones Sector N.º 43.
Entre las medidas realizadas se encuentran tareas de campo, declaraciones testimoniales, la confección de un identikit y el análisis de registros de cámaras de seguridad, elementos que permitieron avanzar en la identificación de uno de los presuntos autores.
A partir de estos resultados, el fiscal Cazón avanzó con el pedido de captura nacional e internacional, teniendo en cuenta además los indicios de que el sospechoso se encontraría en Bolivia y que el vehículo sustraído habría ingresado a ese país. Según la información incorporada a la causa, la camioneta fue detectada mediante cámaras de seguridad en la ciudad boliviana de Yacuiba.
En ese marco, Cazón solicitó que, en caso de disponerse la medida, la orden sea incorporada al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) para su vigencia en todo el territorio nacional y que se requiera la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL para procurar su localización y captura a nivel internacional.
El hecho
La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de una camioneta Toyota Hilux modelo 2024, que había sido dejada alrededor de las 13.30 del 14 de agosto en un lavadero ubicado sobre avenida 9 de Julio, en barrio Luján de Salvador Mazza.
De acuerdo con las actuaciones, el encargado del establecimiento manifestó inicialmente que había sido sorprendido por cuatro personas armadas, quienes lo maniataron y amenazaron para apoderarse del vehículo. Posteriormente, al revisar las cámaras de seguridad, precisó que habrían sido tres los autores y señaló que llegaron caminando hasta el lugar.
Las primeras diligencias permitieron reconstruir parte del recorrido de fuga hacia la zona de Sauzal, mientras que el avance de la investigación aportó elementos que indicarían que la camioneta habría cruzado hacia Bolivia.
La investigación continúa para determinar la posible participación de otras personas e individualizar a los restantes involucrados.
Asimismo, ante la certeza de que la camioneta sustraída ingresó a la ciudad de Yacuiba, Bolivia, el mismo 14 de agosto, y al haber adquirido el hecho una dimensión internacional, el fiscal Cazón anticipó que oportunamente declinará la competencia por razón de materia y territorio a favor de la Justicia Federal de Tartagal, a la que corresponderá continuar con la investigación.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte violenta de un hombre de 27 años, reportada en una vivienda de barrio 9 de julio de esa ciudad, cuando en circunstancias que se investigan, resultó herido en la zona del cuello, aparentemente con un arma blanca.
Tras tomar conocimiento del hecho, se dispuso abordaje de la escena a cargo de personal de Criminalísta para realizar las tareas de rigor y la intervención de personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de campo, tales como relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad, entre otras.
Por el hecho se detuvo a un hombre de 23 años como sospechoso de haber tenido participación en el hecho, quien será imputado en las próximas horas.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizará la autopsia.
La fiscal Filtrín Cuezzo señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr establecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre de 27 años.

El Fiscalía penal de Ledesma de Jujuy, Lian Resúa pidió la imputación del intendente de Pichanal Julio Jalit por homicidio culposo. La audiencia judicial ocurrió, tras culminar la mayor parte de las pericias, que indican con alto grado de probabilidad, que el jefe comunal de Pichanal, Julio Jalit, conducía con exceso de velocidad aquella lluviosa madrugada del 18 de agosto, cuando atropelló fatalmente a Rubén Marino Guitián, en el acceso a la localidad de Calilegua, sobre la ruta nacional 34. El fiscal también confirmó que no hubo testigos de los hechos, algo que contradice los dichos del abogado personal de Jalit y asesor municipal, Joaquín Vélez.
Ese día a las 6.15, la camioneta que conducía Jalit impactó en la parte trasera de la moto y terminó desbarrancando en un canal, a una velocidad que “se puede inferir claramente que era mayor a la permitida en esa zona”, remarcó Resúa. Aunque que eso, señaló, se podrá terminar de confirmar con los informes accidentológicos. Posteriormente se avanzará a la etapa de control de acusación y “después a juicio”, agregó. Aunque aclaró que al ser “una causa culposa, no prevé -salvo que el imputado no se presente a estar a derecho- una medida de privación de la libertad”.
