Sergio Massa se reunió con rectores de universidades nacionales para analizar el escenario educativo, en medio de la pulseada por fondos entre el sector y el Gobierno nacional. En el encuentro, hablaron de "situación crítica" y reclamaron contra el ajuste y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Al respecto, Massa dijo ante los representantes de las casas de estudio: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”.
"Todos sabemos lo que representa la universidad pública en términos de movilidad social ascendente en la Argentina, y defenderla es una obligación que tenemos todos como sociedad”, añadió.
El cónclave entre el fundador del Frente Renovador y los rectores se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e incluyó el abordaje de la "crítica situación que atraviesa el sistema universitario argentino", al que definieron como "golpeado por el ajuste de los fondos necesarios para su funcionamiento y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno".
En esa línea, el exministro de Economía advirtió sobre la pérdida de talento que provocó el ajuste: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”
Y completó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”.

“¿Qué pasa si mañana Milei dice: ‘No vamos a competir en ninguna provincia’? ¿Quién se va a quejar?”, un dirigente de La Libertad Avanza ponía sobre la mesa una de las tensiones que atraviesan al oficialismo por estos días, y que es, de algún modo, un revival de 2025, aunque con otros condimentos.
La reforma política, con la suspensión de las PASO como aspecto central, es acaso la cuestión más relevante que queda por delante en el año político. Y el tablero incluye no solo la fantasía de un peronismo dividido, sino también una negociación con los gobernadores, que mayoritariamente adelantarán sus comicios para desenganchar la suerte del pago chico de la contienda nacional. También a los libertarios territoriales, que miran con atención cómo sus aspiraciones pueden hacerse polvo si la negociación por arriba incluye deponer las banderas en las provincias.
La pregunta inicial deja al descubierto la pulseada entre los defensores de la tesis de jugar a fondo en todos los distritos, aun a riesgo de herir a los mandatarios aliados, y quienes prefieren ceder terreno por una causa mayor: acompañamiento en el Congreso y en la aventura reeleccionista de Milei. El dirigente libertario, que mira una posible candidatura en su provincia, sabe que entre las filas violetas no abundan cuadros ilustres y que los soldados propios con chances reales de acceder a una gobernación son contados. “Sobran los dedos de una mano”, dice.
Da un ejemplo: entre los dispuestos a dar pelea aparece Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, que tiene aspiraciones en San Luis. Sin embargo, en el propio oficialismo relativizan sus posibilidades. Recuerdan que, así como en 2023 Abdala se alejó del PRO porque no había sido elegido para competir por la gobernación, ahora podría encontrarse con un escenario similar. La diferencia es que Milei ya habría cerrado un entendimiento con Claudio Poggi, el actual mandatario provincial.
Esos deseos chocan las palabras de Martín Menem, quien días atrás en un acto con militantes en la localidad de Tigre, aseguró que LLA competirá en todos lados. Las palabras tuvieron rebote interno. Y es que en Casa Rosada advertían allí una de las inconsistencias del discurso oficial: mientras Diego Santilli congrega a los gobernadores con una canción, en otros foros se toca otra. Todos tienen sus reparos o atenuantes. Respecto a los dichos de Menem, su sector les bajó el tono y pidió ponerlos en contexto: el de un mitín con militantes. “¿Qué les va a decir a concejales, gerentes de ANSES, militantes de barrio? ¿Que se olviden de todo porque los van a correr? Era un acto cerrado, y dio una arenga lógica, no entendemos por qué tomó esa relevancia”.
Las críticas puertas adentro también apuntan a los profetas de las alianzas. “Está muy bien que Santilli se junte con los gobernadores para negociar los votos en el Senado. Se juntó hoy con Orrego (gobernador de San Juan), pero se podría haber juntado con mi tía Marta. Los dos son buenas personas y ninguno de los dos tiene senadores”, espetaban el jueves quienes miran con recelo los acuerdos con los jefes provinciales. En especial porque intuyen un escenario de balotaje en 2027, donde, por deporte, los gobernadores tenderán a la traición. “Una vez cerrada la discusión en octubre por diputados y senadores, en noviembre no van a mover un dedo. Pero es lo normal: lo mismo le hicieron los intendentes peronistas a Kicillof el año pasado”, señalaban.

