El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la delegación Las Lajitas, solicitó ante el Juzgado de Garantías de ese distrito, prisión preventiva para dos hombres de 29 y 39 años como coautores del delito de homicidio simple con dolo eventual previsto y reprimido en el artículo 79 del Código Penal.
La solicitud del fiscal Saravia se fundamente en los riesgos procesales de fuga y/o entorpercimiento de la investigación y en la gravedad del hecho investigado, a fin de asegurar la sujeción de los imputados al proceso y garantizar el desarrollo de la investigación.
El hecho ocurrió el pasado 15 de enero por la madrugada, sobre la ruta provincial 5, a la altura del kilómetro 65, cerca del paraje Las Víboras, departamento Anta.
En esas circunstancias, un colectivo que provenía desde la localidad de Bermejo hacia la provincia de Córdoba, transportaba diez pasajeros y dos choferes, volcó luego de que el conductor perdiera el control del rodado mientras circulaba por la zona.
Como consecuencia del siniestro vial, una pasajera falleció tras quedar atrapada debajo del vehículo, mientras que otros ocupantes sufrieron diversas lesiones.
Según la hipótesis fiscal, ambos choferes conocían que el colectivo presentaba fallas mecánicas en el sistema de frenos y de todas maneras habían decidido continuar con el viaje, evidenciando una conducta desaprensiva frente a las posibles consecuencias.

El fiscal penal de Anta, César Saravia, imputó a un hombre de 33 años por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y violencia de género, amenazas y desobediencia judicial.
El acusado quedó detenido luego de que, el pasado 8 de febrero, personal policial que realizaba patrullaje en el Camping Municipal de Las Lajitas escuchara gritos de auxilio provenientes de la Ruta Provincial 5. Al llegar al lugar, encontraron al hombre alterado y agresivo, intentando arrojar a su pareja sobre la cinta asfáltica con intención de causarle la muerte. Durante el procedimiento, también profirió amenazas de muerte hacia los policías.
La mujer, de 27 años, presentó contusión en el labio superior y signos de forcejeo, según el examen médico realizado en el hospital local Esperanza Burgos de Aguirre. Además, se constató la rotura de prendas de vestir, indicio del forcejeo sufrido durante el hecho.
La investigación se inició de oficio por la gravedad del hecho y el interés público en la persecución de delitos en contexto de violencia de género, en cumplimiento de la Ley Nacional N.º 26.485 y la Ley Provincial N.º 8226. El fiscal Saravia señaló que la intervención del Estado resultó necesaria para garantizar la integridad física de la víctima y proteger sus derechos, aun cuando la mujer no haya presentado denuncia formal.
Durante la investigación se realizaron inspección ocular del lugar, examen médico de la víctima, secuestro de prendas como evidencia y relevamiento de antecedentes del imputado, incluyendo denuncias previas.

La justicia investiga un hecho ocurrido en la ciudad de Joaquín V. González, en el que un hombre de 52 años, investigado en una causa por abuso sexual contra una menor, sufrió una descompensación en el marco de un incidente que habría ocurrido entre internos, mientras se encontraba alojado en la Comisaría Primera de esa localidad.
Como consecuencia de la situación, el hombre fue trasladado con vida al hospital local, donde recibió asistencia médica y aproximadamente una hora después falleció.
En el marco de la investigación, la Fiscal dispuso la documentación de la escena por parte de personal de Criminalística, la recepción de testimonios, el secuestro de elementos de interés y todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Asimismo, se ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Salta para la realización de la autopsia por parte del Servicio de Tanatología Forense del CIF.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, tomó intervención ante el reporte del fallecimiento de un hombre de 18 años, ocurrida en el hospital San Vicente de Paúl de esa ciudad.
De las primeras actuaciones realizadas, se pudo conocer que el jueves 26 de febrero, se desarrolló un allanamiento en la vivienda de un familiar de la víctima en la ciudad de Pichanal, en el marco de una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes. Cuando la persona detenida iba a ser trasladada, se habrían producido algunos incidentes entre vecinos y familiares con los efectivos intervinientes, entre los que se encontraba el fallecido.
El joven de 18 años se desvaneció en la vía pública, presuntamente herido en la zona torácica, y fue trasladado al hospital local y luego al de Orán, donde se produjo su deceso.
La fiscal Filtrín Cuezzo dio intervención a personal de la Unidad de Investigación UGAP del CIF y ordenó las medidas de rigor, tendientes a lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de esa ciudad, para realizar la autopsia, cuyo informe preliminar señala que el deceso se produjo por shock hipovolémico secundario con proyectil de arma de fuego.

