La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, encabeza una investigación tras la muerte de una mujer de 65 años, luego de ser herida con un disparo de arma de fuego en la zona abdominal en un asalto ocurrido en Colonia Santa Rosa el pasado mes de junio.
Las tareas investigativas fueron encomendadas a la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y en el avance de las mismas, a través del análisis minucioso de cámaras de seguridad y otras diligencias realizadas, se pudo individualizar a vehículos en los que se movilizaban los sospechosos de participar en el hecho.
Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal Filtrín Cuezzo solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, órden de allanamiento y detención para los domicilios de las personas investigadas.
El pasado viernes 7 de agosto, los efectivos de la Unidad UGAP realizaron seis allanamientos, cinco en domicilios de esa jurisdicción y uno en la ciudad de Salta, donde se secuestraron dos vehículos que presuntamente participaron del hecho, armas cortas y largas, importante cantidad de municiones, celulares, dispositivos electrónicos, prendas de vestir tipo uniformes militares, y otros elementos de interés.
Se produjo también la detención de un hombre de 39 años, quien ya fue imputado como coautor del delito de homicidio en ocasión de robo.
Durante la jornada, se realizó un allanamiento en un domicilio de barrio Estación de la ciudad de Orán, donde se detuvo a un hombre mayor de edad como sospechoso de haber tenido participación en la comisión del ilícito y se secuestraron elementos de interés.
La fiscal Filtrín Cuezzo indicó que la audiencia de imputación se realizará este viernes y que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, en Unidad Fiscal, representaron al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que el abogado Santiago Pedroza fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita, estafas y usurpación de propiedad, mientras que Roberto Fernando López fue condenado como autor de los delitos de asociación ilícita y ejercicio ilegítimo de una actividad o profesión, en concurso real.
Ambos llegaron acusados de maniobras fraudulentas realizadas de manera organizada, vinculadas con la entrega y comercialización de terrenos ajenos ubicados en  zonas inundables e inhabitables, no apta para asentamientos.
La investigación permitió establecer que Pedroza cumplía un rol central dentro de esta asociación ilícita, mientras que López, utilizaba una identidad falsa y se hacía pasar por abogado para tomar contacto con los damnificados y facilitar las maniobras.
Luego de la confesión de los acusados y de la aceptación de los hechos atribuidos, el juez del Distrito Judicial Centro, Diego Rodríguez Pipino, homologó el acuerdo y condenó a Pedroza a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a cinco años de inhabilitación para el ejercicio profesional. Además, ordenó librar los oficios correspondientes a los organismos competentes para la toma de razón de la sentencia y dispuso que repare el daño ocasionado, estimado en más de 21 millones de pesos.
Por su parte, López fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, al cumplimiento de reglas de conducta y a reparar el daño ocasionado mediante el pago de 3 millones de pesos.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, distintos procedimientos vinculados al tráfico de drogas en distintos puntos de la provincia.
Durante los allanamientos, fueron detenidas personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y, además, se incautaron más de 200 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana en diferentes intervenciones policiales.
Cabe destacar que el trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Metán, entre otros. En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a tres hombres de 19, 21 y 26 años como coautores del delito de homicidio simple.
Durante la audiencia de imputación, fueron asistidos por defensa oficial y dos de ellos prestaron declaración. Desde la Fiscalía se solicitó que los tres permanezcan detenidos, mientras se cumplen diversas medidas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El hecho ocurrió el pasado domingo en el barrio La Pista de la localidad de Salvador Mazza, cuando la víctima, un hombre de 25 años, se encontraba reunida con un grupo de personas, con las que compartía bebidas alcohólicas.
En esas circunstancias se produjo una discusión y pelea, durante la cual el hombre fue lesionado con un arma blanca en la zona del tórax. Fue trasladado al hospital local y, debido a la gravedad de su estado, derivado al hospital de Tartagal, donde posteriormente falleció.
El fiscal Vega dispuso el trabajo de Criminalística en el lugar para realizar las tareas de rigor y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para cumplir con las tareas investigativas.
