La Policía, por medio de la Dirección General de Drogas Peligrosas, detuvo a tres hombres y una mujer mayores de edad en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes en barrios de Joaquín V. González.
El trabajo se inició por reportes de vecinos al sitio de Denuncias Web.
En ese contexto, los investigadores de la División Investigación contra la Narcocriminalidad de Joaquín V. González irrumpieron en ocho domicilios de la localidad. Secuestraron armas, dinero en efectivo, una camioneta, balanzas, celulares, entre otros elementos de interés para la causa.
Se incautaron 10.187 dosis entre marihuana y cocaína.
Intervinieron la Fiscalía Penal de Joaquín V. González y el Juzgado de Garantías 1.
Cabe destacar que Denuncias Web es una plataforma anónima y segura mediante la cual los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas y otros delitos ingresando a www.denunciasweb.gob.ar. 

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, en turno, informó que tras los primeros relevamientos de testigos y de cámaras de seguridad, personal de la Unidad UGAP del Departamento de Criminología del CIF detuvo a dos hombres mayores de edad, quienes se presume que tuvieron alguna participación en el hecho investigado.
Recordó que el cuerpo del hombre de 28 años fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar la autopsia y que se encuentran en cumplimiento numerosas medidas tendientes a esclarecer lo sucedido.
La formalización de la investigación penal preparatoria de las dos personas detenidas se realizará en las próximas horas.

Salvador Mazza: dos detenidos y un hombre muerto
El segundo caso ocurrió en barrio Alto Verde, donde un hombre resultó herido con un arma blanca durante una pelea y murió poco después en el hospital. La autopsia preliminar determinó que falleció por shock hipovolémico. 
Por ese hecho fueron detenidas otras dos personas, sospechadas de haber tenido participación en la agresión. Además, los investigadores secuestraron un automóvil y otros elementos de interés. Ambos serán imputados hoy lunes.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de robo, lesiones y amenazas en concurso real, conforme a los artículos 164, 89, 149 bis primer párrafo, primer supuesto, y 55 del Código Penal.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por defensa oficial y prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido. Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga la detención. 
La fiscal Murúa tomó intervención a partir de un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre en un domicilio de barrio El Milagro de Orán, donde el acusado habría ingresado a la vivienda de su padre luego de dañar el portón de acceso.
Según consta en las actuaciones, se produjo una discusión y un forcejeo, durante el cual el hombre habría utilizado un palo para golpear a su padre, quien sufrió lesiones en la mano izquierda al intentar protegerse.
Posteriormente, el acusado se habría retirado del lugar llevándose un teléfono celular. Personal policial que se encontraba en  las inmediaciones logró demorarlo.
Durante su traslado, el hombre habría proferido amenazas contra su padre, conducta que la fiscal Murúa incorporó a la imputación.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 37 años como presunto autor del delito de homicidio simple, previsto en el artículo 79 del Código Penal.
El juez del distrito Centro, Pablo Farah, controló la legalidad del procedimiento y tras escuchar los fundamentos esgrimidos por las partes, hizo lugar a la solicitud del fiscal López Soto, y dictó su prisión preventiva.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 3 de octubre, en la intersección de las calles O’Higgins y Maravilla, en Villa Luján, ciudad de Salta. Allí, en circunstancias que se tratan de establecer, tras una discusión, un hombre de 40 años fue atropellado y arrastrado por una camioneta, cuyo conductor se retiró del lugar.
A raíz de las graves lesiones sufridas en la cabeza y en la región torácica y abdominal, el damnificado fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.
Las tareas investigativas, a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, entre las que se cuenta el relevamiento de testigos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, permitieron identificar al presunto conductor, la camioneta y reconstruir parte de la secuencia del hecho.
El sospechoso se presentó voluntariamente en la Fiscalía el pasado 14 de octubre, donde quedó detenido y se logró secuestrar el vehículo involucrado.
López Soto destacó que desde la Fiscalía se dispusieron todas las medidas necesarias para lograr esclarecer lo sucedido.

El auxiliar fiscal Roque López Hinojo, bajo expresas directivas de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, interina en la Fiscalía Penal de Cerrillos, tomó intervención tras el reporte de un siniestro vial ocurrido durante la noche de este miércoles sobre avenida General Güemes, correspondiente a la ruta nacional 68.
Por circunstancias que se encuentran bajo investigación, un automóvil conducido por un hombre de 80 años subió a la vereda y embistió a personas que se encontraban en el lugar.
A partir del hecho, Simesen de Bielke dispuso distintas medidas destinadas a determinar la mecánica y las circunstancias del siniestro, entre ellas la intervención de personal de Criminalística, el secuestro del vehículo involucrado, la recepción de testimonios y la obtención de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas.
El conductor fue identificado y sometido a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
Como consecuencia del siniestro, 13 personas resultaron heridas: nueve adultos —entre ellos el conductor— y cuatro menores de edad. Todos recibieron asistencia sanitaria por lesiones de distinta consideración.
