La Sede Fiscal Descentralizada Tartagal y la Fiscalía de Distrito de Salta ampliaron la imputación contra el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisnero por los delitos de cohecho agravado y tenencia ilegítima de arma de fuego.
El exlegislador habría realizado, a través de un intermediario, un ofrecimiento de dinero a un auxiliar fiscal con el objetivo de influir en el proceso judicial en el que ya se encontraba investigado por asociación ilícita y contrabando agravado.
En una audiencia de formalización realizada ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Soledad Hernández, la magistrada dejó sin efecto la libertad bajo caución real de 500 millones de pesos que le había sido concedida anteriormente y dispuso su prisión preventiva por 60 días.
La misma medida alcanzó a un segundo acusado, identificado por sus iniciales como J.M.A. y señalado como intermediario en la maniobra, a quien se imputó por cohecho agravado en concurso real con asociación ilícita, en calidad de miembro.
En representación del MPF intervinieron en la audiencia el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Salta, Eduardo Villalba, y la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la sede fiscal de Tartagal y a cargo de la investigación principal, en la que también hay otras cinco personas imputadas.
Asimismo, se autorizó el avance de peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU y otros dispositivos digitales secuestrados en los allanamientos realizados el martes pasado, luego de detectarse la maniobra de soborno.
Los procedimientos se llevaron a cabo en cinco inmuebles: dos en Campamento Vespucio —la vivienda de J.M.A. y su local comercial—, uno en Tartagal y otros dos en el barrio privado Green House de General Mosconi, en domicilios vinculados a Cisnero y a uno de sus hijos.
Cisnero ya se encontraba sometido a proceso penal desde el 23 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido e imputado por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el valor de la mercadería involucrada y por la cantidad de personas intervinientes. La investigación está vinculada a una presunta operatoria de contrabando de granos a gran escala.
Con posterioridad, el 30 de octubre de 2025, la Sala I del Tribunal de Revisión de Salta hizo lugar a un planteo de la defensa y le concedió el arresto domiciliario en una de las viviendas allanadas ahora en el barrio privado Green House, de General Mosconi. Más tarde, el 29 de diciembre pasado, ese mismo tribunal resolvió otorgarle la libertad bajo caución real fijada en 500 millones de pesos, junto con otras medidas restrictivas, beneficios que ahora quedaron sin efecto ante la ampliación de la imputación.
Al presentar el caso, la fiscal sostuvo que no se trató de un ofrecimiento improvisado, sino de una maniobra planificada para acercarse a un integrante del MPF.
Ampliaron la imputación al ex diputado Luis Gerónimo Cisnero