Lejos quedó la idea de mostrar fuerza con una cancha llena para festejar el 17 de octubre. Sin quorum, la CGT optó por celebrar la fundación del peronismo un día antes, el viernes 16, con un acto pequeño en la sede de Azopardo 802 y un festival musical a la noche. Por ahora, sólo irán dirigentes sindicales, pero no se descarta que inviten a políticos. Algunos sectores querían evitar el sábado para no coincidir con el acto del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
El 17 de octubre no es una fecha cualquiera. Es el mito fundador del peronismo ocurrido en 1945, cuando una Plaza de Mayo llena rescató a Juan Domingo Perón, detenido en la Isla Martín García. Existía una expectativa por lo que haría la Confederación General del Trabajo (CGT) de cara al 2027 y la interna peronista, pero la demora de definiciones generaba dudas. Una semana atrás Jorge Sola, cosecretario general de la central, afirmó que no habían discutido el tema en una reunión de la mesa chica. El panorama no pintaba bien.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para analizar la relación bilateral, los proyectos de desarrollo e inversión de empresas estadounidenses en el país y el contexto político y económico local.
El encuentro se produjo pocas horas después de que el representante diplomático anticipara un fuerte respaldo económico a la Argentina. Durante un foro enfocado en el sector energético, Lamelas señaló la posibilidad de movilizar inversiones de hasta u$s20.000 millones en proyectos estratégicos, en un mensaje de apoyo al rumbo macroeconómico impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Ante empresarios e inversores del sector, el diplomático destacó el camino económico que busca consolidar la administración libertaria. “Estamos poniendo la plata sobre la mesa. Creemos en este camino que está tomando la Argentina y creemos en ustedes”, expresó, en una señal de respaldo político y financiero a la gestión nacional.

Javier Milei arranca la semana en una de las provincias que La Libertad Avanza presigue con más ambición electoral de cara a las elecciones del 2027. Este lunes participará de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, acompañado por Karina Milei y Diego Santilli, luego de un evento libertario con críticas explícitas al gobernador Rolando Figueroa que siembra más dudas sobre la factibilidad de acuerdos entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales para suspender las PASO.
Será la segunda visita del Presidente a Neuquén donde lo recibirá el gobernador Figueroa junto a directivos de empresas petroleras que invierten en Vaca Muerta. Por la noche, Milei tiene previsto seguir viaje pero rumbo a España. La postal energética tiene lectura electoral. En esa provincia patagónica La Libertad Avanza presenta a Nadia Márquez, senadora nacional y longa manu de Karina en la Cámara Alta, como su candidata a gobernadora propia.
Márquez, con aspiraciones de convertirse en candidata a gobernadora de su provincia en 2027, es la elegida por la secretaria general de la presidencia para ocupar la jefatura de la comisión de Acuerdos, el lugar donde se dictamina sobre la designación de los jueces y fiscales, además de la eventual cobertura de vacantes para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Inflación, superávit, servicios de deuda, crecimiento, gasto: las principales proyecciones del Presupuesto 2027 se encuentran desplazadas detrás del debate de elementos coyunturales. Entre ellos, se destaca la discusión por los fondos para universidades. Por eso, rectores y diputados opositores diseñan una estrategia que vaya más allá de la Marcha Federal del 15 de octubre.
"Tenemos expectativa en lo judicial", aseguró una autoridad del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la prensa, en donde no descartan avanzar en una denuncia penal que implemente sanciones más severas a las multas por incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Pero además, en el encuentro que mantuvieron con diputados peronistas apuntaron a la posibilidad de incluir esa misma ley en el dictamen del Presupuesto 2027 para darle un nuevo blindaje.

El juicio oral por las causas Los Sauces y Hotesur, en las que está acusada Cristina Kirchner, comenzará este viernes 23 de octubre a las 10, con ambos expedientes unificados y una modalidad excepcional que permitirá a los imputados participar de manera virtual durante la audiencia inicial.
Así lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara la decisión que había dispuesto realizar los debates por separado.
La resolución establece que la conexión remota estará habilitada únicamente para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y las demás piezas procesales previstas en el artículo 374 del Código Procesal Penal. Los abogados defensores, en cambio, deberán presentarse personalmente ante el tribunal.
El juez José Michilini fundamentó la decisión en la proximidad de la fecha de inicio y las dificultades logísticas para convocar a todos los acusados en tan poco tiempo, especialmente a quienes viven fuera de la jurisdicción.
“Esta circunstancia, ajena a la organización oportunamente establecida por el Tribunal, no debería traducirse en una nueva postergación del juicio”, sostuvo el magistrado.