Ante la presencia de víctimas menores de edad, desde la Fiscalía se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces.
La fiscal Simesen de Bielke señaló que se dispusieron todas las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra un hombre de 25 años como presunto coautor del delito de tentativa de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.
El juez del distrito Centro, Jorge Luis Musa, controló la legalidad del procedimiento y tras escuchar los argumentos esgrimidos por las partes, hizo lugar a lo solicitado por el fiscal López Soto y dictó su prisión preventiva.
La investigación se inició por un hecho ocurrido el pasado 2 de agosto en barrio La Paz de la ciudad de Salta, donde un joven de 24 años resultó herido por un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento entre grupos y debió ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo.
En el avance de las tareas dispuestas, se individualizó como presuntos involucrados a dos hermanos, lográndose la detención de uno de ellos el pasado 10 de septiembre.
López Soto señaló que la investigación continúa y la calificación legal es provisoria, sujeta a los nuevos elementos que puedan incorporarse a la causa.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de revisión de la prisión preventiva de tres mujeres de una misma familia, detenidas el 18 de agosto pasado por delitos vinculados a la venta de drogas en barrio Ceferino.
Tras conocer las pruebas reunidas en su contra, las imputadas solicitaron la realización de un juicio abreviado y admitieron su responsabilidad en los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
María Gilda Camino y Yanina Catalina Camino fueron condenadas a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que María Rosario Camino recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, más reglas de conducta.
La investigación de UFINAR se inició en febrero de 2026, a partir de un informe policial que daba cuenta de la presunta venta de drogas, principalmente pasta base, en la zona conocida como Bajo Chico, en barrio Ceferino de la ciudad de Salta. De tareas de campo, personal de la Sección Investigaciones Narcocriminal 6 de la Policía de Salta identificó a Yanina Catalina Camino como una de las personas que realizaba maniobras de comercialización de estupefacientes en la vía pública, particularmente en inmediaciones de las calles Ituzaingó, Jirón Fernández Molina y pasaje Carrión.
Durante varios meses se efectuaron tareas de vigilancia, registros fotográficos y fílmicos, además de controles a compradores que permitieron documentar operaciones de venta de drogas. En seis procedimientos realizados entre junio y julio, personal policial interceptó a personas que acababan de efectuar intercambios con la investigada y secuestró envoltorios con sustancias estupefacientes.
Con los elementos reunidos, desde UFINAR se solicitó el allanamiento de dos viviendas colindantes de barrio Ceferino, medida que se concretó el 18 de agosto pasado. Durante el operativo, los efectivos observaron que una mujer recibió un bolsín negro de manos de Yanina Camino y lo arrojó a una propiedad vecina. En su interior se encontraron más de 650 dosis de cocaína.
En una de las habitaciones allanadas fueron secuestradas más de 800 dosis de cocaína, marihuana, una balanza y dinero en efectivo. En otro dormitorio también se encontraron envoltorios de cocaína y marihuana, teléfonos celulares y dinero.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Investigaciones, realizó un allanamiento en un domicilio de Villa Las Rosas, de Capital, en el marco de una causa por el delito de supuesta defraudación por retención indebida.
El procedimiento fue dirigido por la Fiscalía Penal N°4 y a través de distintas acciones desplegadas, los investigadores recuperaron distintos bienes, entre ellos equipos informáticos, musicales y otros elementos de valor.
En el lugar también se detectó una importante cantidad de armas de fuego, como ser: seis pistolas, dos armas largas tipo rifle, once cargadores, alrededor de 500 cartuchos de distintos calibres, armas de aire comprimido y diversas artes de armamento.
Ante la situación, se dio intervención a la División Explosivos de la Dirección Bomberos y del Departamento Criminalística, para el resguardo, secuestro y peritaje de los elementos hallados. Además, se secuestraron explosivos de uso militar, entre ellos siete granadas, un proyectil antiaéreo, detonadores y otros elementos vinculados a tareas de voladura.
Como resultado del operativo, dos personas mayores de edad quedaron a disposición de la Justicia. Por los elementos hallados durante el procedimiento también tomó intervención la Justicia Federal.

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia realizada para tratar el pedido de libertad y sobreseimiento presentado por el defensor oficial interino de Nelson Emiliano Lagos. El planteo se realizó en consideración del vínculo familiar que los une y ante la proximidad de un fin de semana largo, bajo el argumento de que mantenerlo detenido podría considerarse una privación ilegítima de la libertad y ocasionarle un daño irreparable.
Luego de escuchar las argumentaciones de las partes, la jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, tuvo en consideración que el imputado permanece detenido con prisión preventiva como autor del delito de encubrimiento y que, con su accionar, habría incurrido en otros delitos por los cuales la Fiscalía Penal 1 ampliará su imputación. En consecuencia, resolvió no hacer lugar a lo solicitado por la defensa y dispuso que continúe detenido con prisión preventiva.
