El fiscal penal de Rosario de la Frontera en feria, Oscar López Ibarra, investiga un hecho de amenazas y robo calificado ocurrido en una vivienda de la ciudad de Rosario de la Frontera.
En el marco de la causa, el fiscal López Ibarra dispuso una serie de medidas investigativas, entre ellas la intervención de la Brigada de Investigaciones, el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas que ya se encuentran bajo análisis, la inspección ocular y pericias en el lugar del hecho, la recepción de informes médicos, la individualización de posibles sospechosos, la toma de testimonios cuando las víctimas se encuentren en condiciones de declarar y todas aquellas diligencias que resulten necesarias para el esclarecimiento del hecho.

El hecho ocurrió en durante la mañana del pasado 7 de enero en la vía pública, sobre calle Samuel Quevedo al 1900 de la ciudad de Salta. Allí  se produjo una confrontación entre el imputado y la víctima, durante la cual el acusado habría utilizado un arma blanca para herirlo en la zona del pecho.
El  lesionado fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde ingresó sin signos vitales. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producido por una herida de arma blanca.
Tras el reporte del fallecimiento, el fiscal López Soto dio intervención a personal de Criminalística del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP, realizándose tareas de campo, entrevistas a testigos presenciales, secuestro del arma presuntamente utilizada y otras diligencias investigativas que permitirán esclarecer lo sucedido.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, intervino en una causa caratulada de manera provisional como tenencia y/o portación ilegítima de arma de fuego y hurto calificado, a partir de un procedimiento realizado durante la madrugada del 20 de diciembre, en el marco del Operativo “Fin de Año Seguro 2025”, cuando tres hombres fueron demorados al intentar cruzar hacia Bolivia por un paso clandestino, portando armas de fuego y desplazándose en motocicletas.
El hecho se registró alrededor de las 2:30, en inmediaciones del barrio San Martín, en un sector conocido como “El Pacará”, donde personal policial efectuaba controles de identificación. En ese contexto, se detuvo la marcha de dos motocicletas, ocupadas por un hombre de 20 años, de nacionalidad colombiana; un hombre de 19 años, de nacionalidad boliviana; y un tercer hombre de 21 años, de nacionalidad argentina, con domicilio en la ciudad de Tartagal.
Durante la requisa, se constató que los dos ciudadanos extranjeros portaban armas de fuego: uno de ellos llevaba una pistola calibre 9 mm con numeración limada y municiones, mientras que el otro tenía un revólver calibre 38 con cartuchos y vainas servidas.
En el transcurso del procedimiento policial, y mientras se llevaban a cabo las medidas de control y secuestro, dos de los involucrados realizaron manifestaciones de forma espontánea, sin mediar interrogatorio, en las que refirieron haber ingresado desde Bolivia con el objetivo de retirar motocicletas de presunto origen ilícito, señalando que el ciudadano argentino domiciliado en Tartagal cumpliría funciones de guía para el cruce fronterizo.
Al tomar conocimiento de lo ocurrido, desde la Fiscalía se dispuso de manera inmediata el secuestro de las dos motocicletas, los teléfonos celulares y el dinero en moneda nacional y extranjera. 
Asimismo, en atención a la gravedad de los hechos, el fiscal Cazón solicitó la correspondiente orden de detención de los tres hombres. Sin embargo, el juez de Garantías Fernando Mariscal Aztigueta resolvió denegar la medida, disponiendo únicamente la identificación simple de los acusados.
A posterior de lo resuelto judicialmente, se informó que los involucrados registran causas denunciadas en la ciudad de Tartagal, motivo por el cual el fiscal de Salvador Mazza derivó las actuaciones a la Fiscalía Penal de esa jurisdicción, a fin de garantizar la continuidad de la investigación.

