La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán en feria, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre de 40 años, luego de caer desde un andamio en la obra de la Ciudad Judicial de esa ciudad.
El hecho ocurrió alrededor de las 14.30, y fue trasladado al hospital local, donde falleció horas más tarde.
Inicialmente tomó intervención la Fiscalía Penal 2 de ese distrito, y ante el fallecimiento, se giraron las actuaciones a la Unidad de Graves Atentados.
Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor en el lugar y de efectivos de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para relevar testimonios, cámaras de seguridad y otras medidas.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia, cuyo informe señala que el deceso se produjo por politraumatismo y TEC grave por caída de altura.
La fiscal Filtrín Cuezzo aseguró que se encuentran en cumplimiento las diligencias pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial acusación formal contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa como coautores del delito de peculado, previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal.
Según la hipótesis fiscal, los acusados, aprovechando su condición de médicos del servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento médico estatal, habrían sustraído bienes públicos que se encontraban bajo custodia del hospital para incorporarlos al circuito operativo de una empresa privada de neonatología de la que ambos eran socios y obtenían un beneficio económico.
En la misma presentación, UDEC solicitó el sobreseimiento de las otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al concluir que no participaron del hecho investigado.
La intervención de la Fiscalía especializada en delitos económicos complejos se inició a partir de la denuncia presentada por el director general del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud Pública advirtiera la posible presencia de equipamiento perteneciente al nosocomio en el servicio de Neonatología de una clínica privada.
A partir de ello, la Fiscalía dispuso numerosas medidas investigativas, entre ellas el relevamiento de documentación patrimonial y administrativa, la recepción de declaraciones testimoniales, inspecciones y registros, el secuestro y posterior restitución judicial de los equipos al hospital, además de diversos informes técnicos y periciales.
En ese marco, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF constató la presencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los informados por el hospital denunciante, en la terapia neonatal Neofénix, que funciona en el segundo piso de una clínica privada ubicada en Alvarado 858.
Entre los fundamentos de la acusación, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que la conducta investigada habría afectado no sólo el patrimonio de la administración pública, sino también su correcto funcionamiento, al involucrar equipamiento destinado al Hospital Público Materno Infantil, además de vulnerar los deberes de fidelidad, probidad y transparencia que deben observar los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, informó que, ante el fallecimiento de una mujer de 65 años, quien permanecía internada tras ser herida con un disparo de arma de fuego en la zona abdominal en un asalto ocurrido en Colonia Santa Rosa, le fueron giradas las actuaciones que llevaba adelante la Fiscalía Penal de Pichanal.
Filtrín Cuezzo señaló que tras el reporte, se dispuso el traslado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar la autopsia y que se encuentran en ejecución numerosas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y la identificación de los sospechosos.
El pasado 14 de junio, inició su intervención la Fiscalía Penal de Pichanal, a través de la Delegación Colonia Santa Rosa, cuando se denunció el violento asalto a un colectivo de larga distancia, en el que viajaban 16 personas, mientras se encontraba detenido a la vera de la ruta nacional 34, en la rotonda de acceso a Colonia Santa Rosa.
Allí, personas armadas abordaron a los pasajeros y los despojaron de sus pertenencias, entre ellas mercadería y dinero en efectivo. En estas circunstancias, una mujer de 65 años, que viajaba en la unidad, resultó herida por un disparo de arma de fuego en la zona abdominal, por lo que debió ser hospitalizada y falleció durante la noche de este domingo por shock hipovolémico por lesión con arma de fuego, sepsis y falla multiorgánica.

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, llevó adelante una investigación por comercialización de estupefacientes en la zona sur de la Capital, tras un reporte anónimo efectuado mediante el sitio Denuncias Web.
En ese contexto, previamente se allanó una vivienda en barrio Solidaridad, lugar donde una mujer de 39 años fue detenida. Además, se incautaron 332 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.
Detuvieron a una mujer y secuestraron más de 300 dosis de droga en Capital
Con intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, la detenida y los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate seguida contra tres hombres de 29, 31 y 39 años, acusados como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el imputado de 31 años también es juzgado en una causa acumulada por el delito de evasión.