La bancada radical reclama para votar el Presupuesto 2027 que se refuercen las partidas destinadas a atender las personas con discapacidad y se mantenga la actualización automática de la Asignación Universal de Protección Social, el cual el oficialismo quiere sancionar el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados
La UCR tiene seis legisladores que son claves para que La Libertad Avanza (LLA) pueda sancionar el Presupuesto 2027, dado que se trata de un aliado que siempre acompaña los proyectos del oficialismo y con el cual busca reeditar alianzas electorales en varias provincias administradas por el radicalismo.
A diferencia del Senado, la bancada del radicalismo de diputados -que preside Pamela Verasay- responde a los mandatarios de la UCR de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdes; y del PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.
Los radicales respaldan el dictamen de mayoría sobre discapacidad que se votará el próximo miércoles, el cual mantiene el nomenclador nacional y establece un mecanismo permanente para actualizar las prestaciones por discapacidad, así como las pensiones no contributivas por invalidez.
En ese sentido, reclaman que se eliminen los artículos del Presupuesto que modifican la actual ley de discapacidad y se incluyan los artículos de ese despacho, así como las partidas correspondientes para cumplir con la norma. 
Esta posición también es respaldada por el resto de los bloques que forman parte de Fuerzas del Cambio, el MID, el PRO y Por Santa Cruz.

Asignaciones
Otro punto clave que pide la UCR es que se mantenga la actualización por inflación de la Asignación Universal para Protección Social, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar. 
El Poder Ejecutivo eliminó el ajuste automático por inflación (la fórmula de movilidad) de estas asignaciones. 
El Gobierno destina unos 9,18 billones de pesos al pago de esos beneficios sociales, que alcanzan a más de 4 millones de personas.

Universidades
Los radicales aguardarán la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para definir qué postura adoptarán, ya que el Gobierno estableció recursos por un total de 7,3 billones de pesos y las universidades piden 11 billones de pesos.
El diputado del MID, Eduardo Falcone, indicó a la Agencia Noticias Argentinas que se deben incluir los puntos del dictamen de mayoría sobre la ley de discapacidad y reforzar las partidas previstas en el Presupuesto Nacional. 
Además, solicitó formalmente el incremento de las Becas Manuel Belgrano, las cuales están destinadas de forma exclusiva a impulsar carreras estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.
También pidió que se destinen de "manera urgente partidas presupuestarias y la reasignación de fondos remanentes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)" para reactivar la construcción de la autovía en el tramo Mercedes - Suipacha (y su posterior continuidad hacia Bragado). 
En la misma línea, solicitó para la Ruta 3 la reactivación y finalización del tramo de 27 kilómetros entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.

Discapacidad
El Gobierno incluyó cuatro artículos que eliminaban puntos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta fin de año, y ahora el oficialismo analiza anular estos puntos del Presupuesto 2027, los cuales son rechazados por todo el arco opositor.
La inclusión de estos artículos generó una fuerte polémica entre el oficialismo y los bloques opositores, incluidos los aliados de la Casa Rosada.
Por ese motivo, La Libertad Avanza promueve ahora un proyecto junto a otros bloques para mantener varios puntos de la ley en vigencia. 
La bancada de LLA quiere debatir esa iniciativa este miércoles, mientras que la oposición busca sancionar una prórroga de la emergencia de discapacidad por un año más.
El Ministerio de Economía incluyó en el Presupuesto recursos por un monto de 7,25 billones de pesos, de los cuales 6,094 billones serán destinados a Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, y 1,1 billones para la atención médica de beneficiarios de Pensiones No Contributivas.
Sin embargo, con la nueva ley habrá un impacto fiscal para el 2027 de unos 600.000 millones de pesos, por lo que se deberán reforzar las partidas destinadas a ese fin.

Arranca este martes el debate por el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados con la presencia del Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, en medio de las negociaciones cruzadas con los gobernadores para intentar suspender las PASO y con la interna abierta de La Libertad Avanza por el recorte a las partidas de discapacidad.
Tras la reunión entre Javier Milei y Patricia Bullrich, el oficialismo intentará ordenar su tropa para encarar el último bimestre del periodo ordinario que finaliza el 30 de noviembre. El Presupuesto 2027 empieza a discutirse el martes a partir de las 12:00 en la comisión de Prepuesto y Hacienda sin la presencia de Luis Caputo y con un volantazo de entrada que expone la interna de La Libertad Avzanza.

Javier Milei llegó a Madrid con un objetivo político que excede la agenda económica y académica de su visita (sexta a España). En Balcarce 50 imaginaban el viaje como una oportunidad para reforzar los vínculos con la derecha española, en la antesala de las elecciones generales anticipadas previstas para el 29 de noviembre. Sin embargo, a medida que se acerca el momento de sus reuniones, algunos de los encuentros que el Gobierno daba por confirmados quedaron sujetos a revisión.
La primera señal llegó desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid todavía no confirmó una reunión con el mandatario. “No lo tenemos cerrado en agenda”, transmitió uno de sus asesores, según publicó el diario El País. La definición contrasta con la información que difundieron desde Casa Rosada, donde el encuentro figuraba entre las actividades previstas para el miércoles y todavía, insisten, sigue en agenda.
La situación también presenta diferencias respecto de las expectativas iniciales sobre Santiago Abascal. El presidente de Vox no participará del encuentro previsto en la Fundación Disenso porque continuará con su agenda de campaña electoral, que lo llevará este miércoles a La Coruña y Avilés. Según informó el partido, Abascal mantuvo una conversación telefónica con Milei antes de su viaje y le comunicó que no podría acompañarlo en Madrid.