Cabe recordar que Lagos fue detenido en La Caldera, junto al prófugo Jonatan Peloc, cuando conducía una motocicleta que lo transportaba por la ruta nacional 9, en su intento de evitar ser recapturado y que incluso evadieron un control policial, hasta que finalmente fueron detenidos.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación Colonia Santa Rosa, imputó de forma provisional a un hombre de 40 años y a una mujer de 30 años, como presuntos coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, previsto en el artículo 5, inciso c, de la Ley Nacional 23.737
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que ambos permanezcan detenidos.
Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias anónimas que alertaban sobre posibles maniobras de venta de drogas en una vivienda del asentamiento Nueva Esperanza de Colonia Santa Rosa. A partir de esa información, personal de la División Investigación Narcocriminal Pichanal realizó tareas de vigilancia, registros fílmicos y entrevistas a vecinos, que permitieron documentar el movimiento frecuente de personas en el domicilio.
Con autorización del Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, el pasado 9 de octubre se realizó un allanamiento en el inmueble, donde se secuestraron envoltorios con sustancias estupefacientes, que sometidas a pruebas orientativas de campo, dieron resultado positivo para marihuana y cocaína.
Además, se incautaron dinero, dos teléfonos celulares, una balanza gramera y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia realizada durante la jornada, en la que se amplió la imputación para Nelson Emiliano Lagos como presunto autor de los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, en concurso real.
La jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, controló la legalidad del procedimiento y, tras rechazar planteos realizado por su defensa técnica, dispuso que continúe detenido con prisión preventiva, según lo solicitó el fiscal Paz.
La ampliación de la imputación fue fundamentada, entre otros elementos, en los testimonios de los efectivos policiales que intervinieron en el operativo realizado el pasado 8 de septiembre, cuando el acusado fue detenido junto a «Camboya» Peloc.
Según surge de esos testimonios, durante el procedimiento habría mantenido una actitud evasiva y reticente frente al accionar del personal policial.

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, a quien imputó provisionalmente como presunto autor de los delitos de evasión y amenazas con arma. Este último delito corresponde a un nuevo hecho ocurrido en perjuicio de personal policial durante el procedimiento desplegado en la zona de La Ciénaga, en el marco del operativo de búsqueda que culminó posteriormente con su recaptura,.También estuvo presente el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Daniel Espilocín, teniendo en cuenta que, al momento de su evasión, Peloc se encontraba detenido e imputado en una causa de esa Unidad por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.
En la misma audiencia, Paz formalizó la imputación contra Nelson Lagos, quien se encontraba junto a Peloc al momento de su detención, como presunto autor del delito de encubrimiento.
Ninguno de los dos imputados prestó declaración durante la audiencia. El juez audiencista Pablo Zerdán hizo lugar al pedido de la Fiscalía y, sin oposición de las defensas, dispuso la prisión preventiva de ambos por el plazo de 30 días.
La búsqueda comenzó el 4 de abril de 2026, cuando Peloc escapó de la Alcaidía General N.º 1 de la ciudad de Salta. Desde entonces, la investigación encabezada por el fiscal Paz avanzó en dos líneas simultáneas: localizar al evadido y determinar quiénes habrían colaborado tanto con la fuga como con las acciones posteriores que le permitieron mantenerse oculto durante más de cinco meses.
El otro interno que escapó junto a Peloc, Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, fue recapturado y, 48 horas después, condenado a tres años de prisión efectiva como autor del delito de evasión.
La investigación avanzó luego sobre distintas personas del entorno de Peloc. Entre ellas, Cristina Rocío Home, madre de sus hijos, quien fue imputada como partícipe necesaria de la evasión. La mujer cumple prisión domiciliaria.
También fue imputado por encubrimiento Rodrigo Matías Nahuel Barboza, por su presunta intervención en el pago de un viaje solicitado mediante una aplicación y vinculado con los movimientos posteriores de Peloc. Permanece con prisión domiciliaria.
En el marco de la misma investigación fue imputado por encubrimiento Nicolás Ibáñez, quien permanece con prisión domiciliaria. A partir de información obtenida en esa instancia y posteriormente verificada, los investigadores pudieron avanzar sobre un Citroën C4 negro vinculado con los movimientos de Peloc, incorporando un nuevo elemento a la búsqueda.
Ese vehículo volvió a cobrar relevancia cuando fue abandonado tras evadir un control policial, en momentos en que se mantenía desplegado el operativo para localizar al prófugo en el día de ayer.
El fiscal Pablo Paz señaló que durante el último mes y medio la investigación se intensificó a partir de pistas firmes, con seguimientos y tareas de campo que permitieron estrechar la búsqueda hasta establecer la zona donde se encontraba Peloc.