Al reanudarse la audiencia de debate, se dio a los acusados la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que el Tribunal pase a deliberar.
Luego, los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, dieron a conocer el veredicto donde se condenó a Víctor y Gonzalo Salvatierra a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Se ordenó su alojamiento en la Unidad Carcelaria 3 de Orán y que sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.
Respecto del otro imputado, fue absuelto por el beneficio de la duda y se dispuso su inmediata libertad.
Cabe recordar que la fiscal Filtrín Cuezzo en sus alegatos sostuvo la acusación contra los tres imputados y solicitó la pena de prisión perpetua para todos, a lo que adhirió la querella.
El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado y con las manos atadas.

El fiscal penal Leandro Flores, interino en la Fiscalía 2 de Violencia Familiar y de Género, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia en la que un hombre de 29 años fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional, además de reglas de conducta, por un hecho de violencia en contra de su expareja y el hombre que actualmente mantiene una relación con ella.
Según la denuncia radicada, el pasado 12 de junio, alrededor de las 8 de la mañana, el acusado ingresó sin autorización a la vivienda de su expareja, en el barrio Autódromo de la ciudad de Salta.
De acuerdo con la investigación, el denunciado accedió al inmueble por la parte trasera y llegó hasta la habitación donde se encontraban descansando la mujer y su pareja, portando un palo de escoba con el que agredió a este último, para luego continuar insultando y profiriendo amenazas.
La situación fue contenida por el hijo adolescente de la mujer, quien logró conducir al agresor hacia la puerta de la vivienda hasta la llegada del personal policial.
La Fiscalía sostuvo que el imputado incumplió una orden judicial vigente, ya que pesaban sobre él medidas de restricción impuestas en enero de 2025, que le prohibían acercarse a menos de 200 metros del domicilio de la víctima y ejercer cualquier tipo de violencia física o psicológica contra ella.
Pese a haber sido debidamente notificado de esas medidas, el hombre desobedeció la orden al presentarse en el domicilio y protagonizar el episodio investigado.
Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal le atribuyó, en calidad de autor, los delitos de violación de domicilio, amenazas y desobediencia judicial, en concurso real.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, que homologó la jueza Claudia Puertas, quien le aplicó la pena de seis meses de ejecución condicional, además de reglas de conducta por dos años, que incluyen la prohibición de ejercer actos de violencia psíquica y física en contra de la víctima y tratamiento psicológico.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 29 años, ocurrido en barrio Mataderos de la localidad de Santa Victoria Este.
Según consta en las actuaciones, un hombre se encontraba en la vereda de su domicilio, cuando fue sorprendido por una persona, quien lo lesionó con un arma blanca en la zona torácica, para luego huir.
La víctima, pudo acercarse a su domicilio y pedir ayuda. Fue trasladado al hospital local, donde falleció más tarde.
El fiscal Vega dispuso el trabajo de personal de Criminalística en el lugar y la intervención de personal de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El cuerpo del fallecido fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, para realizar la autopsia.
Vega señaló que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se trabaja intensivamente en individualizar a él o los responsables.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó de forma provisional a un hombre de 36 años como autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que continúe detenido, para evitar los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
Durante la madrugada de este sábado 4 de julio, en barrio 6 de enero de la ciudad de Orán, cuando el imputado transitaba peatonalmente, habría mantenido un entredicho con un hombre de 30 años y en esas circunstancias, le habría efectuado un disparo con un arma de fuego, causando su muerte.
Por disposición de la fiscal Filtrín Cuezzo, trabajó en el lugar personal de Criminalística realizando las tareas de rigor y se encomendaron las tareas investigativas a miembros de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, cuyo informe preliminar indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico por lesión cardíaca con arma de fuego.
Del relevamiento de testigos y otras medidas desplegadas, se individualizó a la persona sospechosa de haber realizado el disparo y se produjo su detención.
Filtrín Cuezzo señaló que desde la Fiscalía se dispusieron todas las medidas pertinentes, tendientes a esclarecer lo sucedido.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la Delegación Colonia Santa Rosa, encabeza una investigación por un hecho delictivo ocurrido durante la tarde del pasado domingo 14 de junio, cuando, en circunstancias que se tratan de esclarecer, se produjo el asalto a pasajeros de un colectivo de viajes de compra, donde una mujer resultó herida con un disparo de arma de fuego.
Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para dar cumplimiento a las numerosas medidas impartidas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
El hecho sucedió cuando el colectivo de larga distancia, donde viajaban 16 personas, se encontraba detenido a la vera de la ruta nacional 34, en la rotonda de acceso a Colonia Santa Rosa, y entonces se detuvo una camioneta en la que viajaban varias personas armadas.
Los desconocidos abordaron a los pasajeros y los despojaron de sus pertenencias, entre ellas mercadería y dinero en efectivo. En estas circunstancias, una mujer que viajaba en la unidad, resultó herida por un disparo de arma de fuego en la zona abdominal, por lo que debió ser asistida y derivada inicialmente al hospital de Orán y luego al hospital San Bernardo, donde permanece internada.
La fiscal Fuentes señaló que se trabaja intensivamente para individualizar a los sospechosos, con relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, entre otras medidas.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, distintos procedimientos vinculados al tráfico de drogas en distintos puntos de la provincia.
Durante los allanamientos, fueron detenidas personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y, además, se incautaron más de 200 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana en diferentes intervenciones policiales.
Cabe destacar que el trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Metán, entre otros. En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra tres hombres de 29, 31 y 39 años, acusados como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Además, el hombre de 31 años es juzgado en una causa acumulada por el delito de evasión.
Según lo previsto por el Tribunal, este jueves 2 de julio, finalizaron sus alegatos los abogados defensores. Todos solicitaron la absolución de sus representados.
Los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, pasaron a deliberar y se dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 6 de julio para dar lugar a las últimas palabras de los acusados y al finalizar la jornada, darán a conocer el veredicto.
El hecho investigado ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando se reportó al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un hombre sin vida a la vera de la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima fue identificada como Pablo César Almaraz, de 41 años, puestero rural, quien fue encontrado decapitado y con las manos atadas.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo, durante la última semana, procedimientos en la vía pública y allanamientos por comercialización de drogas en distintos barrios de la provincia.
En ese contexto, se detuvo a personas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas y se incautaron más de 900 mil dosis de droga entre cocaína y marihuana.
Del total, más de 200 kilos fueron secuestrados en un procedimiento preventivo de seguridad vial que inició en barrio El Rosedal y derivó en allanamientos y detenciones.
Además, se incautaron más de 3.700 dosis de droga en diferentes intervenciones policiales, como controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911, entre otras.
El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Valle de Siancas, entre otros puntos de la provincia.
En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a un hombre de 22 años como autor del delito de homicidio simple.
En la audiencia de imputación fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó que permanezca detenido, mientras se cumplen diversas diligencias dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
De acuerdo con la investigación preliminar, durante las primeras horas del domingo 12 se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en la vía pública en la Comunidad Toba el Tuscal de Embarcación, con una lesión de arma blanca en uno de sus miembros inferiores.
Tras tomar intervención, el fiscal Vega dispuso el trabajo del personal de Criminalística y de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán para realizar la autopsia.
Las primeras tareas investigativas permitieron identificar al ahora imputado como el principal sospechoso. Según la hipótesis fiscal, el hecho se produjo en el contexto de una fiesta de cumpleaños, donde ambos hombres habrían mantenido una discusión que derivó en la agresión con arma blanca que provocó la muerte de la víctima.
 

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, interina en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria seguida contra un hombre de 29 años como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo y por la guarda.
Durante la audiencia arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, en cuyo marco la jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, tras recibir la confesión del acusado y con el acuerdo expresado por las partes, lo condenó a una pena de ocho años de prisión de ejecución efectiva y dispuso su incorporación al Banco de Datos Genéticos.
Fue denunciado por cometer actos continuados de abuso sexual en perjuicio de su hijo de 9 años entre los meses de marzo y junio de este año, aprovechando los momentos en que la madre del niño se encontraba ausente, así como la convivencia, la autoridad y la particular situación de vulnerabilidad del niño.