A partir del relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias, se logró individualizar a tres sospechosos de haber tenido participación en el hecho investigado.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, formuló acusación contra José Miguel Plaza como autor del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, calificado por conducir estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente y por conducir en exceso de velocidad de más de 30 km. por encima de la máxima permitida en perjuicio de un menor de edad, en concurso ideal del delito de lesiones culposas en accidente de tránsito calificadas or conducir estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente y por conducir en exceso de velocidad de más de 30 km. por encima de la máxima permitida en perjuicio de la madre del niño.
En el requerimiento, el fiscal López Soto expone las declaraciones testimoniales, la pericia accidentológica, los análisis de registros fílmicos, el informe de autopsia, análisis de historias clínicas, resultado de informes toxicológicos y otras pericias realizadas, elementos que —en conjunto— configuran el grado de convicción necesario para solicitar que la causa sea llevada a juicio.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 5 de abril de 2026, cuando una mujer cruzaba la avenida Hipólito Yrigoyen de la localidad de La Merced por la senda peatonal junto a su hijo, quien se desplazaba en bicicleta. En esas circunstancias ambos fueron embestidos por una camioneta conducida por el imputado.
Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad que ocasionaron su fallecimiento horas después, mientras que su madre resultó con diversas lesiones.
De acuerdo con la evidencia reunida, la Fiscalía sostiene que el conductor circulaba a aproximadamente 72,75 km/h en un sector donde la velocidad máxima permitida era de 30 km/h y que las víctimas atravesaban correctamente la calzada por la senda peatonal. La pericia concluyó además que, de haber respetado el límite de velocidad, el vehículo habría podido detenerse antes del punto de impacto, evitando el siniestro.
La acusación fiscal sostiene que la conducta atribuida al imputado reviste una mayor gravedad porque, al momento del siniestro, se encontraba legalmente inhabilitado para conducir por una sanción administrativa vigente, impuesta tras haber sido detectado meses antes conduciendo con 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre.
Concluida la investigación penal preparatoria, el fiscal López Soto solicitó la apertura de la etapa de juicio.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a un hombre de 22 años como autor del delito de homicidio simple.
En la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido, mientras se cumplen diversas diligencias dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
De acuerdo con la investigación preliminar, durante las primeras horas del domingo 12 se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública en la Comunidad Toba el Tuscal de Embarcación, con una lesión de arma blanca en uno de sus miembros inferiores.
Tras tomar intervención, el fiscal Vega dispuso el trabajo del personal de Criminalística y de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar la autopsia.
Las primeras tareas investigativas permitieron identificar al ahora imputado como el principal sospechoso. Según la hipótesis fiscal, el hecho se produjo en el contexto de una fiesta de cumpleaños, donde ambos hombres habrían mantenido una discusión que derivó en la agresión con arma blanca que provocó la muerte de la víctima.
 

En audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC)  imputó provisionalmente a  Héctor Raúl Vargas, exintendente de San Carlos, como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (tres hechos) y falsedad ideológica de documento público (dos hechos), todo en concurso real.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un abogado particular e hizo uso de su derecho a no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.
La investigación de la UDEC se inició a partir de denuncias realizadas entre 2023 y 2024, vinculadas con la administración de fondos públicos durante la gestión de Vargas al frente de la Municipalidad de San Carlos. La primera de ellas fue radicada en mayo de 2023 por un concejal de esa localidad, que denunció que, en julio de 2021, Vargas adquirió a nombre de la Municipalidad, por $15 millones, un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados, perteneciente a la matrícula 2608, sin contar con autorización del Concejo Deliberante. Señaló que, pese a los sucesivos pedidos de informes, la documentación relacionada con la operación fue remitida recién en abril de 2023.
De acuerdo con el análisis realizado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), por la venta de los lotes ingresaron $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para cancelar la compra del inmueble. Los peritos no encontraron registros que permitan determinar el destino de los $1.883.100 restantes. La investigación también estableció que la compra se habría realizado sin cumplir con el régimen de contrataciones y sin registrar todas las etapas presupuestarias correspondientes.