El hecho se produjo en el Departamento Los Andes, localidad de San Antonio de los Cobres, en la zona aproximada del Campamento Providencia, Ruta Provincial 17. El hombre de 44 años, oriundo de la provincia de Mendoza, se desempeñaba como conductor para una empresa tercerizada.
Tras la realización de la autopsia dispuesta por la Fiscal, se informó que el deceso se produjo por un cuadro de muerte súbita, descartándose la intervención de terceros o la participación de algún animal.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, en feria, Sofía Cornejo, dirigió un procedimiento que culminó con la detención de un hombre investigado por el delito de grooming, en el marco de una causa iniciada a partir de la denuncia de la madre de una adolescente.
De acuerdo a lo denunciado, la mujer tomó conocimiento, a partir de una notificación realizada por autoridades del establecimiento educativo al que concurre su hija, de 13 años, de la existencia de intercambios inapropiados a través de una aplicación de mensajería, efectuados desde el teléfono celular de la menor.
Al acceder al dispositivo, con la colaboración de un familiar, advirtió una conversación mantenida con un número telefónico del exterior, sin datos identificatorios visibles, en la que se habrían compartido registros audiovisuales de carácter íntimo, cuya producción habría tenido lugar en el ámbito del domicilio familiar. Ante esta situación, decidió resguardar el equipo y ponerlo a disposición de la Justicia.
Como resultado de las tareas investigativas, se logró identificar al titular de la línea telefónica denunciada y, con autorización del Juzgado de Garantías N° 7, se dispusieron las medidas de allanamiento, registro, inspección, secuestro de evidencia y detención del sospechoso.
Los procedimientos se concretaron este miércoles 28 de enero en dos inmuebles: uno ubicado en barrio La Paz, en la ciudad de Salta, y otro correspondiente a una finca situada en inmediaciones del barrio Santa Rita II, en la localidad de Cerrillos, sobre Ruta Provincial N° 96.
Durante los allanamientos se dispuso el secuestro de dispositivos informáticos y tecnológicos, tales como teléfonos celulares, computadoras, soportes de almacenamiento y otros elementos que resultan de interés para la investigación. Asimismo, intervino personal técnico especializado, que realizó tareas de identificación, preservación y extracción inicial de datos digitales, atendiendo a la naturaleza volátil de este tipo de evidencia.
La fiscalía también solicitó la autorización judicial para el registro de los dispositivos secuestrados, la preservación de datos, el acceso a cuentas de redes sociales y servicios de almacenamiento en línea, así como las medidas necesarias para garantizar la integridad de la prueba digital.
Finalmente, se concretó la detención del sospechoso, mientras la investigación continúa en curso, con el análisis pericial de la evidencia secuestrada y la realización de nuevas diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho.
Las medidas fueron ejecutadas por personal de la División Trata de Personas de la Policía de Salta, bajo la coordinación de su jefatura y con la intervención directa de la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, imputó de forma provisional a Daniel Orlando Serapio, como autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género (femicidio), en perjuicio de Natalia Cruz, y de desobediencia judicial (tres hechos), en concurso real.
Durante la audiencia de imputación el acusado fue asistido por defensa particular y tras conocer los hechos endilgados, se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.
El hecho ocurrió el pasado 17 de febrero en una vivienda de Campo Quijano, donde Natalia Cruz resultó gravemente lesionada y falleció posteriormente en el hospital local.
Serapio, expareja de la mujer y sindicado como principal sospechoso, huyó del lugar y estuvo prófugo durante 11 días en la zona de precordillera y tras un exhaustivo operativo de búsqueda, fue localizado y detenido en inmediaciones de la Estación Diego de Almagro durante la noche del 27 de febrero.
Según pudo conocerse, dos investigadores de la Unidad de Investigación UGAP del CIF arribaron durante la tarde del viernes 27 a un puesto ubicado en la zona de interés. Ante la sospecha de que el acusado se encontraba en un sector elevado, iniciaron una caminata de aproximadamente dos horas hasta un segundo puesto, donde recabaron información antes de continuar el ascenso hacia una zona más alta.
Tras otras dos horas de recorrido, ya entrada la noche, llegaron a una vivienda precaria, donde hallaron indicios que los llevaron a proseguir la búsqueda hacia un sector aún más elevado y de muy difícil acceso.
Al llegar al lugar y percibir ruidos, los efectivos localizaron al acusado oculto en una de las cuevas. Tras un prolongado diálogo, lograron que desistiera de su intención de autolesionarse y se produjo su aprehensión.
Entre los elementos secuestrados en el lugar, se encontró una mochila con diversos objetos que serían de su uso personal.
Una vez aprehendido, los investigadores iniciaron una caminata nocturna de descenso junto a Serapio, hasta arribar durante la mañana del sábado 28 a la Estación Diego de Almagro, desde donde dieron aviso a las autoridades y solicitaron refuerzos.
Finalmente, la fiscal Sodero Calvet destacó que los abogados de la querella participaron de la audiencia de imputación y que familiares de la víctima estuvieron presentes en sede fiscal durante el acto procesal.