Sobre la presencia de testigos del siniestro, aseveró que “en la causa no hay testigos directos del hecho. Hemos obtenido los testimonios de los policías, de la gente del SAME y en ningún momento se acreditó la presencia de un testigo presencial que haya visto el accidente”. Las afirmaciones desmienten declaraciones mediáticas del abogado Joaquín Vélez, quien afirmó haber observado lo sucedido desde un vehículo que conducía detrás de su cliente y que el motociclista” iba sin casco y la moto sin luces”. Sobre este aspecto Resúa indicó que ante el estado en que terminó el vehículo impactado, solo se sabrá con el informe si la moto tenía las condiciones necesarias para circular.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, encabeza una investigación tras la muerte de una mujer de 65 años, luego de ser herida con un disparo de arma de fuego en la zona abdominal en un asalto ocurrido en Colonia Santa Rosa el pasado mes de junio.
Las tareas investigativas fueron encomendadas a la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y en el avance de las mismas, a través del análisis minucioso de cámaras de seguridad y otras diligencias realizadas, se pudo individualizar a vehículos en los que se movilizaban los sospechosos de participar en el hecho.
Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal Filtrín Cuezzo solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, órden de allanamiento y detención para los domicilios de las personas investigadas.
El pasado viernes 7 de agosto, los efectivos de la Unidad UGAP realizaron seis allanamientos, cinco en domicilios de esa jurisdicción y uno en la ciudad de Salta, donde se secuestraron dos vehículos que presuntamente participaron del hecho, armas cortas y largas, importante cantidad de municiones, celulares, dispositivos electrónicos, prendas de vestir tipo uniformes militares, y otros elementos de interés.
Se produjo también la detención de un hombre de 39 años, quien ya fue imputado como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo.
Durante la jornada, se realizó un allanamiento en un domicilio de barrio Estación de la ciudad de Orán, donde se detuvo a un hombre mayor de edad como sospechoso de haber tenido participación en la comisión del ilícito y se secuestraron elementos de interés.
La fiscal Filtrín Cuezzo indicó que la audiencia de imputación se realizará este viernes y que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el abogado Santiago Pedroza fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita, estafas y usurpación de propiedad, mientras que Roberto Fernando López fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita y ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión, en concurso real.
Ambos llegaron acusados de maniobras fraudulentas realizadas de manera organizada, vinculadas con la entrega y comercialización de terrenos ajenos ubicados en  zonas inundables e inhabitables, no apta para asentamientos.
La investigación permitió establecer que Pedroza cumplía un rol central dentro de esta asociación ilícita, mientras que López, utilizaba una identidad falsa y se hacía pasar por abogado para tomar contacto con los damnificados y facilitar las maniobras.
Luego de la confesión de los acusados y de la aceptación de los hechos atribuidos, el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo y condenó a Pedroza a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a cinco años de inhabilitación para el ejercicio profesional. Además, ordenó librar los oficios correspondientes a los organismos competentes para la toma de razón de la sentencia y dispuso que repare el daño ocasionado, estimado en más de 21 millones de pesos.
Por su parte, López fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a reparar el daño ocasionado mediante el pago de 3 millones de pesos.

Un procedimiento policial sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura de San José de Metán, terminó con tres personas detenidas en Rosario de la Frontera luego de que un vehículo utilitario presuntamente evadiera un control.
Según informó el oficial de prensa de la Policía de Salta, Juan Posadas, a partir de esa maniobra se inició un seguimiento por parte de Seguridad Vial que continuó hasta Rosario de la Frontera. La investigación busca determinar además si el utilitario circulaba acompañado por otros dos vehículos.
El operativo terminó con tres detenidos y el secuestro de mercadería, cuyo contenido todavía no fue informado oficialmente. Posadas aclaró que por el momento la Policía no puede confirmar que se tratara de hojas de coca ni tampoco las versiones sobre la presencia de armas de fuego o disparos durante el procedimiento.
La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía Penal interviniente, que deberá determinar las circunstancias del hecho y disponer las medidas correspondientes.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a tres hombres de 19, 21 y 26 años como coautores del delito de homicidio simple.