Respecto de la posterior venta de los lotes, se determinó que no se contó con la autorización exigida al Concejo Deliberante y que la Municipalidad no aportó los legajos individuales de los adquirentes ni un acto administrativo que estableciera los requisitos para su selección, evaluación y adjudicación.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó provisionalmente a Vargas por dos hechos de falsedad ideológica de documento público.
En dos resoluciones municipales firmadas por el exintendente se consignó que el loteo contaba con matrículas individuales, planos de calles, ochavas, espacios verdes e institucionales, aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Social y servicios o factibilidad para su provisión. Sin embargo, durante una inspección ocular, los investigadores observaron que el terreno se encontraba vacío, con una delimitación precaria de los lotes mediante palos y sin servicios de agua, luz ni cloacas.
Los informes requeridos a distintos organismos tampoco permitieron corroborar lo consignado en las resoluciones. Se estableció, entre otros, que una solicitud de factibilidad presentada ante EDESA había sido anulada por vencimiento del plazo; que no existían antecedentes de aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental y Social; y que tampoco se había presentado ante el COPAIPA un proyecto correspondiente al loteo.
Por otra parte, el 5 de diciembre de 2023 ingresó otra denuncia en contra del exintendente en la que se cuestionó el destino de fondos otorgados por Nación para un proyecto productivo destinado a 20 familias del paraje San Rafael. La documentación incorporada permitió establecer que la Municipalidad había recibido $9.482.369,75 en aportes no reintegrables, en el marco del Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), destinados a agricultores familiares de esa zona.
Según el análisis realizado, no fue posible reconstruir el destino de ese dinero, ya que no se encontraron órdenes de pago ni comprobantes que permitieran establecer cómo fueron utilizados los fondos. Además, el organismo nacional correspondiente informó que no constaban registros de una rendición de cuentas.
El 25 de marzo de 2024, María del Carmen Vargas, ya como intendenta de San Carlos, denunció que, al asumir en diciembre de 2023, no encontró en las cuentas bancarias ni en Tesorería el dinero correspondiente al loteo y que el terreno no contaba con luz, agua ni plano de organización. También aportó documentación vinculada con el proyecto productivo de San Rafael.
A partir del análisis de la documentación bancaria incorporada durante la investigación, surgió otro de los hechos por los que Vargas fue imputado.
El Gabinete de Delitos Económicos del CIF determinó que, en 18 oportunidades, el entonces intendente emitió cheques de pago diferido y retiró fondos de una cuenta corriente de la Municipalidad en distintas sucursales del Banco Macro, por un total de $64.449.000.

La Policía de Salta, a través de la División Motoristas de Emergencia Policial y efectivos de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa, realizó dos procedimientos en barrio La Gringa de Cerrillos y Santa Victoria de Capital.
En el contexto de patrullajes preventivos y tras identificar a dos masculinos, efectivos policiales detectaron que entre sus prendas de vestir transportaban envoltorios con sustancias estupefacientes. Posteriormente se dio intervención a personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes procedieron al secuestro de más de 400 dosis de marihuana.
Por el hecho, los hombres, de 20 y 25 años, quedaron a disposición de la Justicia e intervino la Unidad de Flagrancia.

La fiscal penal Claudia Carreras en feria, interina en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, encabeza una investigación por la muerte violenta de una mujer de 36 años, ocurrida este domingo.
Según consta en las primeras actuaciones, una mujer de 36 años fue llevada al hospital de Colonia Santa Rosa con una herida de arma de fuego y luego derivada al hospital de Orán, donde falleció por hemorragia aguda intraabdominal.
Por disposición de la fiscal Carreras, personal de Criminalística realizó las tareas de rigor en la vivienda de la víctima en barrio Las Palmeras de Colonia Santa Rosa y al personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF se le encomendaron las tareas investigativas.
Como sospechoso se detuvo a la pareja de la mujer, un hombre de 32 años, quien será imputado este lunes, luego del control de legalidad ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito.

La Policía de Salta realizó diversos procedimientos, en los 14 distritos de prevención de la provincia, en el marco de los Operativos de Protección Ciudadana Integral, con el objetivo de reforzar las tareas preventivas y de seguridad.
Como resultado, 20 personas fueron demoradas tras detectarse que registraban pedidos de captura vigentes y también fueron clausuradas 9 fiestas clandestinas.