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo Máximo rechazó la posibilidad de reunir en un único juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, en las que ambos están acusados de presuntas maniobras de lavado de dinero.
Durante una audiencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, el abogado Carlos Alberto Beraldi advirtió que avanzar con la unificación en las actuales condiciones podría impedir que el debate comience en la fecha prevista y derivar en una sentencia inválida.
Para la defensa, si los procesos se unen, el juicio no podría comenzar en la fecha prevista y se estaría cometiendo una seria irregularidad. “Queremos llegar a una sentencia válida y eso no va a ocurrir si se hace lugar al planteo del fiscal”, sostuvo Beraldi, al cuestionar el pedido del Ministerio Público Fiscal.
El planteo se produjo en una audiencia en la que los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña escucharon los argumentos de las partes. Ahora, el tribunal deberá resolver si mantiene el esquema de dos juicios sucesivos dispuesto por el Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5) o si vuelve a unificar ambos expedientes, tal como reclama la fiscalía.
La discusión tiene una fecha clave: el juicio por Los Sauces está previsto para el 23 de octubre, mientras que el debate por Hotesur fue programado para el 19 de marzo de 2027.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó el intento de la oposición de rechazar el DNU 70/23. Además, confirmó que Javier Milei buscará la reelección presidencial en 2027 y adelantó que La Libertad Avanza trabaja para consolidar su presencia electoral en todo el país.
Durante una entrevista, el titular de la Cámara baja abordó los principales desafíos políticos y económicos del oficialismo, desde la situación de la actividad y el empleo hasta las negociaciones con los gobernadores y la agenda legislativa.
En materia electoral, Menem ratificó la intención del oficialismo de avanzar con la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El legislador argumentó que el sistema representa un gasto para el Estado y sostuvo que los partidos políticos deberían financiar y organizar sus propios mecanismos de selección de candidatos, sin trasladar ese costo al conjunto de los contribuyentes. En paralelo, confirmó que La Libertad Avanza mantiene conversaciones con distintos gobernadores para construir acuerdos legislativos y explorar eventuales alianzas electorales.

El Gobierno y el PRO mantuvieron una nueva reunión en Casa Rosada para abordar los principales proyectos de la agenda legislativa oficialista. El encuentro tuvo entre sus ejes el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, dos iniciativas para las que la administración de Javier Milei busca reunir apoyos en el Congreso.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió al presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis. También participaron el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.
Según la información oficial, durante la conversación se analizaron además la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la ley de biocombustibles. La comunicación difundida tras el encuentro no detalló compromisos de votación ni modificaciones acordadas sobre los textos.
La reunión dio continuidad al canal de negociación que ambos espacios abrieron en agosto, después de un contacto entre Mauricio Macri y Karina Milei. En aquella oportunidad, las delegaciones habían acordado sostener encuentros periódicos para coordinar el trabajo parlamentario y explorar entendimientos políticos hacia 2027.

La quinta Marcha Federal Universitaria terminó su acto central frente al Congreso y las columnas comenzaron a retirarse, tras una jornada de reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización estuvo atravesada por incidentes entre manifestantes y efectivos de seguridad, con lanzamiento de gases por parte de la Policía y piedras arrojadas por algunos manifestantes en el sector de las vallas.
Estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades universitarias, gremios y organizaciones sociales se movilizaron a las inmediaciones del Congreso. En el documento de la convocatoria, la comunidad universitaria advirtió que está en riesgo el funcionamiento de las universidades en 2027 y reclamó una recomposición de los salarios, las becas y las partidas presupuestarias.
En paralelo, la sesión especial de la Cámara de Diputados fracasó por falta de quórum, porque la oposición no logró reunir los 129 legisladores necesarios. El temario incluía la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y el rechazo al DNU 70/23. El colectivo de la discapacidad también se hizo presente frente al Palacio Legislativo para exigir la continuidad de las prestaciones.
Los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad desplegaron un operativo conjunto, con cortes de calles y vallados en el centro porteño. Durante los incidentes, diputados salieron a la calle y Germán Martínez reclamó que cesara la represión. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a quienes protagonizaron los hechos de violencia y advirtió que deberán responder ante la Justicia.
La jornada también incluyó el paro nacional de 24 horas de ATE, que se movilizó al Congreso, y la continuidad de la huelga de 96 horas de los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI, iniciada el martes y prevista hasta este viernes 16.