Durante la audiencia de imputación, fueron asistidos por defensa oficial y dos de ellos prestaron declaración. Desde la Fiscalía se solicitó que los tres permanezcan detenidos, mientras se cumplen diversas medidas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El hecho ocurrió el pasado domingo en el barrio La Pista de la localidad de Salvador Mazza, cuando la víctima, un hombre de 25 años, se encontraba reunida con un grupo de personas, con las que compartía bebidas alcohólicas.
En esas circunstancias se produjo una discusión y pelea, durante la cual el hombre fue lesionado con un arma blanca en la zona del tórax. Fue trasladado al hospital local y, debido a la gravedad de su estado, derivado al hospital de Tartagal, donde posteriormente falleció.
El fiscal Vega dispuso el trabajo de Criminalística en el lugar para realizar las tareas de rigor y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para cumplir con las tareas investigativas.
A partir del relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias, se logró individualizar a tres sospechosos de haber tenido participación en el hecho investigado.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, formuló acusación contra José Miguel Plaza como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, calificado por conducir estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente y por conducir en exceso de velocidad de más de 30 km. por encima de la máxima permitida en perjuicio de un menor de edad, en concurso ideal del delito de lesiones culposas en accidente de tránsito calificadas or conducir estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente y por conducir en exceso de velocidad de más de 30 km. por encima de la máxima permitida en perjuicio de la madre del niño.
En el requerimiento, el fiscal López Soto expone las declaraciones testimoniales, la pericia accidentológica, los análisis de registros fílmicos, el informe de autopsia, análisis de historias clínicas, resultado de informes toxicológicos y otras pericias realizadas, elementos que —en conjunto— configuran el grado de convicción necesario para solicitar que la causa sea llevada a juicio.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 5 de abril de 2026, cuando una mujer cruzaba la avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad de La Merced por la senda peatonal junto a su hijo, quien se desplazaba en bicicleta. En esas circunstancias ambos fueron embestidos por una camioneta conducida por el imputado.
Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad que ocasionaron su fallecimiento horas después, mientras que su madre resultó con diversas lesiones.
De acuerdo con la evidencia reunida, la Fiscalía sostiene que el conductor circulaba a aproximadamente 72,75 km/h en un sector donde la velocidad máxima permitida era de 30 km/h y que las víctimas atravesaban correctamente la calzada por la senda peatonal. La pericia concluyó además que, de haber respetado el límite de velocidad, el vehículo habría podido detenerse antes del punto de impacto, evitando el siniestro.
La acusación fiscal sostiene que la conducta atribuida al imputado reviste una mayor gravedad porque, al momento del siniestro, se encontraba legalmente inhabilitado para conducir por una sanción administrativa vigente, impuesta tras haber sido detectado meses antes conduciendo con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.
Concluida la investigación penal preparatoria, el fiscal López Soto solicitó la apertura de la etapa de juicio.

Siete domicilios de barrio Democracia, en la zona sudeste de la ciudad, fueron allanados en el marco de una investigación por lesiones gravísimas ocurridas en junio en un predio deportivo de barrio Libertad. Como resultado de los procedimientos, seis hombres mayores de edad fueron detenidos.
La causa se inició tras la denuncia de familiares de la víctima, un hombre de 26 años. A partir de la investigación, efectivos de la División Investigaciones Sudeste avanzaron sobre distintos inmuebles vinculados al expediente.
Durante los allanamientos también se secuestraron armas blancas, armas de fabricación casera, dos plantines de cannabis sativa y más de 1.500 dosis de marihuana.
Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y la Oficina Judicial de Garantías del Distrito Centro.

En audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC)  imputó provisionalmente a  Héctor Raúl Vargas, exintendente de San Carlos, como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (tres hechos) y falsedad ideológica de documento público (dos hechos), todo en concurso real.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias realizadas entre 2023 y 2024, vinculadas con la administración de fondos públicos durante la gestión de Vargas al frente de la Municipalidad de San Carlos. La primera de ellas fue radicada en mayo de 2023 por un concejal de esa localidad, que denunció que, en julio de 2021, Vargas adquirió a nombre de la Municipalidad, por $15 millones, un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados, perteneciente a la matrícula 2608, sin contar con autorización del Concejo Deliberante. Señaló que, pese a los sucesivos pedidos de informes, la documentación relacionada con la operación fue remitida recién en abril de 2023.
