Durante una reunión con la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, la comunidad Coya de Tolar Grande solicitó mayores controles para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en torno a la contratación de mano de obra y proveedores locales por parte de los proyectos mineros que operan en la región.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión, senador Miguel Calabró, y contó con la participación de sus pares Leopoldo Salva, Gustavo Carrizo y Gonzalo Caro Dávalos. Por la comunidad originaria asistió el cacique Mario Alancay.
Uno de los reclamos principales giró en torno a la falta de fiscalización efectiva que permita asegurar que las empresas mineras cumplan con los compromisos de contratar personal y servicios del primer anillo de influencia. Alancay denunció que existen maniobras de cambio de domicilio de personas que figuran como residentes de Tolar Grande sin vivir realmente allí, lo que distorsiona el padrón y perjudica a los verdaderos habitantes. “Somos menos 280 pero el padrón marca más de 600, con lo cual las empresas aducen cubrir los requisitos de contratación de mano de obra o proveedores locales, quedando fuera del sistema los habitantes verdaderamente originarios”.
También expresó que los habitantes de la Puna son contratados mayormente durante la etapa de construcción de los proyectos, pero luego son desplazados cuando comienza la fase productiva. En ese sentido, reclamó una mejora en las capacitaciones ofrecidas, que actualmente son “muy básicas”.
Agregó que la mano de obra de la Puna solo se ocupa durante el periodo de construcción de cada proyecto y, luego, al momento de entrar en producción, se da de baja, planteando la necesidad de capacitación en empleos calificados. Hoy las capacitaciones que brindan las empresas son muy básicas, no como las de las escuelas de oficios, sostuvo.