* Imagen ilustrativa

El hecho ocurrió en la zona centro de la ciudad de Salta, cuando dos trabajadores se retiraban de cumplir su jornada laboral y, mientras se encontraban en la vía pública, fueron abordados por dos hombres, quienes les ofrecieron cuchillos a la venta. Ante la negativa de las víctimas, los sujetos habrían proferido amenazas, exhibiendo armas blancas y exigiendo dinero o comida.
Ante la negativa de los trabajadores, los acusados los habrían amenazado con armas blancas, exigiéndoles dinero y alimentos. Mediante intimidación, uno de los acusados se apoderó del teléfono celular del denunciante y realizó una transferencia de dinero, solicitando luego una suma mayor. Durante el hecho, uno de los damnificados sufrió lesiones leves.
Personal policial que realizaba patrullaje preventivo por la zona, intervino tras advertir la situación, logrando la demora de estos dos hombres de 22 y 26 años,  el secuestro de cuchillos tipo carnicero y la recuperación del teléfono celular sustraído.

El fiscal penal de Rosario de Lerma en feria, abrió decreto de imputación para 10 hombres mayores de edad por la supuesta comisión de los delitos de atentado a la autoridad doblemente agravado, lesiones doblemente agravadas, daños calificados, daños y robo en poblado y en banda, todo ello en concurso real, conforme a los artículos 238 incisos 2 y 4, 89, 92 en función del artículo 80 incisos 6 y 8, 184 inciso 1, 183, 167 inciso 2 y 55 del Código Penal.
La intervención de la Fiscalía es por un hechos ocurridos el pasado 21 de diciembre en barrio El Carmen de la ciudad de Rosario de Lerma, cuando personal policial de la jurisdicción, intervino ante denuncias por ruidos molestos y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Mientras se labraban actas contravencionales, algunos de los infractores se tornaron violentos y, con el apoyo de otras personas que salieron de viviendas cercanas, atacaron a los efectivos policiales, superándolos ampliamente en número.
Durante el ataque, los policías fueron golpeados con puños y patadas, se arrojaron elementos contundentes, se ocasionaron daños al móvil policial y a un vehículo particular, y se sustrajo el casquete policial que llevaba uno de los efectivos. Ante el arribo de refuerzos, los agresores se dispersaron y se dieron a la fuga.
En el avance de las tareas investigativas, se individualizó a 10 sospechosos de haber participado en el hecho y con la participación de personal de la Dirección General de Investigaciones, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los investigados, donde se secuestraron elementos de interés.
El fiscal señaló que la investigación continúa su curso y que hasta el momento, tres de los sospechosos ya fueron imputados y permanecen detenidos.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, para Tiago Benjamín Sare Resina, imputado como coautor del delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por la participación de un menor y en ocasión de un espectáculo deportivo y/o en sus inmediaciones, y como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo público y agravada por la participación de un menor y amenazas con arma de fuego, todo en concurso real.
Asimismo, el Fiscal solicitó la elevación a juicio de Fausto Ulises Cañizares y Juan Manuel González como coautores del delito de homicidio triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por la participación de un menor y en ocasión de un espectáculo deportivo y/o en sus inmediaciones y como autores del delito de portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo público y agravada por la participación de un menor, todo en concurso real.
En relación a un menor que tenía 17 años al momento del hecho, se requirió  juicio como coautor del delito de homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y en ocasión de un espectáculo deportivo y/o en sus inmediaciones y como autor del delito de portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo deportivo, todo en concurso real.
Para Ariel Rolando Cruz, el Fiscal requirió juicio como partícipe necesario del delito de amenzas con arma, mientras que para Jalil Nicolás Sare Resina como autor del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

La investigación inició a principios del mes de enero por la posible comisión de delitos contra la integridad sexual de un menor de edad a través de Internet.
Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, la fiscal Cornejo solicitó orden de allanamiento y detención para el domicilio del investigado.
Personal de la División de Ciberseguridad, realizó el allanamiento en la zona macrocentro de la ciudad, donde se detuvo al sospechoso y se secuestraron dispositivos de almacenamiento, tales como celular y computadora, que serán analizados.
El acusado se desempeña como funcionario en el ámbito de la Justicia provincial y ocupó cargos en la Administración Pública de la Provincia.