De acuerdo con el análisis realizado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), por la venta de los lotes ingresaron $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para cancelar la compra del inmueble. Los peritos no encontraron registros que permitan determinar el destino de los $1.883.100 restantes. La investigación también estableció que la compra se habría realizado sin cumplir con el régimen de contrataciones y sin registrar todas las etapas presupuestarias correspondientes.
Respecto de la posterior venta de los lotes, se determinó que no se contó con la autorización exigida al Concejo Deliberante y que la Municipalidad no aportó los legajos individuales de los adquirentes ni un acto administrativo que estableciera los requisitos para su selección, evaluación y adjudicación.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó provisionalmente a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público.
En dos resoluciones municipales firmadas por el exintendente se consignó que el loteo contaba con matrículas individuales, planos de calles, ochavas, espacios verdes e institucionales, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social y servicios o factibilidad para su provisión. Sin embargo, durante una inspección ocular, los investigadores observaron que el terreno se encontraba vacío, con una delimitación precaria de los lotes mediante palos y sin servicios de agua, luz ni cloacas.
Los informes requeridos a distintos organismos tampoco permitieron corroborar lo consignado en las resoluciones. Se estableció, entre otros, que una solicitud de factibilidad presentada ante EDESA había sido anulada por vencimiento del plazo; que no existían antecedentes de aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social; y que tampoco se había presentado ante el COPAIPA un proyecto correspondiente al loteo.
Por otra parte, el 5 de diciembre de 2023 ingresó otra denuncia en contra del exintendente en la que se cuestionó el destino de fondos otorgados por Nación para un proyecto productivo destinado a 20 familias del paraje San Rafael. La documentación incorporada permitió establecer que la Municipalidad había recibido $9.482.369,75 en aportes no reintegrables, en el marco del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a agricultores familiares de esa zona.
Según el análisis realizado, no fue posible reconstruir el destino de ese dinero, ya que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes que permitieran establecer cómo fueron utilizados los fondos. Además, el organismo nacional correspondiente informó que no constaban registros de una rendición de cuentas.
El 25 de marzo de 2024, María del Carmen Vargas, ya como intendenta de San Carlos, denunció que, al asumir en diciembre de 2023, no encontró en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo y que el terreno no contaba con luz, agua ni plano de organización. También aportó documentación vinculada con el proyecto productivo de San Rafael.
A partir del análisis de la documentación bancaria incorporada durante la investigación, surgió otro de los hechos por los que Vargas fue imputado.
El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que, en 18 oportunidades, el entonces intendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente de la Municipalidad en distintas sucursales del Banco Macro, por un total de $64.449.000.

La Policía de Salta, a través de la División Motoristas de Emergencia Policial y efectivos de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa, realizó dos procedimientos en barrio La Gringa de Cerrillos y Santa Victoria de Capital.
En el contexto de patrullajes preventivos y tras identificar a dos masculinos, efectivos policiales detectaron que entre sus prendas de vestir transportaban envoltorios con sustancias estupefacientes. Posteriormente se dio intervención a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes procedieron al secuestro de más de 400 dosis de marihuana.
Por el hecho, los hombres, de 20 y 25 años, quedaron a disposición de la Justicia e intervino la Unidad de Flagrancia.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Distrito Judicial Norte, Jorge Armando Cazón, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que Freddy Josué Chocobar, juez de Paz de Aguaray, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación, como autor de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, por dos hechos.
La investigación del Fiscal se inició a partir de denuncias vinculadas a dinero correspondiente a cuotas alimentarias que era depositado en el Juzgado de Paz de Aguaray y no era entregado a sus beneficiarias.
Durante la audiencia, Chocobar reconoció ambos hechos. En uno de ellos admitió que una mujer concurrió al Juzgado de Paz para retirar $370 mil depositados en concepto de cuota alimentaria y que no le entregó ese dinero. También reconoció un segundo caso en el que otra beneficiaria tampoco recibió los fondos depositados con la misma finalidad.
