El Gobierno Nacional publicó dos decretos de necesidad y urgencia para revertir las modificaciones que había impulsado semanas atrás sobre Vialidad Nacional, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y otros organismos públicos.
La decisión se tomó después de que la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran los decretos delegados que buscaban reestructurar áreas sensibles de la administración estatal.
El Congreso logró así frenar medidas que hubieran modificado derechos laborales, organismos técnicos y hasta instituciones culturales. La marcha atrás se justificó en la necesidad de asegurar la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional.
Los decretos que quedaron sin efecto
Mediante los DNU 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno restituyó la vigencia de todas las normas que habían sido derogadas o sustituidas. En la práctica, quedaron sin efecto los decretos delegados que intentaban:
Modificar funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), subordinándolos a áreas del Ministerio de Agricultura y de Industria y Comercio.
Trasladar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a la órbita de Agricultura, Ganadería y Pesca, además de eliminar su Dirección Nacional.
Disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, organismos claves en la planificación de la infraestructura.
Desregular el transporte marítimo y habilitar buques extranjeros en el cabotaje nacional, con impacto directo sobre la Marina Mercante. La medida limitaba además el derecho a huelga en varios sectores considerados estratégicos.
Transformar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en un ente desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, lo que implicaba reducir su autonomía.
Fusionar el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en el marco de una reorganización cultural.
En los considerandos de los DNU, el Ejecutivo señaló que las restituciones buscan “no comprometer la continuidad operativa del Estado y resguardar principios de buena administración, juridicidad y simplificación administrativa”.
