La designación del Defensor del Pueblo de la ciudad permanece empantanada, sin plazos claros ni explicaciones formales para quienes se postularon al cargo.
En ese contexto, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta, uno de los aspirantes, cuestionó con dureza la falta de transparencia del procedimiento, la ausencia de notificaciones oficiales y la creciente sospecha de negociaciones políticas detrás de una convocatoria que, inicialmente, había despertado una fuerte expectativa ciudadana.
En diálogo con la prensa, Aguirre Astigueta sostuvo que el proceso “se enrareció” con el ingreso de figuras políticas de peso, denunció demoras injustificadas y reclamó que el Concejo Deliberante priorice la idoneidad, la independencia y el mérito por sobre cualquier padrinazgo partidario. Además, definió cuál debería ser el verdadero rol del Defensor del Pueblo: una figura incómoda para el poder, con autonomía técnica y capacidad real de control sobre la administración municipal.
El constitucionalista recordó que fue uno de los primeros en postularse y que siguió el proceso “al detalle”. Sin embargo, aseguró que en todos estos meses no recibió ninguna notificación formal por parte del Concejo Deliberante. Según reconstruyó, la convocatoria fue amplia y generó un fuerte interés social, pero con el correr de las semanas comenzaron a surgir especulaciones políticas que terminaron enturbiando el proceso.
El Defensor del Pueblo continúa vacante