El fiscal destacó especialmente el trabajo de la Brigada de Investigaciones, encabezado por el director de Investigaciones, Comisario General Lic. Oscar Ricardo Chocobar, y el comisario Mario Cortez, junto con el personal de la Unidad Policial Especial conformada específicamente para la búsqueda de Peloc, que tuvo a su cargo tareas de seguimiento y participó del operativo que culminó con su recaptura.
En paralelo, resultó clave el trabajo técnico del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) del Ministerio Público Fiscal sobre las comunicaciones mantenidas por Peloc y personas de su entorno. La investigación permitió establecer que parte de esos contactos se realizaban a través de Messenger. La información obtenida de Google, analizada junto con otros elementos reunidos en la causa, permitió verificar vínculos, comunicaciones y movimientos relevantes para avanzar en la determinación de su paradero.
El cruce de esa información con las tareas investigativas y de seguimiento permitió orientar la búsqueda hacia la zona de La Ciénaga y, horas después, Peloc fue recapturado en inmediaciones del dique Campo Alegre, tras permanecer prófugo durante más de cinco meses.
Cabe recordar que, antes de su evasión, Peloc ya se encontraba imputado en una causa de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) por amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención en la investigación por la muerte de un hombre de 34 años, ocurrida durante la tarde del pasado domingo, tras ser embestido por un automóvil sobre la ruta nacional 34.
Según consta en las actuaciones, la víctima se encontraba a la vera de la ruta, a la altura de Comunidad La Rosa, cuando, por circunstancias que se investigan, fue colisionada por un vehículo que circulaba en sentido norte-sur.
En el lugar intervino personal de Criminalística de la Policía, que realizó las tareas periciales correspondientes. El cuerpo fue trasladado al hospital local.
El fiscal Vega informó que el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo y que solicitó su detención mientras se desarrollan las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrió el siniestro.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, comunicó que se informó el deceso de una persona de 34 años, identificada como M. A. R. quien se encontraba en terapia intensiva por graves quemaduras en rostro, cuello, hombros, torax y manos.
Al tomar conocimiento, la fiscal Filtrín dispuso que el cuerpo sea trasladado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Orán, donde se realizará la autopsia.
Tras el deceso de la víctima, explicó que el próximo lunes se ampliará la imputación de la mujer de 29 años, quien se encuentra detenida e imputada provisionalmente como autora del delito de tentativa de homicidio simple.
El pasado sábado 19 por la mañana, en la intersección de calles Moro Díaz esquina Zarate, se reportó la presencia de una persona de 34 años con visibles quemaduras en la parte superior del cuerpo. Fue trasladado al hospital local, donde se constataron quemaduras en rostro, cuello, hombros, torax y manos, por lo que quedó internada en terapia intensiva.
En las inmediaciones fue identificada una mujer que habría estado reunida con la víctima. Según surge de las primeras actuaciones, tras una discusión, le habría rociado con alcohol y prendido fuego, provocándole las quemaduras.
Personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, se encuentra a cargo de las tareas investigativas, entre las que se cuenta relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y otras que permitirán determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, informó que durante la jornada, se produjo la detención de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, imputado como autor del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por tentativa de homicidio, quien permanecía prófugo desde el pasado 4 de abril, cuando logró evadirse de la Alcaidía General.
El fiscal Paz señaló que la detención se concretó en inmediaciones del dique Campo Alegre, en La Caldera, donde se encontraba en compañía de un hermano.
Paz destacó el trabajo de un grupo de investigadores encabezados por el Comisario Mario Cortez y personal del Cuerpo Especializado de Investigadores, (CEI) dependiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Señaló que desde el mes de abril, se encaró un trabajo pormenorizado, que incluyó análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y otras diligencias, que permitieron identificar a personas cercanas al prófugo, quienes tuvieron participación en su evasión y en que éste se mantenga en la clandestinidad.
Estas personas fueron detenidas e imputadas y en el avance investigativo, se concretó su recaptura.
La audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizara a la brevedad.

La auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto, por disposición del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que, con el reconocimiento de los hechos por parte del acusado y el acuerdo de las partes, se arribó a un juicio abreviado contra un hombre de 34 años por hechos de violencia cometidos contra su hija adolescente.
La jueza Gabriela González homologó el acuerdo y lo condenó a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género (dos hechos), amenazas y desobediencia judicial.
Además, le impuso reglas de conducta por el plazo de tres años, entre ellas la prohibición de cometer nuevos delitos, ejercer violencia y acercarse a la víctima, así como la obligación de realizar tratamiento psicológico. También ordenó su inscripción en el Banco de Datos Genéticos.
La investigación se inició a partir de dos denuncias radicadas por la madre de una adolescente ante la Subcomisaría de barrio Grand Bourg.
El primer hecho ocurrió el 17 de abril, cuando la adolescente, de 13 años, se encontraba en el domicilio de su padre, en barrio La Leña II. En esa oportunidad, el hombre la golpeó con un cinturón y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.
A raíz de lo sucedido, el Juzgado de Garantías 5 dispuso una medida que le prohibía ejercer actos de violencia física y psicológica contra su hija, de la que fue notificado personalmente.