Tras la identificación y verificación de los requerimientos judiciales, las personas demoradas fueron puestas a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.
Cabe destacar que la Policía de Salta reforzó la acción preventiva, en distintos puntos de la provincia, con operativos destinados a reforzar la seguridad y dar respuesta ante distintas situaciones detectadas durante los controles.

La fiscal penal interina en la Fiscalía Penal 3 de Orán en feria, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 34 años, como autor de los delitos de amenazas (dos hechos), lesiones leves (dos hechos) y agresión con arma, en concurso real, en perjuicio de su hermana y de su padrastro.
Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. La Fiscalía solicitó que se mantenga su detención.
De acuerdo con la investigación, el primer hecho ocurrió el pasado 17 de julio, cuando el acusado se presentó en la vivienda familiar en aparente estado de ebriedad y bajo los efectos de sustancias. Tras responsabilizar a sus familiares por la rotura de su teléfono celular, habría intentado agredir a sus padres y golpear a su hermana, quien intervino para protegerlos. Como consecuencia, la mujer sufrió lesiones en el rostro que requirieron sutura. Además, el imputado presuntamente la intimidó con un machete y posteriormente le arrojó un ladrillo antes de retirarse del lugar profiriendo amenazas.
El segundo episodio se registró el 21 de julio, cuando el imputado regresó al domicilio pese a encontrarse vigente una medida judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. En esa oportunidad, exigió dinero a su madre y a su padrastro y, ante la negativa, habría atacado a este último con un objeto punzante y posteriormente le habría arrojado un ladrillo, provocándole diversas lesiones.
Horas más tarde volvió a presentarse en la vivienda y reiteró las amenazas contra los integrantes del grupo familiar, tras lo cual fue demorado por personal policial.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 48 años, como autor de los delitos de amenazas (dos hechos) e incendio intencional, en concurso real.
Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa oficiaal y prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, que se ratifique su detención al considerar que subsisten riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Señaló que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas declaraciones testimoniales, informes periciales y la identificación de otra persona que podría haber tenido participación en los hechos. Además, destacó la gravedad del episodio, dado que el incendio se habría producido en un inmueble donde habitaban varias personas, generando un riesgo para su integridad.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer contra su exinquilino, a quien le alquilaba una habitación en un inmueble utilizado como inquilinato en la ciudad de Orán. Según expuso, decidió desalojarlo luego de que acumulara una deuda de alquiler y por los reiterados conflictos de convivencia que generaba junto a su pareja, situación que había motivado quejas de los demás ocupantes del lugar.
De acuerdo con la acusación, el 1 de julio pasado, cuando la propietaria le entregó las pertenencias que había dejado en la habitación tras el desalojo, el hombre reaccionó de manera agresiva, insultándola y amenazándola. Al día siguiente, la mujer recibió un llamado de su padre, quien le advirtió que el imputado lo había contactado para manifestarle que tanto él como su pareja podían hacerle daño si no recuperaba algunos objetos que decía haber perdido. Estas expresiones incrementaron el temor de la mujer por su seguridad.
Horas más tarde, al regresar a su domicilio, la denunciante encontró personal policial y de Bomberos trabajando para sofocar un incendio que se había iniciado en la vivienda, evitando que las llamas se propagaran al resto del inmueble, donde residían otros inquilinos.
La Fiscalía sostiene que el acusado habría adquirido combustible en una estación de servicio y posteriormente habría iniciado de manera intencional un incendio en la vivienda, causando daños en un aire acondicionado, un piano, cortinas, libros y otros bienes. La denunciante aportó a la investigación registros fílmicos que son analizados.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 25 años como autor de los delitos de evasión y amenazas en concurso real.
La jueza del distrito Centro, Paola Marocco, controló la legalidad del procedimiento y haciendo lugar a lo solicitado por la fiscal Sodero, dictó la prisión preventiva del imputado en consideración de sus antecedentes delictivos y la gravedad de lo sucedido.
El hombre de 25 años fue imputado oportunamente por el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en perjuicio de una mujer con la que mantenía una relación de pareja y con antecedentes de otros hechos violentos en su contra.
