La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta intimó al PAMI a derogar la Resolución 1107/2026, en medio de una creciente crisis en el sistema de salud previsional que podría dejar sin cobertura médica a miles de jubilados. La medida surge tras el fracaso de las negociaciones con médicos de cabecera y advierte sobre la situación de “indefensión” en la que quedarían los afiliados.
“Me parece una exageración. Cuando mirás el ahorro que podría llegar a realizarse con el PAMI en relación a la afectación de 120 mil personas afiliadas en nuestra provincia, no tiene relación con la incertidumbre social que provocás”, expresó el Defensor, Federico Núñez Burgos, en diálogo con la prensa.
Asimismo, advirtió sobre la situación económica de los jubilados, remarcando que más de la mitad perciben haberes mínimos. “No hay margen para que un jubilado tenga que absorber gastos adicionales en salud. Esto puede derivar en un deterioro de la calidad de las prestaciones y en la imposición de copagos”, indicó.
El defensor también criticó la falta de diálogo en la implementación de la normativa. “No fueron consultados ni los médicos de cabecera ni los afiliados. Se altera el modelo de prestaciones de manera unilateral y se genera una incertidumbre en una población que ya es vulnerable”, señaló.
“Las decisiones no pueden basarse solo en planillas de cálculo; deben tener una base humana y social. Hoy se priorizan variables económicas por sobre derechos, y eso se refleja en este tipo de resoluciones”, concluyó.
La Defensoría del Pueblo otorgó un plazo perentorio para que el PAMI responda a la intimación. En caso de no obtener una respuesta favorable, adelantó que avanzará con acciones judiciales colectivas para garantizar el acceso a la salud de los jubilados salteños.

