A partir de enero de 2026, el Gobierno nacional disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), transfiriendo todas sus funciones y fondos al Ministerio de Salud mediante el Decreto 27/2026. Esta medida generó fuertes cuestionamientos por parte de dirigentes del sector, que advierten que la cartera no estaba preparada para asumir toda la estructura y los recursos del organismo especializado.
"Pasaron todo el sistema de servicios y fondos para la discapacidad al Ministerio de Salud, pero sin que estuviera preparado para recibir esa estructura. Dilatan los tiempos desde diciembre, enero y febrero, y ya estamos en marzo, y no pagan nada. Pero no solo eso: la ley tiene tres patas que deberían garantizar estos fondos”, expresó María Elena Arce, presidenta de la Fundación ANIDAR, en declaraciones radiales.
Arce detalló que el fondo de pensiones por discapacidad, antes conocido como Discapacidad Laboral Activa y ahora con enfoque social, sigue sin pagos; que el fondo para talleres protegidos, que beneficia a unas seis mil personas en todo el país, entrega montos que no alcanzan ni para cubrir necesidades básicas y que la actualización inmediata prevista por la ley tampoco se cumple; y que la actualización de aranceles, que la ley establece según el costo de vida y prevé compensaciones por desfasajes, permanece virtualmente congelada y los pagos no se realizan.
"Los aranceles están congelados, dan lo que quieren y cuando quieren, pero ni siquiera eso se está abonando. Los prestadores seguimos brindando servicios sin cobrar, mientras la ley que debería proteger a las personas con discapacidad queda incumplida”, señaló.
Discapacidad: denuncian retrasos en los fondos