Sin embargo, el 20 de septiembre, el hombre volvió a agredirla en el mismo domicilio. Tras revisar el teléfono celular de la adolescente y encontrar una fotografía en la que aparecía junto a un joven, la golpeó en el rostro y en la espalda con un cinturón, y la sujetó fuertemente del cuello.
Durante ese episodio también amenazó de muerte a su hija y a la madre de la adolescente.
La Fiscalía a cargo de Federico Gabriel Portal consideró que esta nueva agresión, cometida pese a la prohibición judicial vigente y debidamente notificada, configuraba además el delito de desobediencia judicial, por lo que amplió la imputación.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Raúl Ángel Herrera y Miguel Ángel Gómez como coautores del delito de robo en poblado y en banda.
La jueza de ese distrito, Soledad Rodríguez, en el veredicto, condenó a Raúl Ángel Herrera a la pena de tres años de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, entre las que se cuenta la prohibición de acercamiento a la víctima y su grupo familiar. Se dispuso además, que una vez firme la sentencia, sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
En tanto, Miguel Ángel Gómez fue absuelto por el beneficio de la duda
La hipótesis fiscal sostiene que los acusados, durante la madrugada del 18 de noviembre de 2025, junto a otras personas no identificadas, ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio Centro de Embarcación, tras violentar las rejas y celosías de una ventana.
En el interior, los asaltantes sorprendieron a la propietaria, la redujeron y ataron de pies y manos. Le sustrajeron dinero y algunas joya, para luego escapar, dejando a la víctima encerrada en la vivienda.
Las tareas investigativas estuvieron a cargo del Grupo de Investigación del Sector 44.

La Policía de Salta, por medio de efectivos de Seguridad Urbana y de la Dirección General de Drogas Peligrosas, incautó más de 27 kilos de marihuana en un domicilio de barrio Convivencia, durante un procedimiento originado a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911 por un incidente familiar.
Los efectivos ingresaron al inmueble con autorización de la propietaria y localizaron en el interior de una habitación dosis de marihuana. En ese contexto, un hombre de 26 años fue detenido.
La sustancia secuestrada arrojó un peso de 27,836 kilogramos, equivalente a 111.344 dosis. Además, se secuestraron dinero en efectivo, celulares y demás elementos de interés para la causa.
La intervención quedó a cargo de la Justicia Federal.

La fiscal penal de la Unidad de Flagrancia, Carolina Mateo Bellini, tomó intervención ante el reporte de un hecho ocurrido en un domicilio de Villa Chartas, en la ciudad de Salta, donde se produjeron incidentes por un hecho de presunto maltrato animal de un hombre respecto de su mascota, que resultó lesionada gravemente.
La fiscal Mateo Bellini dispuso las medidas correspondientes, solicitó la detención del sospechoso y que sea trasladado al hospital de Salud Mental Miguel Ragone, atento al presunto padecimiento de una patología psiquiátrica.
Mateo Bellini señaló que el animal, tras recibir atención profesional, permanece internado en estado delicado y que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará este viernes.

Las defensas solicitaron la extinción de la acción penal al considerar afectado el plazo razonable del proceso. Los fiscales María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín se opusieron y sostuvieron que el planteo ya había sido analizado judicialmente. El Tribunal pasó a cuarto intermedio y resolverá en una próxima audiencia.
Los integrantes de la Unidad Fiscal, María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín representaron al Ministerio Público Fiscal en en la audiencia fijada por la Oficina de Gestión Judicial de Juicios (OFIJU- JUI) para la admisión de la prueba a producir en la causa seguida contra personal policial por apremios ilegales y falsedad ideológica, vinculada con actuaciones desarrolladas durante la investigación de los homicidios de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni.
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal presidido por el juez Leonardo Fearns, e integrado además por el juez Eduardo Sangari y la jueza Gabriela González.
Comparecieron los imputados Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista. Ferraoti, también acusado en la causa, no compareció a la audiencia.
Entre los denunciantes por los presuntos apremios ilegales y otras irregularidades atribuidas al personal policial durante las actuaciones realizadas en 2011 estuvo presente Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, quien fue trasladado bajo custodia para participar de la audiencia. También comparecieron Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que Daniel Octavio Vilte Laxi no estuvo presente.
Al inicio de la audiencia, las defensas plantearon la insubsistencia de la acción penal por afectación del plazo razonable y solicitaron el sobreseimiento de los acusados. También se solicitó suspender el avance de la audiencia hasta que quedara firme la resolución sobre esa cuestión.
Al responder, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra Las Personas (UGAP) Daniel Espilocín, sostuvo que el planteo y sus fundamentos ya habían sido tratados judicialmente. Precisó que una sentencia del Tribunal de Impugnación del 17 de septiembre de 2025 confirmó una resolución del Tribunal de Juicio del 15 de mayo de 2025, en la que se analizaron los argumentos vinculados con la duración del proceso y se rechazó la insubsistencia de la acción penal.