La fiscal penal Claudia Carreras, interina en la Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 26 años como autor del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa.
El juez en feria, Mario Maldonado, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó al cumplimiento de una pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva y ordenó el traslado y alojamiento del condenado en la Unidad Carcelaria de Orán.
En el mismo fallo dispuso que, una vez firme la condena, sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho investigado ocurrió el 22 de mayo pasado en el barrio Caballito de la ciudad de Orán, donde dos vecinos mantuvieron una pelea y uno de ellos fue lesionado en la zona torácica con un arma blanca.
Fue asistido y trasladado al hospital local, donde falleció a causa de un shock hipovolémico. En tanto, el sospechoso huyó y fue detenido posteriormente por personal de la Unidad de Investigación UGAP-Orán.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a cuatro profesionales médicos como coautores del delito de homicidio culposo.
El 20 de octubre pasado, un adolescente de 17 años falleció en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, luego de permanecer casi dos días con un cuadro de apendicitis aguda no diagnosticada ni tratada a tiempo, que derivó en una sepsis generalizada y una falla multiorgánica.
Según consta en la investigación, la primera atención se produjo el 18 de octubre por la mañana, cuando el joven fue diagnosticado con gastroenteritis, medicado y dado de alta, sin que se dejara constancia de su evolución en la historia clínica. Durante el transcurso del día, el cuadro se agravó y, por la tarde, regresó al hospital donde permaneció más de nueve horas en observación, con persistencia del dolor, vómitos y distensión abdominal.
Recién en la mañana del 19 de octubre se indicó la intervención quirúrgica, y la evaluación del cirujano de guardia se habría realizado con demora, considerando que el paciente presentaba un cuadro séptico avanzado.
Sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos, el menor fue llevado al quirófano y, cuando se realizaba la inducción anestésica, sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva. Pese a los intentos de reanimación falleció en la mañana del 20 de octubre.
El certificado de defunción indicó como causa de muerte, una falla multiorgánica por sepsis, originada en una apendicitis aguda no resuelta.
Del minucioso análisis de la denuncia presentada por el padre de la víctima, la historia clínica del menor, el certificado de defunción y los informes de autopsia e informes médicos del CIF, el fiscal Vega consideró que existen los elementos de convicción necesarios para imputar provisionalmente a dos médicos de guardia, a un anestesista y a un cirujano por el hecho.
Finalmente, el Fiscal destacó que la investigación continúa su curso y que se encuentran en cumplimiento todas las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.

La madre de la menor de 11 años denunció que el 2 de enero pasado, mientras conversaba con su hija, esta le contó que hacía dos meses su papá había abusado de ella, mientras se encontraba durmiendo.
La niña le dijo a su madre que no se lo habá contado antes por temor, y que el acusado le pidió que no revelara lo sucedido.
Luego de radicar la denuncia, la madre llevó a la menor al hospital para que la examinaran y le realizaran estudios, entre ellos un análisis de sangre, a través del cual se pudo conocer que cursaba un embarazo.
Luego de permanecer prófugo desde el día de la denuncia, el acusado fue detenido el 5 de enero pasado por personal de la Unidad de Investigación UDIS.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal González Miralpeix solicitó la prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías en feria.
 

Según consta en la denuncia, durante la noche del 1 de enero, una mujer de 55 años fue agredida por su esposo, quien la golpeó en el pómulo izquierdo con una botella de cerveza frente al domicilio que comparten. El hecho sucedió en Las Lajitas. 
Según señaló la víctima, no se trató de un episodio aislado, ya que antes habría sufrido agresiones físicas y psicológicas, además de amenazas de muerte de parte de su esposo.
La lesión fue constatada mediante examen médico, que certificó una contusión en la región malar izquierda.
Cuando personal policial demoró al acusado, se mostró agresivo y presentaba aliento etílico; también se secuestró la botella que habría usado en el ataque y se incorporaron testimonios, entre ellos el de la hija de la pareja.