Fue denunciado por cometer actos continuados de abuso sexual en perjuicio de su hijo de 9 años entre los meses de marzo y junio del corriente año, aprovechando los momentos en que la madre del niño se encontraba ausente, la convivencia, la relación de autoridad derivada del vínculo paterno-filial y la particular situación de vulnerabilidad de la víctima.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta incautó más de 205 kilos de droga fraccionada y distribuida en distintos paquetes. Un hombre y una mujer fueron detenidos.
La investigación inició en el barrio El Rosedal donde efectivos de Seguridad Vial detectaron, durante un control vehicular, a un automovilista que transportaba droga en el baúl del rodado. El hallazgo se concretó tras una requisa realizada al constatar irregularidades en la documentación exigible para circular. En ese contexto intervino la Dirección General de Drogas Peligrosas, que trabajó con canes ante la presencia de testigos civiles. Se secuestraron paquetes con marihuana y cocaína. El conductor fue detenido. Intervino la Fiscalía Federal de Delitos Complejos. 
A partir de las averiguaciones realizadas se allanó un inmueble en barrio Juan Pablo II de la zona sur de la Capital , donde secuestraron más de 190 kilos de droga y detuvieron a una mujer mayor de edad.
Las acciones se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía Federal de transición en turno  y del Juzgado Federal 1.
En menos de 24 horas la Policía de Salta evitó que cientos de  mil dosis de droga fueran comercializadas en la provincia y detuvo a dos personas vinculadas al narcotráfico.
El operativo fue el resultado de las acciones preventivas integrales de seguridad que se desarrollan de forma permanente en las distintas jurisdicciones, mediante patrullajes y controles vehiculares en puntos estratégicos de la provincia.

La fiscal penal Claudia Carreras en feria, interina en la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, encabeza una investigación por la muerte violenta de una mujer de 36 años, ocurrida este domingo.
Según consta en las primeras actuaciones, una mujer de 36 años fue llevada al hospital de Colonia Santa Rosa con una herida de arma de fuego y luego derivada al hospital de Orán, donde falleció por hemorragia aguda intraabdominal.
Por disposición de la fiscal Carreras, personal de Criminalística realizó las tareas de rigor en la vivienda de la víctima en barrio Las Palmeras de Colonia Santa Rosa y al personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF se le encomendaron las tareas investigativas.
Como sospechoso se detuvo a la pareja de la mujer, un hombre de 32 años, quien será imputado este lunes, luego del control de legalidad ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta incautó 71,620 kilos de cocaína en un procedimiento que se realizó en la ruta nacional 34, kilómetro 927, localidad de El Potrero. En este contexto, dos mujeres oriundas de Tartagal fueron detenidas.
La droga estaba oculta en el doble fondo del baúl de una camioneta Renault Duster en la que circulaban las detenidas, quienes eran investigadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas Salta en el marco de una causa Federal relacionada al narcotráfico. Una de ellas es personal activo de Gendarmería Nacional con destino en el Escuadrón 52.
El operativo se originó tras una alerta al destacamento Antillas, sobre la presencia de dos mujeres solicitando ayuda tras haber recibido impactos con arma de fuego el vehículo en el que circulaban por ruta nacional 34. Señalando que los disparos habían sido efectuados desde una camioneta blanca, cuyo conductor fue detenido poco tiempo después por efectivos de Seguridad Vial en el puesto de control El Tala. Se trataba de un hombre de 43 años, conocido en el ambiente delictivo, oriundo de Rosario de la Frontera.

El auxiliar fiscal Carlos Alberto Salinas, bajo expresas directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la OfiJu, donde se arribó a un juicio abreviado contra Gabriel Ángel Herrera como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La jueza de ese distrito, Sandra Palomo, luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a cuatro años de prisión efectiva y ordenó el decomiso de los bienes secuestrados.
Herrera era investigado por desplegar actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de sustancias estupefacientes y, el pasado mes de mayo, se realizó un allanamiento en su domicilio, en el que se le secuestraron algo más de 100 gramos de cocaína y alrededor de 600 gramos de marihuana, dinero, además de otros bienes de interés.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó de forma provisional a un hombre de 48 años, como autor de los delitos de amenazas (dos hechos) e incendio intencional, en concurso real.
Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa oficiaal y prestó declaración, dando su versión de lo ocurrido. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, que se ratifique su detención al considerar que subsisten riesgos de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Señaló que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas declaraciones testimoniales, informes periciales y la identificación de otra persona que podría haber tenido participación en los hechos. Además, destacó la gravedad del episodio, dado que el incendio se habría producido en un inmueble donde habitaban varias personas, generando un riesgo para su integridad.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer contra su exinquilino, a quien le alquilaba una habitación en un inmueble utilizado como inquilinato en la ciudad de Orán. Según expuso, decidió desalojarlo luego de que acumulara una deuda de alquiler y por los reiterados conflictos de convivencia que generaba junto a su pareja, situación que había motivado quejas de los demás ocupantes del lugar.
De acuerdo con la acusación, el 1 de julio pasado, cuando la propietaria le entregó las pertenencias que había dejado en la habitación tras el desalojo, el hombre reaccionó de manera agresiva, insultándola y amenazándola. Al día siguiente, la mujer recibió un llamado de su padre, quien le advirtió que el imputado lo había contactado para manifestarle que tanto él como su pareja podían hacerle daño si no recuperaba algunos objetos que decía haber perdido. Estas expresiones incrementaron el temor de la mujer por su seguridad.
Horas más tarde, al regresar a su domicilio, la denunciante encontró personal policial y de Bomberos trabajando para sofocar un incendio que se había iniciado en la vivienda, evitando que las llamas se propagaran al resto del inmueble, donde residían otros inquilinos.
La Fiscalía sostiene que el acusado habría adquirido combustible en una estación de servicio y posteriormente habría iniciado de manera intencional un incendio en la vivienda, causando daños en un aire acondicionado, un piano, cortinas, libros y otros bienes. La denunciante aportó a la investigación registros fílmicos que son analizados.

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia donde un hombre de 40 años, imputado provisionalmente como autor del delito de tentativa de homicidio, solicitó prestar declaración.
El imputado, asistido por defensa particular, dio su versión de lo ocurrido el viernes 29 de mayo por la tarde en el barrio Juan Manuel de Rosas, zona norte de la ciudad de Salta, donde en circunstancias que se investigan, habría embestido con el camión que conducía a un adolescente de 14 años, poniendo en riesgo su vida.
La audiencia fue presidida por el juez del distrito Centro, Pablo Zerdán, quien tras la declaración, ratificó la continuidad de detención con prisión preventiva del imputado.
Cabe destacar que el menor víctima, debido a la gravísima lesión sufrida en una de sus piernas, sufrió la amputación de uno de sus miembros inferiores.

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta llevó a cabo durante la última semana de junio 110 procedimientos en la vía pública y 5 allanamientos por comercialización de droga en distintos barrios de la provincia.
Más de 4600 dosis de droga fueron secuestradas en barrios de la provincia
En ese contexto, se detuvo a personas y se incautaron más de 4600 dosis de cocaína y marihuana.
Las intervenciones se realizaron por controles en la vía pública, denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otros en el marco de investigaciones.
El trabajo preventivo, investigativo y operativo se concretó en barrios de Capital, Orán, Metán, entre otros puntos de la provincia.
En todos los casos intervinieron las fiscalías correspondientes.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a cuatro responsables de la empresa Aguas del Norte como presuntos autores de los delitos de homicidio culposo por omisión e inobservancia de los reglamentos y de los deberes a su cargo, en perjuicio de dos operarios fallecidos, y de lesiones graves por omisión e inobservancia de los reglamentos y deberes a su cargo, en perjuicio de un tercer trabajador que sobrevivió al hecho. 
La imputación alcanza al jefe Operativo–Supervisor, a quien la Fiscalía atribuye haber omitido ejercer un control y una supervisión efectivos sobre la cuadrilla y tolerar prácticas de trabajo inseguras; al coordinador de Higiene y Seguridad y a la responsable del Área de Higiene y Seguridad, por no implementar ni controlar los protocolos para trabajos en espacios confinados, no garantizar la capacitación específica del personal ni asegurar la provisión de los elementos de protección y rescate exigidos; y al gerente Operativo del Interior Provincial, por presuntamente haber incumplido sus deberes de organización, dirección y control, al no garantizar la asignación de los recursos materiales y de seguridad necesarios para que las cuadrillas desarrollaran sus tareas en condiciones adecuadas.