Espilocín señaló que el plazo razonable no puede evaluarse en abstracto, sino de acuerdo con las circunstancias concretas de cada proceso. En ese sentido, indicó que las resoluciones anteriores tuvieron en cuenta la complejidad de la causa, la cantidad de imputados, la naturaleza de los hechos y la actividad procesal desplegada durante su tramitación.
El fiscal explicó que se promovieron numerosos recursos e incidencias y aclaró que esas presentaciones constituyeron un legítimo ejercicio del derecho de defensa, aunque también generaron suspensiones del proceso. Agregó que, pese a su prolongada duración, el expediente mantuvo impulso desde la investigación inicial hasta la citación a juicio y que los tribunales que ya intervinieron no consideraron vulnerado el plazo razonable.
Espilocín vinculó además los hechos atribuidos a los acusados con la investigación de los homicidios de Bouvier y Moumni, actualmente objeto de distintas revisiones. Mencionó la existencia de una actuación judicial en Francia y sostuvo que la falta de resolución de esta causa mediante un debate oral y público podría generar responsabilidad para el Estado argentino. Por esos fundamentos, solicitó el rechazo del planteo defensivo.
Por su parte, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios (UFEM) María Luján Sodero Calvet sostuvo que los pronunciamientos anteriores abordaron expresamente los distintos institutos invocados por las defensas y descartó que hubiera existido una confusión conceptual al momento de resolverlos.
Remarcó el carácter extraordinario y excepcional de la insubsistencia de la acción penal y sostuvo que su aplicación debe analizarse según las particularidades de cada causa. Señaló que se investigan hechos atribuidos a efectivos policiales, vinculados con otros hechos de especial gravedad, y que se encuentran involucrados derechos fundamentales y cuestiones de relevancia institucional.
Sodero Calvet pidió considerar también las consecuencias que una decisión de esa naturaleza podría producir sobre las causas vinculadas y sostuvo que una eventual mora estatal, aun cuando hubiera existido —lo que señaló que no ocurrió en este caso—, no puede derivar en impunidad.
La fiscal recordó además que el tribunal superior, al intervenir previamente en la causa, señaló que la cuestión del plazo razonable podía ser considerada al momento del debate y recomendó adoptar las medidas necesarias para avanzar con el proceso. Sostuvo que ese pronunciamiento conduce a la realización del juicio oral y público y pidió, junto con Espilocín, que se rechace el planteo de las defensas.
Espilocín se opuso también al pedido de suspender la audiencia hasta que quedara firme la resolución sobre la extinción de la acción penal. Consideró que una nueva suspensión produciría más dilaciones y solicitó que el trámite continuara.
Luego de escuchar a las partes, el Tribunal consideró que, por la complejidad del planteo y la necesidad de realizar un estudio adecuado, correspondía pasar a cuarto intermedio. Dispuso que la Oficina Judicial fije, con la mayor proximidad posible, una nueva audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre el pedido de extinción de la acción penal.
Respecto de la suspensión solicitada por las defensas, el Tribunal entendió que el planteo había quedado abstracto, ya que la cuestión fue oralizada y sustanciada durante la audiencia.
Una vez comunicada la resolución pendiente, y de corresponder la prosecución del proceso, la audiencia continuará con el análisis de la prueba ofrecida por las partes y la eventual fijación del debate oral.

Un empresario gastronómico fue imputado por trata de personas con fines de explotación  laboral. La Fiscalía lo acusa de someter a siete trabajadores a condiciones de extrema precariedad en una finca de Cerrillos, donde realizaban tareas productivas.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima realizada mediante la línea 145. Con intervención de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX), personal de ARCA inspeccionó el predio y detectó habitaciones con piso de tierra, camas construidas con pallets y letrinas sin agua.
Según la acusación, los trabajadores realizaban tareas vinculadas con la producción porcina y la cosecha de tabaco y aceitunas. Además, la Fiscalía señaló que cobraban salarios inferiores a los $500 mil, sin horas extras, domingos ni feriados. También habría trabajadores que no recibían aguinaldo ni vacaciones.
El juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación y otorgó seis meses para avanzar con la investigación. También prohibió al acusado salir del país y estableció restricciones de contacto con determinados trabajadores.

Policía de Salta apartó preventivame y puso a disposición de la Justicia a dos efectivos policiales en el marco de una causa por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes. La medida administrativa se sustenta en el deber institucional de garantizar una investigación transparente para determinar la presunta vinculación con una organización narcocriminal y la responsabilidad de los uniformados en la causa.
El trabajo que venía llevando adelante la Dirección Macrotráfico bajo los lineamientos de la Fiscalía Penal de Embarcación, culminó con 14 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Embarcación.