El fiscal penal interino de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que el juez Martín Fernando Pérez condenó a un hombre a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, tras hallarlo culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, en concurso real.
En el mismo fallo, el juez dispuso la revocación inmediata del arresto domiciliario con el que el condenado había llegado al juicio y ordenó que sea detenido y alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta, hasta su posterior traslado a la Unidad Carcelaria N.º 1, donde deberá cumplir la pena impuesta.
Durante el juicio, que se inició el martes pasado, el fiscal Martearena expuso las pruebas reunidas en la investigación penal, las cuales permitieron acreditar que el acusado —quien se desempeñaba como personal de seguridad privada de un local bailable de la calle Balcarce— abusó sexualmente de una mujer.
Entre los elementos probatorios, resultó determinante el cotejo de ADN, que permitió establecer la participación del acusado en el hecho.

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras presidió el acto por el CXXI aniversario de la creación de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta que se llevó a cabo en la base central ubicada en el barrio Scalabrini Ortiz. Participaron autoridades de la Policía de Salta, Secretaría de Seguridad, representantes del Ministerio Público Fiscal e invitados especiales.
Durante el acto se realizó una invocación religiosa y se entregaron reconocimientos especiales a efectivos con amplia trayectoria y a aquellos que se destacaron por su desempeño profesional durante el período 2025.
El Ministro de Seguridad resaltó el profesionalismo del personal, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional por su labor en causas complejas que permitieron desarticular bandas criminales con vínculos en otras provincias y países. En este sentido, informó que durante 2025 la DGI puso a disposición de la Justicia ordinaria a más de 1500 personas vinculadas a hechos delictivos, lo que representa un incremento de efectividad superior al 50 % en comparación con períodos anteriores.
Asimismo, indicó que los investigadores realizaron más de 1200 allanamientos, logrando recuperar dinero en efectivo, electrodomésticos, vehículos, teléfonos celulares, agroquímicos y otros elementos sustraídos.
“La efectividad del trabajo de los investigadores es el corazón de la seguridad. La prevención es fundamental, pero la investigación es la que hace cesar el delito, poniendo a los delincuentes ante la Justicia”, afirmó Solá Usandivaras.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que, del análisis de las tareas investigativas desplegadas hasta el momento, y ante la presunción de una activa colaboración y asistencia con el principal sospechoso del femicidio de una mujer de 37 años, ocurrido el pasado 17 de febrero en la localidad de Campo Quijano, solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, orden de detención para dos personas mayores de edad.
Los dos sospechosos fueron detenidos y serán imputados provisionalmente por el delito de encubrimiento agravado por vincularse a un delito particularmente grave.
La fiscal Sodero Calvet remarcó que el trabajo en la zona es intensivo, contando con una base operativa en Campo Quijano, donde a diario se constituye para coordinar las tareas de búsqueda y brindar constante información a los familiares de la víctima.
Se encuentran trabajando efectivos de la Unidad de Investigación UGAP del CIF, efectivos policiales de la jurisdicción y de todos los grupos especiales de la Policía de la Provincia, en particular de la División Canes.
Colaboran también en las tareas, efectivos de la Policía Federal, de la Policía de Catamarca con binomios de canes y Defensa Civil.
Destacó el trabajo que se encuentran realizando, tanto en horario diurno como nocturno, considerando la dificultades que deben afrontar por la geografía del lugar y las inclemencias climáticas imperantes.
Finalmente, la Fiscal invitó a las personas que puedan aportar datos ciertos sobre el paradero del sospechoso, a presentarse en la dependencia policial más próxima o comunicarse con el Sistema de Emergencias 911.