Ante la inmunidad constitucional que alcanzaba a Chocobar por su condición de juez de Paz, el fiscal Jorge Armando Cazón impulsó el procedimiento para lograr su sometimiento a la jurisdicción penal y solicitó formalmente el allanamiento de esa inmunidad. El requerimiento fue concedido por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, que ejerce el control sobre los jueces de Paz de la provincia y dispuso, además, su suspensión provisoria en el cargo. De esta manera, la Fiscalía pudo avanzar con el proceso penal que culminó ahora con su condena.
Como parte del acuerdo, Chocobar deberá restituir a las víctimas un total de $690 mil. La primera cuota ya fue depositada y deberá completar los pagos restantes conforme a lo establecido.
Además, durante dos años deberá fijar residencia, someterse al cuidado del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados y abstenerse de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, así como de ejercer actos de amenaza o violencia física o psíquica contra ellas.
El acuerdo de juicio abreviado fue homologado por el juez del Tribunal de Juicio.

La Policía de Salta realizó diversos procedimientos, en los 14 distritos de prevención de la provincia, en el marco de los Operativos de Protección Ciudadana Integral, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y de seguridad.
Como resultado, 20 personas fueron demoradas tras detectarse que registraban pedidos de captura vigentes y también fueron clausuradas 9 fiestas clandestinas.
Tras la identificación y verificación de los requerimientos judiciales, las personas demoradas fueron puestas a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
Cabe destacar que la Policía de Salta reforzó la acción preventiva, en distintos puntos de la provincia, con operativos destinados a reforzar la seguridad y dar respuesta ante distintas situaciones detectadas durante los controles.

La fiscal penal interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán en feria, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 34 años, como autor de los delitos de amenazas (dos hechos), lesiones leves (dos hechos) y agresión con arma, en concurso real, en perjuicio de su hermana y de su padrastro.
Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó que se mantenga su detención.
De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el pasado 17 de julio, cuando el acusado se presentó en la vivienda familiar en aparente estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias. Tras responsabilizar a sus familiares por la rotura de su teléfono celular, habría intentado agredir a sus padres y golpear a su hermana, quien intervino para protegerlos. Como consecuencia, la mujer sufrió lesiones en el rostro que requirieron sutura. Además, el imputado presuntamente la intimidó con un machete y posteriormente le arrojó un ladrillo antes de retirarse del lugar profiriendo amenazas.
El segundo episodio se registró el 21 de julio, cuando el imputado regresó al domicilio pese a encontrarse vigente una medida judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. En esa oportunidad, exigió dinero a su madre y a su padrastro y, ante la negativa, habría atacado a este último con un objeto punzante y posteriormente le habría arrojado un ladrillo, provocándole diversas lesiones.
Horas más tarde volvió a presentarse en la vivienda y reiteró las amenazas contra los integrantes del grupo familiar, tras lo cual fue demorado por personal policial.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Miguel Angel Erazo, acusado como autor del delito de homicidio simple.
La primera jornada, presidida por la jueza de ese distrito, Norma Roxana Palomo, se desarrolló este martes 25 de agosto y, según lo previsto, el debate continuará los  días jueves 27 y viernes 28.
El hecho juzgado ocurrió el 19 de octubre de 2024 en calle Sarmiento, entre 20 de febrero y 16 de abril, de la localidad de Hipólito Yrigoyen. Según la acusación, en el contexto de una reunión en la que se habrían consumido bebidas alcohólicas y otras sustancias, se produjo una gresca entre el imputado y otro hombre.
La víctima sufrió una lesión con arma blanca, por lo que fue trasladada inicialmente al hospital local y posteriormente al de Orán, donde falleció.
Durante la investigación, el acusado fue individualizado a partir de las tareas realizadas por personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 25 años como autor de los delitos de evasión y amenazas en concurso real.
La jueza del distrito Centro, Paola Marocco, controló la legalidad del procedimiento y haciendo lugar a lo solicitado por la fiscal Sodero, dictó la prisión preventiva del imputado en consideración de sus antecedentes delictivos y la gravedad de lo sucedido.
El hombre de 25 años fue imputado oportunamente por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con antecedentes de otros hechos violentos en su contra.