Como resultado de los procedimientos, fueron demorados un Sargento Ayudante, un Sargento, seis mujeres y un hombre; algunos de ellos con antecedentes por causas similares, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Durante la ejecución de las medidas judiciales se secuestraron celulares, dispositivos informáticos, dinero en efectivo y dosis de cocaína y marihuana, además de otros elementos que serán incorporados a la causa.
El Ministerio de Seguridad dispuso la intervención de la Oficina General de Asuntos Internos, cuyos integrantes trabajan en forma paralela para determinar la presunta participación y eventual responsabilidad de los uniformados en los hechos investigados.
De esta manera, se ratifica la política impulsada por el Ministerio de Seguridad y la cúpula policial, orientada a la depuración permanente de la Institución y a garantizar que todo integrante investigado por hechos incompatibles con la función policial quede a disposición de la Justicia y de los organismos correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, informó que el personal policial que realizaba tareas de búsqueda y rastrillaje localizó el cuerpo de José Rodolfo Elías en aguas del río Juramento, en proximidades del camping Laguna Blanca, donde había sido visto por última vez.
La fiscal García Pisacic se encontraba en el lugar, cuando personal de la División Lacustre de la Policía, Brigada de Investigaciones y de las dependencias de la jurisdicción, a cargo de las tareas de búsqueda, reportó el hallazgo.
Entre las medidas dispuestas, García Pisacic ordenó el rescate y traslado del cuerpo hacia la localidad de El Quebrachal, donde se realizará la autopsia.
Elías había sido reportado como desaparecido durante la noche del domingo 20 de septiembre, a partir de un llamado al Sistema de Emergencias 911. Según lo informado, se encontraba junto a otra persona en el sector conocido como Laguna Blanca, a la vera del río Juramento, cuando cayó a las aguas.
La investigación se desarrolla conforme a la Resolución 1284, del 17 de noviembre de 2021, de la Procuración General de la Provincia, que establece que ante la muerte de una persona debe aplicarse inicialmente la presunción de homicidio doloso, incluso cuando las circunstancias pudieran indicar una muerte accidental. Esto implica el cumplimiento de los protocolos y medidas investigativas correspondientes hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representará al Ministerio Público Fiscal este viernes 4 de setiembre en la audiencia de revisión de prisión preventiva de un hombre de 29 años, imputado provisionalmente como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por el género y lesiones graves agravadas por la relación de pareja previa y por el género, en concurso real.
Durante la audiencia se analizará además el pedido formulado por la fiscal Sodero Calvet para ampliar la imputación inicial a partir de nuevos elementos incorporados a la investigación, vinculados a graves hechos de violencia física y psicológica.
El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de agosto  en horas de la tarde, en un domicilio particular de Cerrillos. Allí, la víctima, pareja del imputado y madre de dos hijos en común, efectuó un llamado al Sistema de Emergencias 911, para alertar sobre una situación de violencia, mientras los niños se encontraban presentes.
La mujer relató que el acusado la habría golpeado con los puños en distintas partes del cuerpo, mientras la insultaba y denigraba. Luego habría continuado la agresión utilizando un elemento contundente y ejerciendo a su vez violencia psicológica de manera sostenida hacia ella.
Tras el llamado al Sistema de Emergencias, el imputado fue aprehendido al arribar personal policial.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en las audiencias de formalización de la investigación penal preparatoria contra dos hombres de 22  y uno de 18 años como presuntos autores del delito de homicidio simple, y contra una mujer de 22 años como presunta autora del delito de encubrimiento agravado.
El juez del distrito Centro, Pablo Farah controló la legalidad del procedimiento respecto de los tres hombres y, tras escuchar a las partes, hizo lugar al requerimiento del fiscal Daniel Espilocín y les dictó prisión preventiva.
Respecto de la mujer imputada, el juez Eduardo Sángari dispuso que cumpla arresto domiciliario.
El hecho investigado ocurrió el 3 de octubre, en inmediaciones de pasaje Santa Laura y calle Matienzo de la ciudad de Salta, donde un hombre de 33 años fue herido con un arma blanca en la zona pectoral y posteriormente falleció.
Según señaló el fiscal Espilocín, uno de los imputados habría utilizado el arma blanca, mientras que los otros dos habrían intervenido en la agresión, reduciendo las posibilidades de defensa o escape de la víctima.
A la mujer imputada se le atribuye haber ayudado a ocultar el cuchillo presuntamente utilizado en el ataque.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a una mujer de 29 años como presunta autora del delito de tentativa de homicidio simple.
Tras la audiencia de imputación, la fiscal Filtrín Cuezzo solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito que la acusada permanezca detenida, mientras se cumplen distintas medidas destinadas a esclarecer lo sucedido.
El pasado sábado 19 por la mañana, en la intersección de calles Moro Díaz esquina Zarate, se reportó la presencia de una persona de 34 años con visibles quemaduras en la parte superior del cuerpo. Fue trasladado al hospital local, donde se constataron quemaduras en rostro, cuello, hombros, torax y manos, por lo que quedó internado en terapia intensiva.