La investigación se inició por el hecho ocurrido el 5 de mayo de 2026 en Rivadavia Banda Sur, cuando una cuadrilla de trabajadores realizaba tareas de mantenimiento en el sistema cloacal. Luego de reemplazar una bomba y advertir que persistía una obstrucción, tres operarios descendieron a una boca de registro de aproximadamente siete metros de profundidad. Los tres se descompensaron tras ingresar al espacio confinado. Dos de ellos fallecieron y el tercero sufrió lesiones de gravedad. 
Las autopsias determinaron que ambas víctimas fallecieron por asfixia tóxica. En uno de los casos, los estudios toxicológicos confirmaron la presencia de sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico que puede acumularse en espacios confinados como cámaras cloacales y provocar pérdida del conocimiento y la muerte en pocos segundos. 
Según la hipótesis de la Fiscalía, los trabajadores habrían ingresado al lugar sin los elementos de protección adecuados ni los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de tareas, tales como detectores de gases, equipos de respiración, arneses, líneas de vida y dispositivos de rescate. 
Asimismo, la investigación sostiene que no habrían recibido capacitación específica sobre los riesgos del trabajo en espacios confinados y que esta modalidad de trabajo era conocida dentro de la organización operativa. 
La fiscal Sofía Fuentes señaló que la atribución delictiva se fundamenta en el deber de garante que recae sobre quienes tenían responsabilidades en materia de seguridad e higiene laboral, prevención de riesgos, organización del trabajo y supervisión de las tareas, conforme a la normativa vigente. 

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra una mujer de 19 años como autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y un hombre de 32 años como autor del delito de homicidio agravado por alevosía.
El juez del distrito Centro, Leonardo Feans, controló la legalidad del procedimiento y, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, conforme a la Ley N.º 8.520/25, hizo lugar a la solicitud del Fiscal y dictó la prisión preventiva de los dos imputados.
Durante la audiencia, ambos, asistidos por sus defensores, prestaron declaración, dando su versión de lo ocurrido.
El pasado lunes 22 por la noche, el niño fue llevado al hospital Papa Francisco por su madre y, ante la gravedad de la situación, fue derivado al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.
Por el hecho se detuvo a la madre del menor y a un hombre con el que mantenía una relación de pareja. Según la hipótesis fiscal y a partir de las primeras tareas realizadas, al hombre de 32 años se le atribuye haber provocado la muerte del niño con maniobras de asfixia y sofocación y a la mujer de 19 años, se le reprocha su conducta omisiva ante lo acontecido.
El pedido de prisión preventiva de los imputados fue fundamentado por el fiscal Espilocín en la gravedad de la situación, y en los riesgos procesales de fuga y/o entorpecimiento de la investigación.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga un hecho ocurrido el pasado 22 de mayo en esa ciudad, donde una mujer de 27 años ingresó al hospital local con quemaduras en el rostro y en el cuello, indicando que el causante sería un hombre con el que mantenía una relación de pareja.
Desde la fiscalía se dispusieron todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido y se solicitó la detención del sospechoso, quien permanece prófugo. Las tareas de campo se encuentran a cargo de personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. 
En las actuaciones consta que la pareja registra antecedentes de violencia, y que previamente al hecho investigado, el sospechoso fue imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán, a cargo de la fiscal penal Claudia Carreras, como autor del delito de lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en perjuicio de la misma mujer.
Oportunamente la fiscal Carreras solicitó la prisión preventiva del hombre de 27 años y en audiencia flexible y multipropósito, fijada por la OfiJu para resolver el pedido, el pasado 16 de abril, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, no hizo lugar a la petición de la representante del Ministerio Público Fiscal y ordenó su inmediata libertad.
Cabe destacar que la fiscal Carreras apeló la resolución del juez Oyarzú y este lunes 8 de junio en audiencia ante la Sala II del Tribunal de Impugnación, el juez de Impugnación Guillermo Poliotto, resolvió hacer lugar al recurso de apelación y ordenar la inmediata detención de Jorge Fernando Carrizo bajo la modalidad prisión preventiva y lo declaró en rebeldía.