El auxiliar fiscal Roque López Hinojo, por expresas directivas de la fiscal penal Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 3, en la audiencia de prisión preventiva seguida contra un hombre de 20 años, acusado de los delitos de desobediencia judicial (ocho hechos), hurto (siete hechos), robo y daños.
El imputado registraba, desde noviembre del 2024, numerosos ingresos en diferentes días y horarios al domicilio donde vive su madre en el barrio Los Paraísos, sin contar con su autorización y haciendo caso omiso de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar en diciembre de 2023.
Durante algunos de esos ingresos, el sujeto sustrajo diversos elementos en reiteradas oportunidades, tales como una  balanza, un cargador de celular, un nebulizador, un portatermo, útiles escolares, un termo, un alargador y una parrilla, entre otros objetos.
En enero pasado, el acusado, luego de saltar un alambrado y provocar daños en la puerta de ingreso de la vivienda de su madre, sustrajo dos colchas, una caja de cubiertos y un cargador de celular.
La imputación por el delito de daños corresponde a un hecho ocurrido en la madrugada del 23 de octubre pasado, cuando el acusado ingresó nuevamente al domicilio donde reside su madre y le solicitó dinero.
Ante la negativa de la damnificada, el sujeto se tornó agresivo y dañó la cajonera de un modular y la puerta de la vivienda. Además, propinó puntapiés a los bienes de propiedad de su progenitora.
El Juez Marcelo Pastrana, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de siete meses de prisión de cumplimiento condicional.
Además, le impuso al condenado el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por un período de dos años: someterse al cuidado del Programa de Inserción Social de Presos y Liberados de la provincia, prohibición de ejercer actos de violencia, prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los denunciantes, tratamiento psicológico, previa determinación de su necesidad por parte del Servicio de Psicología del Poder Judicial y consigna ambulatoria en el domicilio de la damnificada hasta nueva orden o botón antipánico.

El operativo se activó luego de que familiares del hombre solicitaron ayuda, al advertir que se había descompensado en una zona elevada de El Hueco, departamento de Rosario de Lerma.
Al descartarse la posibilidad de un rescate por vía terrestre, de diagramó el rescate aéreo.  Mientras, el equipo médico descendió hasta donde se encontraba el paciente, lo estabilizó en el lugar y luego lo trasladó en helicóptero hacia un centro de salud, donde quedó internado.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la víctima participaba de una reunión con consumo de bebidas alcohólicas en una vivienda del barrio Eva Perón. En ese contexto, mantuvo una pelea con otro de los asistentes, durante la cual resultó herido con un arma blanca y falleció en el lugar.
Tras el hecho, el sospechoso se dio a la fuga y fue detenido por personal policial en inmediaciones del paraje La Quena.
Por disposición del fiscal Medina, trabajó personal de Criminalística de la Policía en el lugar del hecho, se procedió al secuestro de las prendas de vestir del acusado y al traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar la autopsia.
Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal y la audiencia de imputación se realizará en sede fiscal, luego del control de legalidad, a cargo del Juzgado de Garantías  1 del distrito.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó de forma provisional a una mujer de 23 años como autora del delito de lesiones agravadas por el vínculo.
La audiencia de imputación se realizó de forma remota, con la intervención de un defensor oficial en representación de la acusada, quien se abstuvo de declarar.  Desde la Fiscalía se solicitó que la imputada permanezca detenida.
El hecho investigado ocurrió en el barrio Comunidad Gallardo de la ciudad de Embarcación, donde la acusada habría golpeado a su hija de seis años con un cable de cargador de teléfono celular, provocándole lesiones.
En el hospital San Roque de esa ciudad, un médico constató las lesiones y señaló que la niña presentaba numerosas escoriaciones severas, compatibles con golpes realizados con un cable, localizadas en la espalda, el rostro y la cabeza.
La madre de la niña fue detenida como sospechosa y quedó alojada en el Cuerpo Femenino de la Unidad Regional N.º 4 de Tartagal.
Desde la Fiscalía se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género, para garantizar la protección de los derechos de la menor, velar por su bienestar y que se realice un abordaje integral de la situación.