El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del directorio de la entidad, Juan Ernesto Curutchet, por las operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas durante 2025. Además, solicitó la detención inmediata de los tres funcionarios, al considerar que sus posiciones podrían representar un riesgo para el desarrollo de la investigación.
La presentación se realizó en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras de defraudación contra la Administración Pública y abuso de autoridad. Dalbón pidió que los hechos también sean analizados bajo la figura de asociación ilícita, sin perjuicio de otras calificaciones que puedan surgir de las pruebas.
La denuncia se basa en el informe de auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN) mediante la Resolución 205/2026.
Según el documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas.
Para el abogado, la magnitud de esos fondos y las dudas sobre la estrategia financiera utilizada justifican determinar quién tomó las decisiones, qué objetivos se perseguían y si se cumplieron los deberes legales de los funcionarios responsables.

A tres semanas de la visita de León XIV a la Argentina, el vicepresidente primero del Episcopado, Ángel Rossi, volvió a alertar sobre la situación social y se despegó de los dichos del Presidente formulados este lunes durante una conferencia del sector energético en Neuquén. Allí Javier Milei tildó de "pelotudez" la idea de que la gente no llega a fin de mes y se preguntó cómo se vive diez días sin comer ni beber. Y hoy volvió a la carga en redes contra los periodistas que lo cuestionaron.
La respuesta de la Iglesia católica tardó poco en llegar. Consultado en una rueda de prensa luego de un acto con sindicatos de su provincia, el arzobispo de Córdoba fue categórico: "Si la gente dice que no llega, es porque no llega. No creo que a nadie le dé gusto decir eso". Y remató: "Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente".
La voz pesa tanto como el mensaje. Rossi es jesuita, fue designado cardenal durante el papado de Jorge Bergoglio y ocupa el cargo de vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina, donde secunda a Marcelo Colombo.

La Libertad Avanza prepara un proyecto para incluir en el temario del Senado antes del fin de año: la reforma de la ley 26.657 de salud mental, que busca cambiar criterios para concretar internaciones y la modalidad del tránsito de los tratamientos. Los aliados provinciales piden que se garanticen partidas presupuestarias para la implementación de los programas de contención.
El proyecto se volvió a insertar en el plenario de las comisiones de Salud Mental y Legislación General, luego de su ingreso al Congreso en mayo de este año. El oficialismo logró conseguir firmas para el dictamen y así buscar la media sanción de la propuesta en este mismo período de sesiones ordinarias, que termina el 30 de noviembre.
Desde la oposición, Jorge Capitanich admitió que la actual ley "no cumplió en términos de objetos, alcances e inversión en infraestructura y es absolutamente necesario adecuar la misma a una lógica dinámica que resuelva esta problemática que crece". Sin embargo, consideró que "la internación involuntaria se vuelve más arbitraria y al mismo tiempo más difícil de concretar en ciertos momentos" y apuntó que "la descentralización de las funciones a las provincias sin recursos ni una cooperación en validación de procesos estructurales de resolución puede agrabar el problema y debilitar institucionalmente la capacidad de abordaje".
Sobre este punto volvieron dos aliados provinciales del Gobierno: el misionero Carlos Arce y la correntina Mercedes Valenzuela. "Falta un financiamiento que no está expresado en este proyecto. Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, para que se traduzca en partidas presupuestarias identificables", sostuvo Arce, que además solicitó la inclusión del Consejo Federal de Salud y Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones porque "son los que tienen el mejor diagnóstico, porque es imposible un proyecto de ley sin su concertación activa". Ambos dieron su apoyo al dictamen, con esta disidencia parcial.

Los médicos de cabecera y odontólogos del PAMI anunciaron un paro nacional de 96 horas que comenzará mañana y se extenderá hasta el viernes, en reclamo de una actualización de sus ingresos. Durante las cuatro jornadas quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina y las derivaciones a especialistas, mientras que solo se garantizará la atención de urgencias.
La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un fuerte deterioro de los honorarios y dificultades para afrontar los costos de funcionamiento de los consultorios, especialmente por el encarecimiento de los materiales utilizados en las prácticas médicas y odontológicas.
El conflicto se concentra en el valor de las cápitas, el monto fijo mensual que PAMI paga a los profesionales por cada afiliado asignado, independientemente de la cantidad de consultas que realice durante ese período.
Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2700 por afiliado y reclaman elevar esa suma a $4500, lo que representa un incremento de casi el 67%. En el caso de los odontólogos, cobran $374 por paciente y exigen una actualización que lleve ese monto a un piso de entre $1500 y $3000.
Según denunciaron desde APPAMIA, los ingresos reales de los profesionales “cayeron a la mitad desde abril”, una situación que motivó varios meses de reclamos y que ahora derivó en la convocatoria a una medida de fuerza de alcance nacional.
Paro en PAMI: qué servicios estarán suspendidos y cómo afectará a los afiliados
El cese de actividades afectará la atención habitual de los jubilados y pensionados que utilizan los servicios de médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país, según informaron los profesionales que convocaron a la protesta.