En tanto, los familiares de la víctima denunciaron que la mujer se ausentó de su hogar, evadiendo la custodia dispuesta en su protección, por lo que se trabaja en dar con su paradero, considerando la situación de absoluta vulnerabilidad en la que se encuentra.
Se solicita a la comunidad, que aquella persona que pueda aportar datos ciertos del paradero del sospechoso y/o de la mujer damnificada, se comunique con la dependencia policial más próxima o al Sistema de Emergencia 911.
 

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por el auxiliar fiscal Pablo Nieva, imputó en audiencia de formalización de la investigación a un hombre por el delito de estafas reiteradas (cuatro hechos), en concurso real.
Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un defensor oficial, se negó a declarar y a responder preguntas de la Fiscalía. A través de su defensa, solicitó que la causa sea remitida a mediación penal.
La intervención de UDEC se inició a partir de las denuncias radicadas entre mayo y junio de este año por mujeres que denunciaron haber sido engañadas mediante una supuesta oferta de trabajo para desempeñarse como secretarias en Ciudad Judicial.
Según la investigación, el acusado se presentaba como licenciado en Psicología, afirmaba que trabajaba en el Poder Judicial de Salta y que el organismo necesitaba cubrir un puesto, por lo que se ofrecía a gestionar el ingreso laboral de las postulantes. En ese contexto, les solicitaba dinero para tramitar certificados de antecedentes, además de requerirles currículum vitae, fotografías tipo carnet, estudios médicos y otra documentación personal para integrar un supuesto legajo.
Las denunciantes relataron que, tras entregar el dinero y la documentación solicitada, recibían mensajes en los que se reprogramaban reiteradamente entrevistas, exámenes psicotécnicos y estudios preocupacionales. Finalmente, al consultar en Ciudad Judicial y otros organismos, advirtieron que el puesto ofrecido no existía y que la persona no se desempeñaba como profesional ni trabajaba en el Poder Judicial.
Entre los elementos reunidos durante la investigación se encuentran las denuncias de las damnificadas, la documentación aportada por ellas, conversaciones mantenidas a través de WhatsApp, informe del Banco Central de la República Argentina y publicaciones oficiales del Poder Judicial de Salta.
La fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, encuadró provisionalmente los hechos como estafas reiteradas (cuatro hechos), en concurso real, al considerar que el imputado habría desplegado maniobras engañosas para inducir a error a las víctimas, obtener dinero y ocasionarles un perjuicio patrimonial.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, en el marco de la investigación que encabeza tras el hallazgo de una mujer de 20 años sin vida en el interior de su vivienda en barrio Aeroparque de esa ciudad, informó que según lo dispuesto, este miércoles se le realizó la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y que el informe preliminar indica que el deceso se produjo por asfixia por ahorcamiento, con una data aproximada a la fecha que se reporta como de su desaparición y que el elemento constrictor encontrado en el lugar, se condice con los signos encontrados en el cuerpo, lo que será confirmado por estudios complementarios solicitados.
La fiscal Filtrín Cuezzo indicó que habiéndose cumplido los trámites de rigor, el cuerpo será entregado a la familia de la joven para su inhumación, con prohibición de cremación, debido a que se trata de una causa en trámite.
Destacó que la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales se encuentra a cargo de las tareas investigativas tales como relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y otras diligencias que permitirán determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.
Cabe destacar que se dispuso un abordaje interdisciplinario para buscar establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.

El fiscal penal, interino en la Fiscalía 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia en la que se condenó a un hombre de 56 años por delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de su hija.
Con la conformidad de las partes, incluida la Asesoría de Menor e Incapaces, y el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado, quien fue asistido por la Defensa Oficial, el juez Federico Diez homologó el juicio abreviado y le impuso una pena de 10 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El condenado fue hallado responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia; abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia; y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia (dos hechos), todo en concurso real.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada por un hombre en contra de su padre, luego de tomar conocimiento de que su hermana había sido víctima de abusos sexuales. La menor había quedado huérfana de madre y convivía junto a sus hermanos con el acusado.
De la investigación surgió que la víctima había revelado lo sucedido a una prima de confianza. También se pudo establecer que durante mucho tiempo permaneció en silencio por temor y por el miedo que le generaban las posibles consecuencias de contar lo ocurrido.