El adulto mayor fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en calle Catamarca al 500, y desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de Personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales en el lugar y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia, que permita determinar la causa y data del deceso.
Al personal de la Unidad de Investigación UGAP se le encomendaron las tareas investigativas de campo, tales como relevamiento de testigos, de cámaras de seguridad y otras que fueran pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.

Según pudo conocerse, dos hermanos mantuvieron una pelea previamente, donde intercambiaron golpes y en forma posterior, uno de ellos fue encontrado agonizando en su habitación. Al llegar personal del SAMEC, ya se encontraba sin vida. El suceso ocurrió en Bº Juan Manuel de Rosas, en la zona norte de la Ciudad. 
El informe preliminar de autopsia realizado en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico, causado por las lesiones internas sufridas.
El hermano con el que mantuvo la pelea, fue detenido y será imputado este viernes como autor del delito de homicidio simple.
El fiscal López Soto señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas de rigor, que permitirán esclarecer lo sucedido.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, informó que, en el marco de la investigación llevada adelante por la muerte de Javier Nicolás Saavedra, ocurrido en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, se pudo establecer que la misma se produjo por una lesión vascular grave autoinfligida en el pliegue del codo izquierdo, con un elemento cortante —una hoja metálica— que fue secuestrada oportunamente.
El hecho ocurrió el 15 de septiembre pasado, en horas de la tarde, cuando el interno Javier Nicolás Saavedra, fue hallado gravemente lesionado en el baño del pabellón D 1 de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, con cortes en el antebrazo izquierdo.
La situación fue advertida mientras los detenidos se encontraban en el horario de recreación. Uno de los internos, (G. E. O.), fue quien encontró a Saavedra en el sector de baños y dio aviso al personal del Servicio Penitenciario, que actuó de forma urgente, trasladándolo primero al sector de Sanidad de la Alcaidía y luego al hospital Señor del Milagro, donde ingresó sin signos vitales.
La investigación integral realizada incluyó la recepción de declaraciones de internos y de personal penitenciario, el relevamiento de cámaras de seguridad, la autopsia, y pericias médicas, criminalísticas y toxicológicas.
El informe de la autopsia, realizada por personal médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y por un perito de parte designado por la familia, concluyó que la muerte se produjo por shock hipovolémico causado por una lesión vascular grave autoinfligida en el pliegue del codo izquierdo.
En tanto, los estudios toxicológicos realizados descartaron la presencia de alcohol o de drogas.
También se consignó que existían antecedentes de inestabilidad emocional del interno, quien había protagonizado episodios previos de ingesta de pastillas y manifestaciones de angustia vinculadas a su situación judicial.