Qué servicios no se prestarán durante los cuatro días de paro:
No se realizarán consultas de rutina.
No se atenderán los turnos previamente programados.
Tampoco se efectuarán derivaciones a especialistas ni transcripciones de recetas habituales, dos prestaciones que forman parte del seguimiento médico de los afiliados.
Los únicos servicios que permanecerán garantizados serán:

Las guardias mínimas.
La emisión de recetas consideradas de urgencia médica.
Ante este escenario, las entidades médicas recomendaron a los afiliados que tengan turnos asignados entre el martes y el viernes que se comuniquen previamente con sus profesionales habituales para confirmar la suspensión y coordinar una eventual reprogramación.

El presidente Javier Milei aseguró que la Argentina está “a pocos pasos del millón de barriles diarios” de producción de petróleo y defendió el rumbo de su política energética, en el marco de la apertura de la AOG Patagonia 2026. El mandatario destacó el crecimiento de Vaca Muerta, cuestionó el modelo de las gestiones anteriores y sostuvo que la eliminación del barril criollo fue uno de los puntos de partida de la transformación del sector.
“La misma Vaca Muerta que en 2023 producía unos 310 mil barriles diarios en promedio, gracias al cambio de modelo de nuestra gestión, hoy produce más del doble. En agosto de 2026 superó los 670 mil barriles diarios”, afirmó Milei durante su discurso.
“Hoy por primera vez en la historia nos encontramos a pocos pasos del millón de barriles diarios”, agregó. El Presidente también vinculó el desarrollo energético con el desempeño de las exportaciones y defendió las medidas de su Gobierno frente a las críticas por el tipo de cambio, los subsidios y el esquema económico.

La Fundación Agustina Lerena presentó una demanda colectiva por más de u$s26.000 millones contra las empresas pesqueras que operan en torno a las Islas Malvinas y contra una extensa red de compañías vinculadas con su actividad, a las que atribuye responsabilidad por la explotación de recursos en el Atlántico Sur sin autorización de la Argentina.
La iniciativa es impulsada por el especialista y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, César Lerena, con patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, e incluye un reclamo económico que oscila entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, según el criterio de valuación de las capturas utilizado.
En concreto, el texto apunta contra firmas españolas, sociedades mixtas relacionadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente vinculadas con las operaciones, además de bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.
El escrito sostiene que la explotación de los recursos se desarrolla sin autorización argentina al menos desde 1989 y que esa actividad genera perjuicios ambientales, económicos y sociales. En esa línea, solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías demandadas en las aguas en disputa y las condene a reparar los daños denunciados.

El gobierno de Javier Milei enfrentará este jueves una nueva demostración de fuerza de las universidades públicas, uno de los sectores con los que mantiene un conflicto desde el inicio de su gestión y con el que todavía no consigue encauzar una solución. La quinta Marcha Federal Universitaria llegará después de sucesivos paros, protestas estudiantiles y fallos judiciales que obligan al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que el Presidente vetó y que el Congreso ratificó.
La movilización confluirá frente al Congreso, donde la oposición intentará avanzar ese mismo día con el rechazo del DNU 70/2023. La coincidencia de ambas convocatorias amenaza con transformar el reclamo universitario en una jornada de mayor presión política sobre la Casa Rosada, que deberá afrontar las protestas mientras Milei se encuentre en Washington, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.
A diferencia de otros conflictos sectoriales, la disputa por el financiamiento universitario excede la discusión salarial y presupuestaria. La defensa de la educación pública tiene un fuerte arraigo social y permite reunir a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones de distintas pertenencias políticas. Esa amplitud representa una dificultad para el Gobierno, que hasta ahora no consiguió desactivar las protestas ni cerrar la controversia con las universidades.
La tensión se profundizó durante la última semana, cuando los rectores trasladaron una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Cabildo de Buenos Aires para reclamar fondos, mientras representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y exigieron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, después de una reunión frustrada con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, fueron los reclamos que se escucharon en el hall del Palacio Pizzurno.