Durante esa audiencia, se le concedió arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica y días atrás, su madre, quien había dado su caución personal, se comunicó al Sistema de Emergencias 911, informando que el imputado se había comportado agresivo, rompió el dispositivo y huyó.
Alertado el personal policial, lo detuvo luego en la zona este de la ciudad de Salta.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 55 años como presunto autor del delito de homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, por violencia de género y por ensañamiento.
El juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, controló la legalidad del procedimiento y luego de escuchar a las partes, hizo lugar a la solicitud de la fiscal Sodero Calvet y dictó la prisión preventiva en atención a la gravedad del hecho y para evitar los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Durante la audiencia, el imputado fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar.
Sodero Calvet y la auxiliar fiscal Florencia Díaz Galdeano, tras el reporte del hecho ocurrido este viernes 24, se constituyeron en el lugar para realizar una inspección ocular y coordinar las tareas desplegadas por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Asimismo, la Fiscal explicó que la calificación que se le imputa al sospechoso obedece a que se trata de un hecho «brutal», donde según constan en el informe preliminar de autopsia, la víctima recibió más de 40 heridas con un cuchillo de grandes dimensiones, que terminaron con su vida, en un contexto de absoluta violencia e indefensión.
Explicó además que los familiares de la víctima fueron asistidos, asesorados y contenidos por el Gabinete de Psicología del CIF y la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la UGAP.

El fiscal penal Nicolás Rodríguez López, interino en la Fiscalía Penal 1 de Metán, imputó de forma provisional a un hombre de 26 años como autor del delito de homicidio cuadruplemente calificado por la relación de pareja, por mediar violencia de género, por alevosía y por ensañamiento.
Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido, mientras se cumplen las medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El fiscal Rodríguez López señaló que durante la semana se recibirán testimonios en sede fiscal y que se analizarán las imágenes secuestradas de una cámara de seguridad particular, ubicada en la zona donde se habría producido la agresión.
Adelantó que para garantizar el avance de la investigación, solicitará en los próximos días la prisión preventiva del imputado para evitar los riesgos procesales de entorpecimiento y de fuga.

El fiscal penal 2 del Distrito Centro, Esteban Martearena, a través de la Delegación San Lorenzo, dirige la investigación por un hecho ocurrido el pasado martes por la noche en esa localidad, donde, por circunstancias que se investigan, se efectuaron disparos contra una vivienda.
El hecho ocurrió alrededor de las 23.45 y no se registraron personas lesionadas.
Tras escuchar las detonaciones, los ocupantes del inmueble dieron aviso al Sistema de Emergencias 911. Minutos después, personal policial acudió al lugar y realizó las primeras diligencias de rigor.
Por disposición de la Fiscalía, personal del Grupo Investigativo lleva adelante distintas diligencias para esclarecer el hecho, entre ellas el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas de prueba.
La investigación registra avances y continúa en pleno desarrollo. En esta etapa no se brindarán mayores precisiones, a fin de preservar el normal desarrollo de las diligencias en curso.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta y la Dirección General de Drogas Peligrosas, desarticuló una organización dedicada al narcotráfico tras una investigación de varios meses, desarrollada en un trabajo articulado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La causa fue dirigida por la Unidad Fiscal Federal y se enmarca en las acciones impulsadas por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien desde el inicio de su gestión destacó el compromiso de dar batalla al narcotráfico y fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales.
La investigación tuvo su primera intervención sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, donde efectivos de la Policía de Salta interceptaron una camioneta que transportaba más de 100 paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo. En el mismo procedimiento también fue interceptado otro vehículo vinculado a la investigación, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales que derivaron en diez allanamientos simultáneos en Salta Capital y Cerrillos.
Como resultado de la investigación se secuestraron más de 190 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de un millón y medio de dosis, además de alrededor de 10 millones de pesos, dólares estadounidenses, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Siete personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.
El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, y acompañado por el jefe y subjefe de Policía, Walter Osvaldo Toledo y Guido Enrique Burgos y el director General de Drogas Peligrosas Juan Contreras.