La Justicia tomó intervención ante la denuncia radicada por una mujer mayor de edad, quien manifestó que el 28 de diciembre pasado, una vecina de barrio Ceferino de la ciudad de Salta, tomó contacto con ella para darle a conocer que dentro de una morcilla que había comprado en una carnicería de la zona, encontró restos de un animal, y que sospechaba que pertenecían a un felino.
Al día siguiente, la denunciante consultó con dos veterinarios, y ambos le confirmaron que los restos pertenecían a partes de un felino.
La mujer precisó que el local investigado, se encuentra ubicado en calle Rodrigo Pereyra al 1800, funciona hace seis años y se promociona como “venta de embutidos”.
Del informe requerido por la Fiscalía, surgió que el negocio es de propiedad de la mujer acusada.
Con el fin de recoger elementos probatorios de interés para la causa, el fiscal Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria, que se libre orden de allanamiento y secuestro para el domicilio investigado, dada la gravedad, reiterancia y urgencia del hecho investigado.
El operativo se realizó el pasado viernes 9 de enero en el local denunciado, donde se procedió a la identificación de la propietaria de la carnicería y al secuestro de elementos de interés para la causa.
Personal de Bromatología, procedió a la inspección del lugar, donde encontró embutidos, partes de carne y productos alimenticios de dudosa procedencia y en mal estado de conservación., sin refrigeración adecuada y en mal estado de salubridad para la venta y consumo.
Desde la Fiscalía se dispuso que personal de Bromatología realice el levantamiento de muestras para posterior análisis de los alimentos elaborados, se realice el secuestro de los embutidos y se solicite su decomiso, conforme lo disponen la Ordenanza N° 15292 y la Ley N° 18284 de Código Alimentario Argentino.
De los cuatro tipos de productos alimentarios secuestrados, se tomaron tres muestras de cada uno (queso de cerdo, chorizo, chorizo tipo butifarra y morcilla) para ser analizados.
Además, se labró acta de comprobación por infracción por incumplimiento ante la falta de habilitación comercial, falta de permiso para manipulación alimentos (carnet), incumplimiento a la Ley N° 18284, a sus artículos 21 y 28, productos sin refrigeración y mala conservación de alimentos.
El operativo fue realizado de manera conjunta entre el Ministerio Público Fiscal, profesionales de la Municipalidad de Salta y del Gobierno de la Provincia, a los fines de proceder al análisis de las muestras, dada la naturaleza del delito investigado y las posibles consecuencias para la salud pública.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados en feria, Santiago López Soto, investiga las circunstancias en las que un hombre de 25 años fue herido y trasladado por vecinos al hospital Papa Francisco y falleció.
López Soto dispuso el trabajo de personal de Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en el lugar y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para realizar la autopsia.
Efectivos policiales identificaron a tres personas mayores de edad, una de ellas mujer, como sospechosos de haber tenido participación en el hecho y con orden del Juzgado de Garantías en feria, se produjo su detención.
La audiencia de imputación de los sospechosos se realizará este viernes en sede fiscal.
El Fiscal señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes a cargo de la Unidad de Investigación UGAP, para lograr el esclarecimiento del hecho.
 

El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, en el marco de una causa por usurpación y amenazas, solicitó la medida judicial que derivó en el desalojo y restitución de un inmueble, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial del Norte – Tartagal.
La resolución fue dictada por el juez Héctor Fernando Mariscal Astigueta y se ejecutó en un predio ubicado en el barrio Ferroviario, zona oeste de la Finca Sauzal del Itaguazú, con una superficie aproximada de siete hectáreas, correspondiente a los lotes N° 3 y 4, restituyéndose el bien a su titular registral.
De acuerdo a la investigación, en el lugar se encontraban alrededor de 120 personas, quienes manifestaron integrar aproximadamente 80 familias. 
El procedimiento se inició a las seis de la mañana, con intervención de la Policía de la Provincia, que dio lectura a la orden judicial y avanzó en el despeje del predio sin registrarse incidentes, ya que una parte significativa de los ocupantes se retiró de manera voluntaria, desmontando estructuras precarias y trasladando sus pertenencias con medios propios y con el apoyo logístico de la Municipalidad de Salvador Mazza.
En la ejecución de las medidas, se dio  intervención previa a organismos de protección de derechos, como el área de Bienestar Social municipal, la Asesoría de Incapaces y otros organismos competentes, en cumplimiento del principio del interés superior del niño, conforme la normativa vigente y los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.
El operativo contó además con la colaboración de bomberos voluntarios y personal municipal, y finalizó cerca del mediodía, sin que se registraran personas lesionadas ni hechos de violencia.
Por disposición del fiscal Cazón, se implantó una consigna policial fija en el lugar, a fin de resguardar el inmueble hasta que el propietario concrete su cierre definitivo y prevenir nuevas ocupaciones.