El Centro de Coordinación Operativa rediagramó los circuitos de patrullajes con motoristas y personal de Seguridad Urbana, a fin de fortalecer el trabajo territorial y combatir el accionar delictivo registrado en las últimas semanas en el sector.
Profesionales de áreas investigativas se sumaron a la logística para individualizar y detener a las personas que delinquen en la zona. Autoridades de la dependencia de la jurisdicción se reunieron con vecinos de los barrios mencionados, donde atendieron sus requerimientos vinculados al patrullaje en sectores considerados de riesgo. Al respecto, la directora del Distrito de Prevención 1, Gabriela Zapana, destacó que las modificaciones en el servicio se realizaron en respuesta a los aportes brindados por los residentes.
En la jornada de ayer, en medio del mega operativo de rastrillaje y búsqueda de delincuentes detuvieron al autor del robo en la carnicería El Corralito, ubicada en Zuviría al 2036.
El procedimiento se concretó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando patrullas de Seguridad Urbana del Centro de Coordinación Operativa lograron localizar al sospechoso en la vía pública, en la intersección de Florida y Juan C. Dávalos.
Asimismo, informó que durante la última semana se llevaron a cabo procedimientos con recuperación de elementos sustraídos en comercios. En relación a la problemática delictiva, señaló que en enero de 2026 se registraron menos delitos contra la propiedad en comparación con enero de 2025. No obstante, se reforzó el abordaje territorial de seguridad integral en los barrios específicos donde se produjeron robos y hurtos en el último mes.
Mayor patrullaje preventivo y trabajo de áreas investigativas en Vicente Solá y barrio El Pilar
En la jornada de ayer también se registraron demoras por hechos de violencia familiar, desorden en la vía pública y consumo de alcohol. Además, se labraron infracciones contravencionales, se identificaron personas y se realizaron controles vehiculares.
Ante cualquier situación de riesgo o la presencia de personas sospechosas merodeando en la vía pública, se solicita comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.

La fiscal penal de Pichanal, en feria, María Sofía Fuentes, imputó a dos hombres de 34 y 17 años, acusados provisionalmente del delito de robo agravado por ser cometido con armas, en poblado y en banda.
Durante la audiencia, los imputados fueron asistidos por defensa particular y dieron su versión del hecho, mientras que un hombre de 26 años continúa prófugo.
El hecho ocurrió el 19 de enero, alrededor de las 04:15, en la localidad de La Unión, cuando un grupo de personas ingresó a una vivienda. Los sospechosos redujeron al grupo familiar, incluyendo al esposo de la denunciante, Leopoldo Cuenca, intendente de Rivadavia Banda Sur, y a sus hijas menores.
Durante el hecho, los imputados amenazaron a los damnificados, revisaron todas las pertenencias y sustrajeron dinero en efectivo, una pistola, anillos, un dispositivo DVR, controles de portón electrónico y una camioneta, que luego fue abandonada. Portaban armas de fuego y mantenían el rostro cubierto.
El sábado 24 de enero, con la autorización judicial correspondiente, la fiscal Fuentes dirigió allanamientos en Pichanal y La Unión, logrando el secuestro de varios elementos, entre ellos un dispositivo DVR, ropa de grafa y celulares.
La investigación continúa a cargo de la Brigada de Investigaciones de Orán (DGI), mientras la Fiscal Fuentes solicitó a la jueza de Garantías que se inserte en el SIFCOP el pedido de detención del imputado prófugo.

Bajo la dirección de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF procedió al allanamiento de cuatro domicilios, al secuestro de documentación y a la detención de dos mujeres.
El operativo se realizó en el marco de  la investigación por presunta falsificación de certificados, que, según la denuncia del Ministerio de Educación, habrían sido utilizados para incrementar puntaje en concursos y procesos de designación de cargos. Los domicilios allanados se encuentran en Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación.
La intervención de la UDEC se inició el 17 de diciembre de 2025, con la denuncia del secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, quien informó que una auditoría interna había detectado una presunta maniobra masiva de incorporación de certificados apócrifos en los procesos de valoración docente.
Precisó que, de las 292 unidades educativas auditadas hasta ese momento, se habían detectado 291 inscripciones con certificados presuntamente apócrifos, 286 registros adulterados y 237 docentes involucrados. Además, expresó que se trataba de hechos de extrema gravedad, dado que se habían asignado cargos y puntajes con documentación inexistente y que las Juntas Calificadoras de Nivel Inicial, Primario y Secundario compartían una base de datos, lo que amplió el alcance del perjuicio.
Por disposición de la fiscal Salinas Odorisio, el 18 de diciembre personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF requirió documentación a la Secretaría de Gestión Educativa.
A partir de tareas de campo, entrecruzamiento de datos y análisis bancarios e informáticos, los investigadores determinaron que los docentes eran captados a través de la red social Facebook mediante perfiles denominados “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. A través de esos contactos, se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales como CEDSA o el Instituto Dr. Emilio Castro. Tras abonar sumas que oscilaban entre los $95.000 a $360.000, recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados.
El análisis de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en las bases oficiales. Se detectaron duplicaciones exactas, múltiples registros asociados a una misma persona y numeraciones inexistentes. Solo cinco casos coincidieron con registros válidos.
Roles y funcionamiento
A través del análisis de conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos y registros digitales, personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF logró individualizar a tres personas fundamentales en la organización. Los informes telefónicos permitieron establecer titularidades, equipos utilizados y localización de líneas, mientras que las pericias bancarias evidenciaron un flujo constante de transferencias entre dos mujeres y un hombre, con derivaciones casi inmediatas hacia este último.
Las tres personas investigadas actuaban una en el norte, otra en el sur provincial y un hombre en San Carlos de Bariloche. Una de ellas es una docente y preceptora de un colegio secundario de Joaquín V. González, con domicilio en Coronel Mollinedo, quien cumplía el rol de captación y nexo territorial en el distrito sur. Operaba bajo el contacto “Prof. Vende Diplomaturas”, ofrecía títulos sin cursado y con calificaciones asignadas, y recibía los pagos en cuentas a su nombre.
Otra mujer, con domicilio en Embarcación, actuaba como soporte y validación técnica en el distrito norte. Utilizaba el alias “Ana Guzmán” y un número con prefijo 11 para canalizar consultas y reforzar la apariencia de legitimidad. Su intervención estaba vinculada a la gestión administrativa del circuito y a movimientos de fondos relacionados con el principal receptor.
Por último, un hombre que operaba desde San Carlos de Bariloche sería el administrador digital y destinatario de parte del dinero.
La investigación determinó, hasta el momento, que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y 9 accedieron a horas cátedra tras presentar documentación apócrifa. En los chats incorporados a la causa, varios reconocieron que no cursaban ni rendían evaluaciones, sino que adquirían directamente el puntaje, con pleno conocimiento de la irregularidad.
Desde UDEC se informó que la investigación continúa respecto de los restantes certificados denunciados.
 