De las calles a la Justicia y vuelve a complicar al Gobierno
La disputa sumó un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 con la que el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios. El magistrado ordenó su cumplimiento inmediato, pero el Gobierno apeló la sentencia de primera instancia.
La norma había sido aprobada en agosto de 2025 y posteriormente vetada por Milei. Sin embargo, ambas cámaras del Congreso reunieron los dos tercios necesarios para insistir con su sanción. El Ejecutivo la promulgó, aunque suspendió su ejecución bajo el argumento de que los legisladores debían determinar las fuentes de financiamiento.
La decisión de mantener suspendida una ley ratificada por el Congreso abrió un frente judicial que se suma al desgaste político tras reiteradas movilizaciones. “Hoy puede ser la ley de financiamiento universitario, mañana cualquier otra. No está bien que la ley se cumpla solamente cuando te gusta”, cuestionó el presidente del CIN, Franco Bartolacci, durante la conferencia de prensa de los rectores en el Cabildo.
Las restricciones presupuestarias profundizaron las pérdidas de ingresos en todo el sector. Según un estudio del Centro de Investigación de Economía Nacional de la UBA, los recursos universitarios registraron en julio una caída real del 40,5% respecto del mismo mes de 2023, mientras las casas de estudio y los gremios calculan una pérdida salarial acumulada del 31,2%.
En paralelo, el Gobierno sostiene que los incrementos salariales otorgados superaron la inflación del período utilizado en sus presentaciones judiciales y defendió la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. También reclamó mayores auditorías y cambios en los mecanismos de distribución de recursos, aunque esas propuestas no consiguieron acercar posiciones con las autoridades universitarias.

El respaldo sindical y la disputa por el Presupuesto 2027
La quinta marcha incorporará además un componente sindical que amplía la convocatoria. La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) —conformado por las dos CTA, ATE y los gremios más combativos— llamaron a participar de la movilización, a la que convocaron las federaciones docentes y no docentes y las organizaciones estudiantiles.
El respaldo de las centrales obreras busca darle mayor volumen a una protesta que coincidirá con una sesión especial de Diputados convocada para las 14. La oposición pretende rechazar el DNU 70/2023 y tratar iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, otros asuntos que generan diferencias entre el oficialismo y distintos bloques legislativos.
Para la Casa Rosada, el riesgo político no se limita a la cantidad de manifestantes que puedan concentrarse frente al Congreso, sino a que la confluencia de reclamos aumente la presión sobre los legisladores aliados que necesita el oficialismo, tanto para sostener el DNU como para avanzar con su agenda parlamentaria.
El conflicto universitario también atravesará las negociaciones por el Presupuesto 2027. Mientras el Gobierno propuso destinar $7,3 billones a las universidades, el CIN reclama $11 billones para garantizar su funcionamiento. La diferencia anticipa una nueva discusión en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con bloques que ya acompañaron los reclamos del sector.
La posición presidencial tampoco muestra señales de flexibilización. En un mensaje publicado el viernes, Milei volvió a cuestionar el uso político de causas vinculadas con las universidades, las jubilaciones y la discapacidad. “No defienden derechos. Defienden cajas”, escribió en su cuenta de X, al reclamar controles sobre el destino de los recursos públicos.
Esa confrontación mantiene abierto un frente particularmente sensible para el Gobierno. Las universidades lograron sostener sus demandas en las calles, obtener respaldo legislativo y avanzar judicialmente, sin que ninguna de esas instancias haya permitido resolver el conflicto. El jueves volverán a movilizarse, esta vez con el Congreso como escenario de una disputa que amenaza con extenderse a la negociación presupuestaria del próximo año.

Los abogados con matrícula federal activa votarán este martes 20 de para renovar las cuatro bancas les corresponden en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Cerca de 184 mil matriculados están habilitados para participar y los elegidos ocuparán el cargo en el período 2026-2030.
El Consejo tiene 20 sillas y entre sus funciones están el control disciplinario y la remoción de los jueces federales y nacionales. También interviene en la selección de magistrados.
Con la elección de este martes termina el mandato de los consejeros Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Las bancas se reparten por sistema D'Hondt, según el porcentaje de cada lista.