El hecho ocurrió el lunes 15 de diciembre pasado, por la mañana, cuando en un sector conocido como “el fondo del barrio 135 Viviendas”, en la ciudad de General Güemes, produjo una gresca en la vía pública. En ese contexto, un hombre de 23 años, fue atacado por tres hombres, quienes le propinaron golpes de puño y reiteradas patadas en la cabeza, aprovechándose de su estado de indefensión tras caer al suelo.
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y debió ser intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, y se pudo establecer que corrió riesgo de vida.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía realizó un importante procedimiento con detenidos por venta de droga en la Capital. La investigación inició por reportes de vecinos al sitio Denuncias Web.
En ese marco, allanaron un inmueble en barrio Municipal que funcionaba como punto de comercialización de estupefacientes. Detuvieron a dos mujeres y un hombre mayores de edad.
Se secuestraron más de 1100 dosis de cocaína, un arma de aire comprimido, entre otros elementos de interés para la causa.
El operativo contó con policías de la División Investigativa Narcocriminal de Capital Sur, las Secciones Investigativas Narcocriminal 3, 4 y 5, personal de Infantería, entre otras áreas operativas.
Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 5.
Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas, entre otro tipo de delitos, ingresando a la página www.denunciasweb.gob.ar/droga.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa, imputó de forma provisional a una mujer de 26 años por la presunta comisión del delito de robo, en una causa iniciada a partir de la denuncia de un vecino del barrio Sagrado Corazón.
El denunciante manifestó que, mientras se encontraba fuera de la provincia por motivos personales, tomó conocimiento de que su expareja había ingresado sin autorización al inquilinato donde reside. Según consta en el acta, la mujer habría forzado la puerta de acceso y, una vez en el interior, sustrajo su motocicleta, retirándola del lugar.
A partir de la denuncia, personal policial y la delegación fiscal realizaron un relevamiento de testigos, obtuvieron testimonios coincidentes y efectuaron diversas tareas de investigación que permitieron identificar a la sospechosa. Frente a las evidencias reunidas y al avance de las actuaciones, la mujer decidió hacer entrega voluntaria del rodado.

Los fiscales penales de Orán, Claudia Carreras y Carlos Salinas, en Unidad Fiscal, informaron que como resultado del amplio operativo de búsqueda de la niña de 6 años, quien faltaba a su hogar en el paraje Las Vertientes, localidad de La Unión, fue encontrada en el paraje El Totoral durante la tarde de este domingo.
Cabe destacar que el fiscal Salinas se constituyó durante las primeras horas de la búsqueda en el domicilio de la niña y tras su hallazgo, de desplazó al lugar, para supervisar la situación, el bienestar de la menor y que luego de que profesionales médicos constaten su estado de salud, sea restituida a su hogar.
Participaron de las tareas de búsqueda y rastrillajes, baqueanos, familiares, guardabosques, Policías del Distrito de Prevención 8, de la Rural y Ambiental, Bomberos, de Lacustre y Fluvial, Canes, Investigaciones, Infantería y áreas municipales. Se realizaron en grupos y por sectores en los parajes Las Vertientes, Viñalar, Retiro, Santa Rosa, El Totoral, y zonas aledañas.

El fiscal penal 4, Facundo Ruiz de los Llanos, imputó provisionalmente a un hombre de 26 años, por la presunta comisión del delito de robo calificado por el uso de arma.
En la mañana del 20 de julio de 2024, el acusado, junto a otro individuo, habrían interceptado a un hombre que se dirigía a su lugar de trabajo en la bajada del puente de avenida Tavella y calle De Padilla.
Al exigirle la entrega de su teléfono celular y sujetarlo del cuello, el damnificado se resistió, momento en el que ambos comenzaron a agredirlo con golpes de puño y patadas.
En ese contexto, el acusado habría extraído un cuchillo tipo “sierrita” y realizado varias estocadas dirigidas al torso, que no lograron impactar en el cuerpo del damnificado y alcanzaron únicamente su vestimenta.
Posteriormente, lo habrían arrojado al suelo, para continuar agrediéndolo con patadas y, finalmente, le habrían sustraído el teléfono celular y la billetera, para darse a la fuga.
Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Ruiz de los Llanos solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva, atento a los antecedentes condenatorios que registra y el inminente peligro de fuga.