La fiscal penal Luján Sodero, de turno en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, informó que en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre de 37 años, ocurrido en barrio Santa Cecilia y que presentaba una herida de arma blanca en el pecho, se procedió a la detención de tres personas de 20, 24 y 25 años.
Por disposición de la Fiscalía, se activó una intervención integral del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, incluyendo la documentación de la escena, tareas investigativas y de campo, así como el examen cadavérico y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. El Departamento de Criminalística llevó a cabo el abordaje en el lugar del hecho mediante tomas fotográficas, planimetría y levantamiento de indicios. El examen cadavérico realizado en la escena confirmó la presencia de una herida compatible con arma blanca.
Personal de la Unidad de Investigación UGAP, dependiente del D.I.C., realizó tareas de campo, relevando testigos presenciales y cámaras de seguridad, lo que permitió la identificación de los detenidos.

El fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas en feria, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que se condenó a Alejandro Horacio Ortiz, de 49 años, por un siniestro vial ocurrido el 19 de junio de 2024, que resultó en la muerte de un hombre.
Con acuerdo de las partes, y habiendo reconocido el imputado su calidad de autor del delito de homicidio culposo agravado por la fuga y aceptada la pena convenida, la Jueza de Garantías Gabriela Romero lo condenó a tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación para la conducción de vehículos automotores por un término de cinco años.
El 18 de junio de 2024, Ortiz participó en reuniones con ingesta de alcohol en el domicilio de la víctima y en un bar hasta aproximadamente las 00:30 del día siguiente; posteriormente, conduciendo un vehículo utilitario, colisionó contra un contenedor ubicado sobre la Avenida Bélgica, lo que provocó lesiones graves en la cabeza de su acompañante, quien falleció en el acto, debido a la pérdida de masa encefálica; la investigación determinó que la conducción bajo los efectos del alcohol afectó sus reflejos y control del vehículo.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia multipropósito y flexible en la que dos mujeres y un hombre fueron condenados por el delito de comercialización de sustancias estupefacientes.
Tras el reconocimiento de los acusados, el juez Antonio Pastrana condenó a Soledad Pérez, conocida como “Negra Corazón”, a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo en calidad de autora; mientras que Selena Chocobar y Héctor Pérez recibieron penas de tres años de ejecución condicional, como partícipes secundarios de la comercialización de estupefacientes.
Los tres permanecían detenidos desde el 12 de enero pasado, cuando sus viviendas fueron allanadas en el marco de una investigación dirigida por UFINAR y ejecutada por el Grupo SINAR 1 de la Policía de Salta.
La intervención de la Fiscalía se inició a partir de múltiples denuncias radicadas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se señalaba que una mujer apodada “Negra Corazón” comercializaba estupefacientes en barrio Unión.
A lo largo de la investigación, vecinos que solicitaron mantener su identidad en reserva manifestaron que, como consecuencia de la venta de drogas, el consumo se había incrementado y, con ello, los robos, hurtos y hechos de violencia, lo que tornó al barrio en una zona insegura.
Tras reunir pruebas que acreditaban la actividad ilícita, desde UFINAR se solicitó al Juzgado de Garantías la orden de allanamiento de los domicilios vinculados a los investigados. Durante los procedimientos se secuestraron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Personal de la Unidad de Investigación UDEC realizó un registro en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología que la firma presta dentro de la Clínica del Centro – Red IMAC.
Durante la medida se constató la presencia de seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales, propiedad del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), que se encontraban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a lactantes internados.
Ante esa situación, y a fin de no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes, la fiscal Salinas Odorisio se comunicó de inmediato con la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, y de manera conjunta se dispuso no proceder al secuestro de los equipos, ordenándose en cambio su relevamiento, identificación y la designación de un depositario judicial, con las responsabilidades legales correspondientes, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento.
La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos de propiedad del nosocomio, así como de otros dispositivos que habían sido entregados bajo la figura de comodato.
En el marco de la investigación, se determinó que un médico de planta del Hospital Público Materno Infantil, que se desempeña en el área de Gestión de Neonatología, es socio fundador de la sociedad NEOFENIX S.R.L., cuyo objeto social incluye la realización de prácticas de neonatología y pediatría, y que desarrolla sus actividades en la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858.