Según se acreditó durante el proceso, los abusos comenzaron cuando la niña tenía siete años de edad y se prolongaron durante el tiempo en que convivió bajo el cuidado del ahora condenado.
Entre los elementos incorporados a la causa se encuentran los informes psicológicos, el relato de la víctima obtenido a través de la Cámara Gesell y los testimonios de familiares, además de otras medidas investigativas que permitieron corroborar los hechos denunciados y sostener la acusación por parte del fiscal.

En representación de la Fiscalía Penal de Cafayate, el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix formalizó la imputación contra un hombre de 32 años, como presunto autor de dos hechos de incendio doloso, previstos en el artículo 186 del Código Penal, en concurso real.
La investigación se inició a partir de dos incendios registrados el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026 sobre un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en la matrícula catastral N.º 6524, propiedad de Finca El Monte S.A., en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque, en la ciudad de Cafayate. En ambos episodios debieron intervenir Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales, efectivos de la Policía de la Provincia y vecinos, quienes trabajaron durante varias horas para controlar las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores del predio.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante la investigación se logró reunir un conjunto de elementos de convicción que permitieron atribuir provisoriamente la autoría de ambos hechos al imputado. Entre ellos se encuentran denuncias, declaraciones testimoniales, informes de la División Brigada de Investigaciones N.º 6, relevamientos del lugar, registros audiovisuales, análisis de telefonía celular, georreferenciación de dispositivos móviles, impactos de antenas e individualización del vehículo que habitualmente utilizaba, además de otras diligencias técnicas ordenadas por la Fiscalía.
La investigación también permitió establecer, siempre según la hipótesis fiscal, que el acusado frecuentaba habitualmente el sector donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, conocía los caminos internos del predio y mantenía conflictos vinculados con la utilización de esos terrenos. Asimismo, distintos testimonios incorporados al legajo refieren que el imputado habría reconocido su participación en el incendio ocurrido en mayo y manifestado su intención de volver a provocar otro en el mismo lugar, circunstancias que fueron consideradas junto al resto de las evidencias reunidas.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al señalar que el imputado registra una condena de ejecución condicional dictada en octubre de 2025, que existen riesgos procesales y que aún restan producir diversas medidas probatorias, entre ellas relevamientos y recepción de testimonios. Por su parte, la defensa particular negó la participación del acusado en los hechos.
Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías tuvo por formalizada la imputación y dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días, bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de imponer como medida de coerción la prohibición de mantener comunicación con cualquier persona vinculada a los hechos investigados.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, investiga las circunstancias que rodean la muerte de un niño de 2 años, ocurrida en las últimas horas en la zona sudeste de la ciudad de Salta.
Según consta en las actuaciones, fue llevado al hospital Papa Francisco por su madre y, ante la gravedad de la situación, fue derivado al hospital Materno Infantil, donde arribó sin signos vitales.
Ante el reporte de lo sucedido, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en la vivienda, así como el traslado del cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.
Las tareas investigativas se encuentran a cargo de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminologia del CIF.
El fiscal Espilocín solicitó ante el juez de Garantías en turno la detención preventiva de la madre del menor de edad y de su pareja.
Además, los familiares directos recibieron asistencia, asesoramiento y contención por parte de la trabajadora social Daiana Alanis, integrante del equipo interdisciplinario de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, encabeza una investigación por el homicidio de un hombre de 24 años, ocurrido en barrio San Antonio de esa ciudad.
Según consta en las actuaciones, el joven habría mantenido una discusión con el propietario del inquilinato donde residía su madre y en esas circunstancias, habría resultado herido en la zona torácica y falleció posteriormente en el hospital local.
Tras el reporte del hecho, se dispuso la presencia de personal de Criminalística para realizar las tareas de rigor y la intervención de personal de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
El cuerpo fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, donde se realizó la autopsia, cuyo informe preliminar indica que el deceso se produjo por shock hipovolémico por lesión cardíaca por arma blanca.
Cumplidas las primeras tareas, los investigadores identificaron como sospechoso a un hombre de 42 años, quien fue detenido y será imputado en las próximas horas.