En las inmediaciones fue identificada una mujer que habría estado reunida con la víctima. Según surge de las primeras actuaciones, tras una discusión, lo habría rociado con alcohol y prendido fuego, provocándole las quemaduras.
Ante la gravedad del hecho, se dio intervención a la Unidad de Graves Atentados y fiscal Filtrín Cuezzo dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor en el lugar, donde se realizó el levantamiento de evidencias.
Personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, se encuentra a cargo de las tareas investigativas, entre las que se cuenta relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y otras que permitirán determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.

La Policía de Salta llevó adelante un Operativo Protección Ciudadana y Prevención de Fauna Ictícola en el río Juramento, desde el puente de El Tunal hasta distintos sectores comprendidos en la jurisdicción del Distrito de Prevención N°5 de Joaquín V. González.
El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Lacustre y Fluvial El Tunal y personal de la Policía Rural, quienes realizaron patrullajes preventivos por agua y tierra en distintos sectores del río Juramento y zonas aledañas. Los recorridos se extendieron desde el puente de El Tunal hasta el paraje Balbuena y comprendieron sectores como Paso de las Carretas, La Pedrera, Talamuyo, Atamisqui, San José de Orquera y el puente La Amistad, en El Quebrachal.
En ese contexto, los efectivos detectaron a dos personas realizando pesca ilegal. Ante esta situación, secuestraron una red tipo “pollera” y una bolsa que contenía 16 ejemplares de sábalo, una boga y un dorado. Por el hecho labraron un acta contravencional correspondiente por infracción al Artículo 91 del Código Contravencional de la Provincia de Salta - Ley 7135/01.
La fuerza de seguridad provincial continúa desarrollando controles preventivos en ríos y espejos de agua de la provincia, destinados a prevenir la pesca ilegal y proteger la fauna y los recursos naturales.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, en el marco de la investigación que dirige por el homicidio de un hombre de 33 años, informó que se produjo la detención de una mujer de 22 años, como sospechosa de haber tenido participación como encubridora la comisión del ilícito.
Espilocín recordó que son cuatro las personas detenidas, un hombre de 18 años, dos hermanos de 22 y la mujer de la misma edad, y que la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria se realizará este martes.
Finalmente indicó que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para esclarecer lo sucedido, entre ellas análisis de cámaras de seguridad, relevamiento de testigos y otras dispuestas.

El fiscal penal Federico Jovanovics interviene en la investigación de dos hechos ocurridos en inmediaciones del estadio Delmi, durante los festejos por el Día del Estudiante.
Según las primeras actuaciones, en uno de los episodios un adolescente resultó lesionado con un arma blanca, mientras que en el otro, otro adolescente habría recibido un golpe con una botella en la cabeza.
Desde la Fiscalía a cargo de Jovanovics se dispusieron distintas medidas destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjeron ambos hechos e individualizar a las personas que habrían intervenido.
Las actuaciones se encuentran en curso y se trabaja en la recopilación de elementos que permitan reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

El Fiscalía penal de Ledesma de Jujuy, Lian Resúa pidió la imputación del intendente de Pichanal Julio Jalit por homicidio culposo. La audiencia judicial ocurrió, tras culminar la mayor parte de las pericias, que indican con alto grado de probabilidad, que el jefe comunal de Pichanal, Julio Jalit, conducía con exceso de velocidad aquella lluviosa madrugada del 18 de agosto, cuando atropelló fatalmente a Rubén Marino Guitián, en el acceso a la localidad de Calilegua, sobre la ruta nacional 34. El fiscal también confirmó que no hubo testigos de los hechos, algo que contradice los dichos del abogado personal de Jalit y asesor municipal, Joaquín Vélez.
Ese día a las 6.15, la camioneta que conducía Jalit impactó en la parte trasera de la moto y terminó desbarrancando en un canal, a una velocidad que “se puede inferir claramente que era mayor a la permitida en esa zona”, remarcó Resúa. Aunque que eso, señaló, se podrá terminar de confirmar con los informes accidentológicos. Posteriormente se avanzará a la etapa de control de acusación y “después a juicio”, agregó. Aunque aclaró que al ser “una causa culposa, no prevé -salvo que el imputado no se presente a estar a derecho- una medida de privación de la libertad”.
Sobre la presencia de testigos del siniestro, aseveró que “en la causa no hay testigos directos del hecho. Hemos obtenido los testimonios de los policías, de la gente del SAME y en ningún momento se acreditó la presencia de un testigo presencial que haya visto el accidente”. Las afirmaciones desmienten declaraciones mediáticas del abogado Joaquín Vélez, quien afirmó haber observado lo sucedido desde un vehículo que conducía detrás de su cliente y que el motociclista” iba sin casco y la moto sin luces”. Sobre este aspecto Resúa indicó que ante el estado en que terminó el vehículo impactado, solo se sabrá con el informe si la moto tenía las condiciones necesarias para circular.