En cumplimiento de la Resolución N°58, aprobada por unanimidad en la sesión del pasado 30 de abril, la Cámara de Senadores recibió en plenario a legisladores nacionales por la provincia con el fin de analizar el siguiente temario:
- Estado general de rutas nacionales en Salta
- Destino de los fondos provenientes y percibidos por el impuesto al combustible.
- Desfinanciación a Universidades Nacionales, CONICET e incumplimiento a la ley 27795 del financiamiento universitario.
- Quita de subsidios al transporte
- Cierre de delegaciones regionales, tales como Servicio Meteorológico Nacional, INTI, INPI, Energía Atómica, ENACOM, etc.
- Disminución de prestaciones por parte del PAMI, Programa Remediar, Programa SUMAR y programas asistenciales para enfermedades graves crónicas, planes oncológicos.
- Falta de control en la zona de frontera.
- Fondo de incentivo docente (FONID), gestión par su financiamiento vía nación nuevamente.
- Nueva ley de Discapacidad y los perjuicios que generaría.
En la apertura del encuentro, el senador Enrique Cornejo subrayó que la convocatoria tiene como fin buscar soluciones conjuntas a problemáticas nacionales que inciden directamente en la vida de los salteños y en ese contexto lamentó la inasistencia de los senadores nacionales del bloque de “La Libertad Avanza”, Emilia Orozco, Gonzalo Guzmán Coraita y de los diputados, Carlos Zapata y Eliana Bruno, aclarando que solo se recibieron justificaciones por las ausencias de los diputados, Bernardo Biella, Julio Moreno y Gabriela Flores.
En su informe la senadora Royón detalló, en materia de infraestructura, que en el caso de la Ruta Nacional 51, de los cinco tramos proyectados la Provincia deberá hacerse cargo de tres, mientras se aguardan pagos del Ministerio de Economía de la Nación. Ante este escenario, destacó la presentación de un Proyecto de Ley que busca cambiar la fórmula de cálculo del impuesto a los combustibles y su reasignación, de modo que estos fondos pasen directamente a las provincias para su ejecución inmediata.
Respecto a la Ruta Nacional 9/34, informó que aunque el proyecto está aprobado, Vialidad Nacional solo propone un bacheo, por lo que se insiste en la repavimentación del tramo actual como prioridad de seguridad. Asimismo, calificó como ‘inviable’ la intención de Nación de transferir rutas nacionales como la 40 a la provincia bajo el esquema de cobro de peaje, dado su importancia estratégica para el desarrollo turístico regional.
La legisladora advirtió que el Gobierno Nacional manifiesta un descreimiento en la obra pública, lo que genera demoras en pagos de proyectos ya presupuestados de gestiones anteriores. Esta situación se extiende al incumplimiento de la Ley de Discapacidad, la paralización de viviendas y el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Sobre el tema discapacidad, señaló que bajo el argumento de controlar fraudes se bajaron prestaciones esenciales, lo cual vulnera la normativa vigente.
En otro tramo, se refirió al cierre de organismos estratégicos como el INTI y el INTA. “La solución debe pasar por una gestión eficiente y no por la eliminación de organismos clave para el desarrollo regional”, sostuvo, al tiempo que rechazó el desmantelamiento de programas de salud como el “Remediar” y la quita del financiamiento docente en la provincia.
En términos macroeconómicos, se planteó que el recorte del gasto público nacional representa, en realidad, una transferencia de obligaciones por un valor cercano a los 7 puntos del PBI hacia las provincias en áreas críticas como salud, educación, seguridad y justicia. “De cada 100 pesos, 56 quedan en Nación; este modelo no es sostenible”, se afirmó en el plenario.
Finalmente, detalló su agenda legislativa, la que incluye proyectos para derogar el fondo de indemnización laboral por 2500 millones de dólares que desfinancia a universidades y jubilados; dar transparencia a los fondos fiduciarios; actualizar la ley de protección de datos personales y marcos regulatorios para biocombustibles y bonos de carbono. Asimismo, se destacó la urgencia de terminar la reversión del Gasoducto Norte para evitar el gasto de más de mil millones de dólares en importación de GNL, instando al Ministro de Economía, Luis Caputo, a rever el esquema tributario y de coparticipación para garantizar el federalismo y el empleo genuino.
A su turno, el diputado Outes entregó un informe por escrito y brindó una visión política centrada en la educación, la producción y la promoción del empleo como ejes prioritarios. “Buscamos el desarrollo del potencial de Salta mediante una posición de diálogo que permita generar empleo y formación para el bienestar de nuestra gente”, afirmó.
Outes advirtió que, si bien se acompañan reformas, existe una preocupación profunda por la política de achicamiento en infraestructura y vivienda, donde Nación pretende delegar toda responsabilidad al mercado. Resaltó la labor del Gobernador Gustavo Sáenz como gestor en un escenario complejo, subrayando que sin inversión vial se ve seriamente afectado el sector agrícola-ganadero y minero. “Vamos a pelear por la infraestructura; sin ella no hay desarrollo, y sin educación no formamos el capital humano necesario”, sentenció.
También alertó sobre el déficit de formación en los niveles secundario y terciario ante la postura cerrada de Nación respecto a la inversión educativa, señalando que la universidad no está llegando a la periferia. Finalmente, destacó que Salta tiene capacidad para generar hasta 100 mil puestos de trabajo en el sector minero, pero lamentó que el Gobierno Nacional solo evalúe el déficit fiscal.
Plenario en el Senado con Legisladores nacionales