El fiscal penal de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, interino en la Fiscalía Penal N.° 2 durante la feria judicial, solicitó al Juzgado de Garantías la fijación de audiencia de prisión preventiva para seis personas imputadas por el delito de robo en despoblado y en banda.
El requerimiento se fundamenta en la gravedad de los hechos atribuidos y en la necesidad de preservar el normal desarrollo del proceso, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación o de fuga, en el supuesto de que los imputados permanezcan en libertad. En ese marco, se aguarda la fijación de la audiencia correspondiente.
La causa se inició a partir de denuncias formuladas por propietarios de predios rurales de la jurisdicción, quienes dieron cuenta del ingreso no autorizado de personas a sus campos, la tala de árboles y la sustracción de madera, ocasionando perjuicios materiales.
Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas y de los elementos de convicción reunidos, la Fiscalía solicitó allanamientos, secuestros y detenciones respecto de 13 domicilios vinculados a los imputados. Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea, con un importante despliegue operativo de más de 240 efectivos, pertenecientes a distintas áreas, entre ellas GOPAR, Infantería, División Rural y Ambiental, Brigada de Investigaciones, junto a personal de dependencias de la jurisdicción y de Capital.
Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en la ciudad de Tartagal y en inmuebles situados sobre la ruta nacional 86, y culminaron con la detención de los imputados.

El fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional a un hombre de 34 años como autor del delito de tentativa de hurto (dos hechos) en concurso real, previsto en los artículos 162, 42 y 55 del Código Penal.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicita su prisión preventiva, en atención a sus antecedentes condenatorios.
Sucedió este fin de semana, cuando un hombre fue sorprendido intentando sustraer prendas de vestir de dos locales comerciales del microcentro de la ciudad de Salta. En uno de ellos, ubicado en calle Urquiza, simuló probarse prendas de vestir y ocultó mercadería en una mochila con intenciones de sustraerla. En el otro hecho, en una galería comercial situada sobre avenida San Martín, el imputado habría ingresado a un local, tomó una prenda de vestir infantil y la ocultó entre sus pertenencias, intentando retirarse sin abonarla.
En esta ocasión, fue retenido por la comerciante hasta la llegada del personal policial, que procedió a su demora y al secuestro de la prenda, posteriormente restituida a la damnificada.

La Policía de Salta realizó distintos procedimientos por droga con detenciones y secuestro de sustancia estupefaciente en localidades de la provincia.
En Campo Quijano, dos hombres de 21 y 19 años fueron detenidos ayer con más de 280 dosis de marihuana. Fueron detectados durante un patrullaje preventivo en inmediaciones al dique Las Lomitas.
En tanto, motoristas de Emergencia Policial en barrio San Carlos de Capital detectaron esta madrugada a un hombre de 23 años con alrededor de 70 dosis de marihuana. Fue detenido.
Se dio intervención a las Fiscalías Penales correspondientes de las jurisdicciones.
Cabe destacar que durante el periodo 2025, la Policía de Salta puso a disposición de la Justicia a 552 personas vinculadas a la venta de droga y secuestró más de 9 millones de dosis de sustancia estupefaciente en toda la provincia.