Durante esa audiencia, se le concedió arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica y días atrás, su madre, quien había dado su caución personal, se comunicó al Sistema de Emergencias 911, informando que el imputado se había comportado agresivo, rompió el dispositivo y huyó.
Alertado el personal policial, lo detuvo luego en la zona este de la ciudad de Salta.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) en feria, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 55 años como presunto autor del delito de homicidio triplemente calificado por la relación de pareja, por violencia de género y por ensañamiento.
El juez del distrito Centro, Antonio Pastrana, controló la legalidad del procedimiento y luego de escuchar a las partes, hizo lugar a la solicitud de la fiscal Sodero Calvet y dictó la prisión preventiva en atención a la gravedad del hecho y para evitar los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Durante la audiencia, el imputado fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar.
Sodero Calvet y la auxiliar fiscal Florencia Díaz Galdeano, tras el reporte del hecho ocurrido este viernes 24, se constituyeron en el lugar para realizar una inspección ocular y coordinar las tareas desplegadas por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Asimismo, la Fiscal explicó que la calificación que se le imputa al sospechoso obedece a que se trata de un hecho «brutal», donde según constan en el informe preliminar de autopsia, la víctima recibió más de 40 heridas con un cuchillo de grandes dimensiones, que terminaron con su vida, en un contexto de absoluta violencia e indefensión.
Explicó además que los familiares de la víctima fueron asistidos, asesorados y contenidos por el Gabinete de Psicología del CIF y la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la UGAP.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a cuatro responsables de la empresa Aguas del Norte como presuntos autores de los delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y de los deberes a su cargo, en perjuicio de dos operarios fallecidos, y de lesiones graves por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, en perjuicio de un tercer trabajador que sobrevivió al hecho. 
La imputación alcanza al jefe Operativo–Supervisor, a quien la Fiscalía atribuye haber omitido ejercer un control y una supervisión efectivos sobre la cuadrilla y tolerar prácticas de trabajo inseguras; al coordinador de Higiene y Seguridad y a la responsable del Área de Higiene y Seguridad, por no implementar ni controlar los protocolos para trabajos en espacios confinados, no garantizar la capacitación específica del personal ni asegurar la provisión de los elementos de protección y rescate exigidos; y al gerente Operativo del Interior Provincial, por presuntamente haber incumplido sus deberes de organización, dirección y control, al no garantizar la asignación de los recursos materiales y de seguridad necesarios para que las cuadrillas desarrollaran sus tareas en condiciones adecuadas.
La investigación se inició por el hecho ocurrido el 5 de mayo de 2026 en Rivadavia Banda Sur, cuando una cuadrilla de trabajadores realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal. Luego de reemplazar una bomba y advertir que persistía una obstrucción, tres operarios descendieron a una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad. Los tres se descompensaron tras ingresar al espacio confinado. Dos de ellos fallecieron y el tercero sufrió lesiones de gravedad. 
Las autopsias determinaron que ambas víctimas fallecieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que puede acumularse en espacios confinados como cámaras cloacales y provocar pérdida del conocimiento y la muerte en pocos segundos. 
Según la hipótesis de la Fiscalía, los trabajadores habrían ingresado al lugar sin los elementos de protección adecuados ni los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de tareas, tales como detectores de gases, equipos de respiración, arneses, líneas de vida y dispositivos de rescate. 
Asimismo, la investigación sostiene que no habrían recibido capacitación específica sobre los riesgos del trabajo en espacios confinados y que esta modalidad de trabajo era conocida dentro de la organización operativa. 
La fiscal Sofía Fuentes señaló que la atribución delictiva se fundamenta en el deber de garante que recae sobre quienes tenían responsabilidades en materia de seguridad e higiene laboral, prevención de riesgos, organización del trabajo y supervisión de las tareas, conforme a la normativa vigente. 

El fiscal penal 2 del Distrito Centro, Esteban Martearena, a través de la Delegación San Lorenzo, dirige la investigación por un hecho ocurrido el pasado martes por la noche en esa localidad, donde, por circunstancias que se investigan, se efectuaron disparos contra una vivienda.