La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, investiga una denuncia por abuso sexual contra una niña de once años.
La intervención de la Fiscalía se inició el 17 de noviembre, cuando una mujer denunció al padre de su hija por habérsela llevado, alegando que la menor presentaba un embarazo. Al ser consultada por la edad, la denunciante informó que la niña tenía once años y que desconocía quién era el progenitor.
De inmediato, la fiscal Martínez ordenó citar al padre de la menor y dispuso que la niña fuera examinada por una médica del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. En su declaración, el hombre afirmó que su hija cursaba un embarazo, que recibía atención en el Hospital Juan Domingo Perón y que la niña mantenía una relación —según él, consentida— con un sobrino de su actual pareja.
La fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno la detención del joven de 19 años. El 27 de noviembre se hizo lugar al pedido, pero el imputado no fue localizado, por lo que se libró la orden de captura.
Paralelamente, la Fiscalía dio intervención urgente a la Asesoría General de Incapaces, a la Secretaría de Primera Infancia para la asistencia integral de la niña, a la Secretaría de Asuntos Indígenas -dado que pertenece a una comunidad originaria- y a la Defensoría de Violencia Familiar y de Género.
Se informó a los progenitores que la menor debía prestar declaración ante especialistas en Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) el 11 de diciembre, pero no compareció. La Fiscalía dispuso su búsqueda, sin resultados en los domicilios materno y paterno —ubicados en parajes alejados, de difícil acceso y distantes entre sí—, sin resultados, por lo que se fijó una nueva cita.
Finalmente, desde el hospital informaron a la Fiscalía que la niña, que a principios de mes cumplió los 12 años, asistió a un control prenatal, donde se le informó sobre su derecho a interrumpir el embarazo, manifestando que no era su elección hacerlo.

Con un importante despliegue de más de 240 efectivos de distinas áreas, como GOPAR, Infantería, de la División Rural y Ambiental, de la Brigada de Investigaciones y de las dependencias de la jurisdicción y de Capital, se allanaron de forma simultánea, los domicilios ubicados en la ciudad de Tartagal y otros sobre la ruta 86.
Como resultado del operativo, se detuvo a 7 personas mayores de edad y se secuestraron 13 motosierras, 5 tractores, 5 acoplados, 2 camiones, 2 camionetas, 5 motocicletas, una considerable suma de dinero en pesos y dólares, armas de fuego y otros elementos de interés para la investigación.
El fiscal Medina solicitó ante el Juzgado de Garantías en feria la detención de los sospechosos y señaló que se fijó para el próximo lunes la audiencia de imputación por el delito de robo en despoblado y en banda.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a un hombre mayor de edad como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por la participación de un menor.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que el imputado permanezca detenido, mientras se cumplen diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El hecho ocurrió el 19 de diciembre por la tarde, en una cancha de ruta nacional 34, en Misión Wichi, General Mosconi, cuando por circunstancias que se investigan, un hombre fue abordado por dos personas, quienes lo golpearon con puños, patadas y usando un elemento contundente tipo hierro, provocándole lesiones de gravedad en la región torácica.
El lesionado permanece hospitalizado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y con pronóstico reservado.
Personal de la Unidad de Investigación UGAP Tartagal identificó como sospechosos a un hombre mayor de edad y a un menor. El sospechoso mayor fue detenido al presentarse a una depedencia policial y, según señaló el fiscal Vega, la investigación continúa en trámite.
 

Efectivos de Seguridad Urbana de la Policía de Salta demoraron a un hombre de 36 años por el robo, bajo amenazas con arma blanca, a una joven que se encontraba en la parada de colectivos en barrio Vélez Sarsfield.
Con las características aportadas, se logró ubicar e identificar al sospechoso en calle Catamarca e Independencia.
Se recuperaron los elementos sustraídos y se secuestró un serrucho.
Intervino la Fiscalía Penal 5.