La Policía de Salta, por medio de la División Narcocriminal de Metán y la Dirección General de Seguridad Vial, realizó un importante procedimiento por drogas en un control vehicular sobre ruta provincial 5 en el acceso a la localidad de Lumbreras.
En ese marco, al fiscalizar el rodado se detectó más de 2 kilos de marihuana compactada en una mochila, lo que equivale a más de 8500 dosis de droga. Una mujer de 31 años fue detenida. Se secuestró la sustancia estupefaciente, entre otros elementos de interés para la causa.
La intervención se originó por una alerta ciudadana que permitió mediante tareas investigativas concretar el exitoso procedimiento.
Intervino la Fiscalía Penal 1 y la Sección Juzgado de Garantías 1.

Por expresas directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, la auxiliar Magalí Bava Cuggia representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 3, en la audiencia de juicio abreviado seguida contra un hombre de 30 años, acusado del delito de amenazas (dos hechos).
Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 23 de enero, cuando la damnificada regresaba  a su domicilio, ubicado en Villa Floresta, y se detuvo a dialogar con un vecino. En ese momento, el acusado, su hijo, pasó por el lugar, profiriéndole insultos.
Al llegar a su vivienda, la denunciante encontró al acusado en el interior del inmueble. Al advertir su presencia, el individuo salió al exterior, continuó con los insultos y la amenazó, mientras portaba un cuchillo en la cintura.
Luego y sin razón aparente, el hombre agredió físicamente y amenazó a su hermano, de 17 años.
Ante tal situación, una hermana del acusado llamó al Sistema de Emergencias 911. Personal policial se hizo presente en el lugar y, con autorización de la damnificada, procedió a la demora del individuo.
La madre del acusado manifestó que en el año 2023 ya había formulado denuncias contra su hijo por hechos de violencia, por lo que pesaban sobre él medidas cautelares que se encontraban vigentes.
Celebrada la audiencia y luego de recibir la confesión del acusado, el juez Antonio Pastrana dictó sentencia condenatoria y le impuso una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, imputó provisionalmente a un hombre de 18 años como autor del delito de amenazas agravadas por el uso de armas.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un defensor oficial e hizo uso de su derecho a no declarar ni a contestar preguntas de la Fiscalía.
El hombre fue detenido luego de ser denunciado por sus familiares, quienes aseguraron que se había presentado en la casa de su madre y que, tomando un cuchillo tipo sierrita, amenazó a su padre y a  su hermana con quitarles la vida.
Mientras avanza la investigación, la Fiscalía solicitó el mantenimiento de su detención.

El fiscal penal 1 en feria, Pablo Paz, imputó a un hombre por la presunta comisión de los delitos de hurto simple (once hechos), hurto simple en grado de tentativa (cuatro hechos), hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa, robo simple, robo simple en grado de tentativa y daños, en hechos ocurridos en distintos barrios de la zona oeste de la ciudad de Salta.
El acusado fue asistido por la defensa oficial e hizo uso de su derecho a no declarar.
La imputación se vincula con una serie de episodios ocurridos en los barrios Jesús María, Palermo, Palermo I, Palermo II, Villa Asunción, García Basalo, Palmerita, Grand Bourg y Las Magdalenas.
De acuerdo con la investigación, el accionar atribuido consistió en la sustracción de distintos elementos desde vehículos estacionados en la vía pública, domicilios particulares y locales comerciales. En algunos casos, las conductas se consumaron, mientras que en otros fueron frustradas por la intervención de vecinos, o por circunstancias ajenas a la voluntad del imputado. Parte de los bienes sustraídos fueron recuperados durante los procedimientos policiales.
La causa se sustenta en diversas medidas probatorias, entre ellas el análisis de registros fílmicos, declaraciones testimoniales y actuaciones policiales, que permitieron identificar al sospechoso y vincularlo con la investigación.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, recibió vista del Juzgado de Garantías 8 respecto de la entrega en el Tribunal de seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales por parte de la firma Neofenix SRL.
En ese marco, la fiscal Salinas Odorisio requirió la inmediata restitución -en carácter definitivo- de los equipos al Hospital Público Materno Infantil.
Cabe recordar que la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, había intimado a los socios de Neofenix SRL a que, en el plazo de cinco días, pusieran a disposición del Tribunal los seis equipos en cuestión, medida que fue cumplida el viernes pasado.
Los cuatro socios de la firma se encuentran imputados provisionalmente por el delito de peculado.