El hecho ocurrió alrededor de las 23.45 y no se registraron personas lesionadas.
Tras escuchar las detonaciones, los ocupantes del inmueble dieron aviso al Sistema de Emergencias 911. Minutos después, personal policial acudió al lugar y realizó las primeras diligencias de rigor.
Por disposición de la Fiscalía, personal del Grupo Investigativo lleva adelante distintas diligencias para esclarecer el hecho, entre ellas el análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas de prueba.
La investigación registra avances y continúa en pleno desarrollo. En esta etapa no se brindarán mayores precisiones, a fin de preservar el normal desarrollo de las diligencias en curso.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta y la Dirección General de Drogas Peligrosas, desarticuló una organización dedicada al narcotráfico tras una investigación de varios meses, desarrollada en un trabajo articulado con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La causa fue dirigida por la Unidad Fiscal Federal y se enmarca en las acciones impulsadas por el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, quien desde el inicio de su gestión destacó el compromiso de dar batalla al narcotráfico y fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales.
La investigación tuvo su primera intervención sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del peaje Cabeza de Buey, donde efectivos de la Policía de Salta interceptaron una camioneta que transportaba más de 100 paquetes de cocaína ocultos en distintos sectores del vehículo. En el mismo procedimiento también fue interceptado otro vehículo vinculado a la investigación, lo que permitió avanzar con las medidas judiciales que derivaron en diez allanamientos simultáneos en Salta Capital y Cerrillos.
Como resultado de la investigación se secuestraron más de 190 kilogramos de cocaína, equivalentes a más de un millón y medio de dosis, además de alrededor de 10 millones de pesos, dólares estadounidenses, armas de fuego, vehículos, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Siete personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.
El operativo fue supervisado por el secretario de Seguridad, Juan Ignacio Vílchez, y acompañado por el jefe y subjefe de Policía, Walter Osvaldo Toledo y Guido Enrique Burgos y el director General de Drogas Peligrosas Juan Contreras.
El procedimiento reafirma el compromiso del Gobierno provincial, a traves del Ministerio de Seguridad a cargo de Nicolás Avellaneda, en la lucha contra el narcotráfico, a través del trabajo permanente de la Policía de Salta y sus unidades especializadas.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, imputó en audiencia de formalización de la investigación a un hombre por el delito de estafas reiteradas (cuatro hechos), en concurso real.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. A través de su defensa, solicitó que la causa sea remitida a mediación penal.
La intervención de UDEC se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año por mujeres que denunciaron haber sido engañadas mediante una supuesta oferta de trabajo para desempeñarse como secretarias en Ciudad Judicial.
Según la investigación, el acusado se presentaba como licenciado en Psicología, afirmaba que trabajaba en el Poder Judicial de Salta y que el organismo necesitaba cubrir un puesto, por lo que se ofrecía a gestionar el ingreso laboral de las postulantes. En ese contexto, les solicitaba dinero para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal para integrar un supuesto legajo.
Las denunciantes relataron que, tras entregar el dinero y la documentación solicitada, recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios preocupacionales. Finalmente, al consultar en Ciudad Judicial y otros organismos, advirtieron que el puesto ofrecido no existía y que la persona no se desempeñaba como profesional ni trabajaba en el Poder Judicial.
Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.
La fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas (cuatro hechos), en concurso real, al considerar que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial.

La Policía de Salta, a través de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un importante procedimiento, logrando desbaratar tres bocas de expendio de droga en el barrio San Benito.
Tras tareas de campo realizadas por los investigadores de la Dirección de Microtráfico, fueron allanados tres inmuebles en la zona sureste de la capital.
Por el hecho, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad y fueron secuestradas 291 dosis de droga, entre cocaína y marihuana, al igual que otros elementos de interés para la causa.
Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Daniel Espilocín, tomó intervención tras el reporte del hallazgo de una mujer mayor de edad, sin vida en el interior de una casilla, en inmediaciones de barrio Juan Pablo II, zona norte de la ciudad de Salta.
Se dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar para realizar las tareas de rigor y de personal de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.
Según señaló el médico legal que concurrió al lugar, el deceso de la mujer se habría producido por asfixia por ahorcamiento y que no presentaba otros signos de violencia.