El procedimiento reafirma el compromiso del Gobierno provincial, a traves del Ministerio de Seguridad a cargo de Nicolás Avellaneda, en la lucha contra el narcotráfico, a través del trabajo permanente de la Policía de Salta y sus unidades especializadas.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó adelante cuatro procedimientos contra el microtráfico de estupefacientes en Capital, Cafayate y Valle de Lerma, como resultado de investigaciones iniciadas a partir de denuncias web.
Las tareas investigativas permitieron concretar once allanamientos, a partir de los cuales se logró la detención de once personas mayores de edad y se secuestraron 11.382 dosis de sustancias estupefacientes.
Además, durante los procedimientos, se secuestraron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos vinculados al fraccionamiento y un arma de fuego calibre .22, entre otros elementos de interés para las causas.
Los mismos se realizaron en los barrios Ceferino y El Milagro de Capital, en Cafayate, y en Cerrillos y La Merced, en el Valle de Lerma. Los mismos guardan relación con cuatro causas judiciales diferentes y permitieron desarticular distintos puntos de comercialización de estupefacientes.
De esta manera, el Ministerio de Seguridad, a través de la fuerza de seguridad provincial, profundiza sus acciones contra el microtráfico, dando respuesta a las denuncias ciudadanas y articulando acciones con el Ministerio Público Fiscal.

La Policía de Salta, a través de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un importante procedimiento, logrando desbaratar tres bocas de expendio de droga en el barrio San Benito.
Tras tareas de campo realizadas por los investigadores de la Dirección de Microtráfico, fueron allanados tres inmuebles en la zona sureste de la capital.
Por el hecho, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad y fueron secuestradas 291 dosis de droga, entre cocaína y marihuana, al igual que otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, tomó intervención tras el reporte del hallazgo de una mujer mayor de edad, sin vida en el interior de una casilla, en inmediaciones de barrio Juan Pablo II, zona norte de la ciudad de Salta.
Se dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar para realizar las tareas de rigor y de personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.
Según señaló el médico legal que concurrió al lugar, el deceso de la mujer se habría producido por asfixia por ahorcamiento y que no presentaba otros signos de violencia.
El fiscal Espilocín destacó que se dispuso un abordaje interdisciplinario para buscar establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.
Las actuaciones serán llevadas adelante por la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

La Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, distintos procedimientos en la vía pública y allanamientos por microtráfico de drogas en distintos barrios de la provincia.
En ese contexto, fueron detenidas personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y se incautaron 10.297 mil dosis de droga, que incluyen cocaína y marihuana, en barrios de Capital, Orán, Valle de Lerma, entre otros puntos de la provincia.
Cabe destacar que se desplegaron alrededor de 100 intervenciones policiales, vinculadas con controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911, entre otras.  
En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

La fiscal penal María Luján Sodero, junto a los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocin, integrantes de la Unidad Fiscal creada por Resolución de Procuración para investigar el doble homicidio de las ciudadanas francesas, mantuvieron una reunión por videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson.
Durante el encuentro se analizaron los resultados de los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia y se coordinaron nuevas acciones para el avance de la investigación que se desarrolla en Salta y la apertura de la misma en los Tribunales de Paris por la denuncia realizada por el señor Jean Michel Bouvier.
Asimismo, los integrantes de la Unidad Fiscal informaron a la magistrada francesa sobre el estado de las causas en las que se encuentra imputado personal policial por los delitos de falsedad ideológica y apremios ilegales, cuya investigación también quedó a cargo de esa Unidad por disposición del Procurador General.
La investigación continúa en el marco de la cooperación judicial internacional entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y las autoridades judiciales francesas, con el objetivo de profundizar el esclarecimiento del caso y coordinar las medidas que resulten necesarias en ambas jurisdicciones.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán en feria, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre de 40 años, luego de caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de esa ciudad.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, y fue trasladado al hospital local, donde falleció horas más tarde.
Inicialmente tomó intervención la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, y ante el fallecimiento, se giraron las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados.
Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar y de efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para relevar testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia, cuyo informe señala que el deceso se produjo por politraumatismo y TEC grave por caída de altura.
La fiscal Filtrín Cuezzo aseguró que se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.