Un efectivo de la Policía de Salta, luego de realizar un relevamiento de redes sociales, advirtió la publicación de un video por parte de un medio de comunicación local, donde se observaba que en la intersección de las calles Los Infernales y Damián Torino, de Villa San Antonio, dos mujeres y cuatro hombres se enfrentaban a otro grupo de personas.
Las imágenes mostraban, además, que una de las mujeres portaba un arma de fuego, tipo revólver y tomaba posición para disparar.
A raíz de la noticia críminis, se abrió un informe policial y se procedió al análisis exhaustivo de las imágenes. Tras las constataciones efectuadas, se identificó a la acusada como la mujer que habría trasladado en su cintura un arma de fuego, la que habría manipulado a la vista de los vecinos que se encontraban en el lugar al momento del hecho, sin contar con el debido permiso de portación.
Tras la investigación realizada, se solicitó al Juzgado de Garantias 7 la orden de allanamiento para el domicilio donde reside la sospechosa. El operativo arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro del arma que la mujer entregó voluntariamente y que habría manipulado el día del hecho, además del secuestro de otros elementos de interés para la causa y la demora de la acusada.
Durante la audiencia de imputación, la acusada, acompañada de un abogado particular, se abstuvo de declarar.

El imputado conducía un automóvil y atropelló a un adulto y a una menor de edad, quien resultó con lesiones.
Tras el siniestro vial, el conductor intentó darse a la fuga, pero fue localizado y detenido en el barrio 20 de Junio.
En la dependencia policial se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo.
El fiscal Ruiz de los Llanos solicitó el mantenimiento de su detención, medida que deberá resolver el Juzgado de Garantías.

Investigadores de la División Investigación Narcocriminal del Valle de Lerma realizaron un importante procedimiento con incautación de droga, tras una alerta ciudadana sobre la presencia de bultos de dudosa procedencia en el barrio Parque La Cruz.
En el lugar se constató la presencia de 9 bolsas que contenían 11,610 kilos de marihuana equivalentes a 46440 dosis. Las pruebas e incautación se hicieron en presencia de testigos civiles bajo las directivas de la Fiscalía Federal de Salta.
Se encuentra en curso la investigación correspondiente.
Cabe destacar que durante el período 2025 la Policía de Salta incautó más de 9 millones de dosis de droga y detuvo a más de 520 personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas.

La justicia imputó provisionalmente a dos hombres de 49 y 35 años, como presuntos coautores del delito de homicidio simple, por un hecho ocurrido el 27 de enero, en un domicilio del barrio Sagrado Corazón de Jesús de esa ciudad.
De acuerdo a las actuaciones, alrededor de las 02:00, la víctima ingresó por sus propios medios al hospital local con una herida de arma blanca en el tórax. Pese a las tareas de reanimación realizadas por el personal médico, falleció minutos después, diagnosticándose shock hipovolémico como causa de muerte.
De las primeras medidas investigativas surgió que la víctima se encontraba en una vivienda junto a su hermano y un tercer hombre, donde habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas. En ese contexto, se habría producido una discusión entre las personas presentes, tras la cual la víctima resultó con una herida de arma blanca. Posteriormente, el herido se retiró del lugar y se dirigió caminando hasta el hospital, donde finalmente falleció.
En el marco de la investigación se secuestraron prendas de vestir con manchas hemáticas, un arma blanca y otros elementos de interés, y se incorporaron declaraciones testimoniales, informes policiales y el certificado de defunción.
Los imputados fueron asistidos por la Defensa Oficial y, durante la audiencia, optaron por no prestar declaración. Asimismo, desde la Fiscalía se solicitó la continuidad de la detención y se libró oficio al Juzgado de Garantías interviniente para que autorice la apertura y análisis del contenido de uno de los teléfonos celulares secuestrados.

El fiscal penal 2 interino en feria Esteban Martearena, imputó de forma provisional a un hombre acusado como autor de los delitos de robo calificado por efracción, en concurso real con robo simple en grado de tentativa, en el marco de dos hechos ocurridos durante la madrugada del 15 de enero en el microcentro de la ciudad de Salta.
El imputado fue asistido por la defensa oficial y se abstuvo de declarar. Debido a que cuenta con antecedentes penales, circunstancia considerada en esta etapa inicial, se solicitó el mantenimiento de su detención.
Según consta en las actuaciones preliminares, el primer episodio se produjo a primera hora de la madrugada, cuando el imputado habría intentado ingresar por la fuerza a un local de indumentaria, ubicado en calle Caseros al 300, forzando la puerta de acceso. 
Posteriormente, el mismo sujeto se habría presentado en un local gastronómico coreano situado en calle España al 400, donde violentó el vidrio lateral de ingreso, accedió al interior del comercio y se dirigió a la caja registradora, de donde sustrajo una suma aproximada de 50 mil pesos, retirándose de manera apresurada tras activarse la alarma del sistema de seguridad.
Las maniobras quedaron registradas en cámaras internas de los comercios, así como del Centro de Videovigilancia del 911. Del análisis de las filmaciones y del perfilamiento realizado por personal del Grupo Investigativo de la policía de la Provincia, se determinó que en ambos hechos habría intervenido la misma persona.