El fiscal Espilocín destacó que se dispuso un abordaje interdisciplinario para buscar establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.
Las actuaciones serán llevadas adelante por la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet.

En representación de la Fiscalía Penal de Cafayate, el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix formalizó la imputación contra un hombre de 32 años, como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, previstos en el artículo 186 del Código Penal, en concurso real.
La investigación se inició a partir de dos incendios registrados el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 sobre un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en la matrícula catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque, en la ciudad de Cafayate. En ambos episodios debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores del predio.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la investigación se logró reunir un conjunto de elementos de convicción que permitieron atribuir provisoriamente la autoría de ambos hechos al imputado. Entre ellos se encuentran denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.º 6, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que habitualmente utilizaba, además de otras diligencias técnicas ordenadas por la Fiscalía.
La investigación también permitió establecer, siempre según la hipótesis fiscal, que el acusado frecuentaba habitualmente el sector donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con la utilización de esos terrenos. Asimismo, distintos testimonios incorporados al legajo refieren que el imputado habría reconocido su participación en el incendio ocurrido en mayo y manifestado su intención de volver a provocar otro en el mismo lugar, circunstancias que fueron consideradas junto al resto de las evidencias reunidas.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, que existen riesgos procesales y que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas relevamientos y recepción de testimonios. Por su parte, la defensa particular negó la participación del acusado en los hechos.
Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de imponer como medida de coerción la prohibición de mantener comunicación con cualquier persona vinculada a los hechos investigados.

La fiscal penal María Luján Sodero, junto a los fiscales Pablo Paz y Daniel Espilocin, integrantes de la Unidad Fiscal creada por Resolución de Procuración para investigar el doble homicidio de las ciudadanas francesas, mantuvieron una reunión por videoconferencia con la jueza de instrucción de París, Emmanuelle Robinson.
Durante el encuentro se analizaron los resultados de los estudios genéticos realizados en el laboratorio de la Gendarmería Nacional de Francia y se coordinaron nuevas acciones para el avance de la investigación que se desarrolla en Salta y la apertura de la misma en los Tribunales de Paris por la denuncia realizada por el señor Jean Michel Bouvier.
Asimismo, los integrantes de la Unidad Fiscal informaron a la magistrada francesa sobre el estado de las causas en las que se encuentra imputado personal policial por los delitos de falsedad ideológica y apremios ilegales, cuya investigación también quedó a cargo de esa Unidad por disposición del Procurador General.
La investigación continúa en el marco de la cooperación judicial internacional entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y las autoridades judiciales francesas, con el objetivo de profundizar el esclarecimiento del caso y coordinar las medidas que resulten necesarias en ambas jurisdicciones.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán en feria, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre de 40 años, luego de caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de esa ciudad.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, y fue trasladado al hospital local, donde falleció horas más tarde.
Inicialmente tomó intervención la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, y ante el fallecimiento, se giraron las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados.
Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar y de efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para relevar testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia, cuyo informe señala que el deceso se produjo por politraumatismo y TEC grave por caída de altura.
La fiscal Filtrín Cuezzo aseguró que se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa como coautores del delito de peculado, previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal.
Según la hipótesis fiscal, los acusados, aprovechando su condición de médicos del servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento médico estatal, habrían sustraído bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital para incorporarlos al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y obtenían un beneficio económico.
En la misma presentación, UDEC solicitó el sobreseimiento de las otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al concluir que no participaron del hecho investigado.
La intervención de la Fiscalía especializada en delitos económicos complejos se inició a partir de la denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud Pública advirtiera la posible presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada.
A partir de ello, la Fiscalía dispuso numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, el secuestro y posterior restitución judicial de los equipos al hospital, además de diversos informes técnicos y periciales.
En ese marco, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató la presencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los informados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.
Entre los fundamentos de la acusación, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta investigada habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento, al involucrar equipamiento destinado al Hospital Público Materno Infantil, además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, de la Policía de Salta, a través de la Dirección de Microtráfico, secuestraron 792 dosis de estupefacientes, en un procedimiento desarrollado en Barrio Ceferino, de Salta Capital. 
Además, detuvieron a una persona, mayor de edad e incautaron más de $410.000 en efectivo, dos balanzas grameras, 27 cartuchos de distintos calibres, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias y otros objetos de interés para la investigación.
A partir de una medida judicial, emanada de la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad, llevaron adelante un allanamiento en un inmueble ubicado sobre avenida Costanera y además detuvieron al investigado, en inmediaciones de las calles Ituzaingó y Carrión.
Por otra parte, durante el operativo, un efectivo policial resultó lesionado al ser agredido por personas que intentaron entorpecer el procedimiento. La situación fue controlada por la fuerza de seguridad provincial y se realizaron las actuaciones correspondientes.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó adelante una investigación por comercialización de estupefacientes en la zona sur de la Capital, tras un reporte anónimo efectuado mediante el sitio Denuncias Web.
En ese contexto, previamente se allanó una vivienda en barrio Solidaridad, lugar donde una mujer de 39 años fue detenida. Además, se incautaron 332 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.
Detuvieron a una mujer y secuestraron más de 300 dosis de droga en Capital
Con intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la detenida y los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate seguida contra tres hombres de 29, 31 y 39 años, acusados como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el imputado de 31 años también es juzgado en una causa acumulada por el delito de evasión.
Al reanudarse la audiencia de debate, se dio a los acusados la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que el Tribunal pase a deliberar.
Luego, los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, dieron a conocer el veredicto donde se condenó a Víctor y Gonzalo Salvatierra a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Se ordenó su alojamiento en la Unidad Carcelaria 3 de Orán y que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
Respecto del otro imputado, fue absuelto por el beneficio de la duda y se dispuso su inmediata libertad.
Cabe recordar que la fiscal Filtrín Cuezzo en sus alegatos sostuvo la acusación contra los tres imputados y solicitó la pena de prisión perpetua para todos, a lo que adhirió la querella.
El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado y con las manos atadas.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte violenta de un hombre de 27 años, reportada en una vivienda de barrio 9 de julio de esa ciudad, cuando en circunstancias que se investigan, resultó herido en la zona del cuello, aparentemente con un arma blanca.
Tras tomar conocimiento del hecho, se dispuso abordaje de la escena a cargo de personal de Criminalísta para realizar las tareas de rigor y la intervención de personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de campo, tales como relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad, entre otras.
Por el hecho se detuvo a un hombre de 23 años como sospechoso de haber tenido participación en el hecho, quien será imputado en las próximas horas.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizará la autopsia.
La fiscal Filtrín Cuezzo señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr establecer las circunstancias en que se produjo la muerte del hombre de 27 años.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 29 años, ocurrido en barrio Mataderos de la localidad de Santa Victoria Este.
Según consta en las actuaciones, un hombre se encontraba en la vereda de su domicilio, cuando fue sorprendido por una persona, quien lo lesionó con un arma blanca en la zona torácica, para luego huir.
La víctima, pudo acercarse a su domicilio y pedir ayuda. Fue trasladado al hospital local, donde falleció más tarde.
El fiscal Vega dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia.
Vega señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se trabaja intensivamente en individualizar a él o los responsables.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a un hombre de 36 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que continúe detenido, para evitar los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
Durante la madrugada de este sábado 4 de julio, en barrio 6 de enero de la ciudad de Orán, cuando el imputado transitaba peatonalmente, habría mantenido un entredicho con un hombre de 30 años y en esas circunstancias, le habría efectuado un disparo con un arma de fuego, causando su muerte.
Por disposición de la fiscal Filtrín Cuezzo, trabajó en el lugar personal de Criminalística realizando las tareas de rigor y se encomendaron las tareas investigativas a miembros de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, cuyo informe preliminar indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico por lesión cardíaca con arma de fuego.
Del relevamiento de testigos y otras medidas desplegadas, se individualizó a la persona sospechosa de haber realizado el disparo y se produjo su detención.
Filtrín Cuezzo señaló que desde la Fiscalía se dispusieron todas las medidas pertinentes, tendientes a esclarecer lo sucedido.