En un plenario de comisiones, el oficialismo y los aliados dictaminaron y dejaron listo para llevar al recinto de Diputados el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada que ya fue aprobado por el Senado, pero con un cambio. El texto despachado incluye la derogación del artículo del DNU 70/23 que deroga la ley que le pone límites a la venta de tierras rurales en manos de extranjeros sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. De paso, la Casa Rosada se garantizaría que la oposición no tenga quorum en la sesión prevista para este jueves, con el objetivo de rechazar el polémico decreto de Javier Milei.
Las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales avanzaron con la firma del dictamen de la ley que tiene como autor al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. Se trata del texto que apuntaba proteger la propiedad privada, generó fuerte polémica en el Senado ya que, entre otros ítems, derogaba la ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo que, entre otros ítems, establece un límite del 15% a la venta de tierras en personas que no residan en la Argentina.
Durante el debate en la Cámara alta, el texto jamás reunió la venia de los aliados de la senadora Patricia Bullrich. El “trapo” que exhibió la Selección con la consigna “Las Malvinas son argentinas”, junto con las movilizaciones en la calle terminaron de dinamitar el avance de la iniciativa. Así fue que, en la previa a su votación en el recinto, la jefa de bloque del oficialismo retiró ese capítulo. Minutos antes de la votación, los libertarios también quitaron los cambios a la ley del Manejo del Fuego. Por lo que el texto sancionado quedó reducido a su mínima expresión. Y prácticamente durmió el sueño de los justos en Diputados.
Con el fallo de la Corte de semanas atrás que activó el artículo 154 del DNU 70/23, dejando en pie la derogación de la ley de Tierras, la oposición convocó a una sesión para este jueves a fin de voltear el decreto, que ya fue rechazado en el Senado, junto con la prórroga a la Emergencia en Discapacidad y las leyes de desendeudamiento.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, aseguró que la sesión en la que la oposición busca derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei que, entre sus artículos determinó la eliminación de la Ley de Tierras rurales, “no tiene sentido”, tras el fallo de la Corte Suprema.
“Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren es generar algún tipo de caos, porque esto ya está solucionado, ya no hay ningún motivo. ¿Saben qué pasa si se cae este DNU? Para que la gente sepa: vuelve la Ley de Alquileres y van a pagar un 30% más“, sostuvo Menem.
“Esta gente, con tal de hacer daño, son capaces de intentar llevarse puesto todo”, reiteró el funcionario, al tiempo que agregó en declaraciones a LN+: “Vuelve la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, voltean el programa de Cielos Abiertos. Vuelve todo para atrás, es un retroceso. Todo eso escondiéndose en la Ley de Tierras, que ya no tiene sentido”.
Además de la Ley de Tierras, el llamado a sesión incluye temas como Endeudamiento familiar y Emergencia nacional en Discapacidad, dos ejes de alta sensibilidad para el Gobierno.
Consultado sobre la situación económica actual, Menem aseguró que “no se perdieron puestos de trabajos”. “Venimos de un país quebrado, un país incendiado, hay que ponerlo sobre la mesa a esto y obviamente cuesta. ¿En que momento de la campaña el Presidente dijo que esto iba a ser un camino color de rosa? Hablo de reformas de primera, segunda y tercera generación".
“La Argentina crece por tercer año consecutivo, cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo. No subió el desempleo sino que creció el empleo informal”, añadió al respecto el funcionario.
“Milei está poniendo a la Argentina de pie y eso no es fácil. Achicó un montón los gastos del Estado. Es el camino correcto. Se están generando un montón de cambios, algunos cuestan más, otros menos”, reiteró Menem.

La suspensión de las PASO
En medio de las negociaciones con los gobernadores para reunir los votos para suspender las PASO para las próximas elecciones, Menem destacó que “antes que termine noviembre, vamos a estar en orbita”.
“Creo que va a ser muy positivo que avancemos en ese sentido”, afirmó el riojano. Consultado sobre si en la Cámara de Diputados están los votos para aprobar la iniciativa, Menem dijo: “Si logramos acordar con los gobernadores, eso tiene incidencia en la Cámara. Si pasa el Senado, en Diputados no debería haber problemas”.
Los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) ratificaron este domingo su apoyo a la eliminación de las PASO, tras su regreso de la gira por Francia que compartieron con el presidente Javier Milei.
Entre sus principales argumentos, Frigerio planteó que entre elecciones provinciales y nacionales, el calendario de 2027 podría obligar a votar hasta cinco veces en caso de sostenerse las primarias.
Por su parte, Torres explicó que Chubut ya eliminó las PASO y que sostendrá la misma posición en la discusión nacional. En una entrevista radial, dijo: “El activo más importante en la política es la coherencia, y nosotros a nivel provincial trabajamos en uno de los códigos electorales más modernos del país que contempla ficha limpia para cargos ejecutivos, se eliminaron las PASO y tenemos boleta única de papel. Yo soy un convencido de que ese modelo debemos replicarlos a nivel nacional. Tenemos que ser consecuentes con lo que profesamos en nuestro distrito”.

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse este martes a las 13 en la Casa Rosada, en un encuentro encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo será ordenar la estrategia legislativa del oficialismo, avanzar en los consensos con los gobernadores y fortalecer el vínculo con los sectores aliados de la oposición, mientras Javier Milei se encuentra de viaje en España.
En paralelo, el Congreso afrontará una semana de debates relevantes para el oficialismo y la oposición. La agenda de la Cámara de Diputados incluye el Presupuesto 2027, el financiamiento universitario, la emergencia en discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar.

La Justicia federal dispuso la suspensión de dos artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por colegios de abogados de distintas provincias. La decisión alcanza a disposiciones que modificaron el régimen de costas judiciales y habilitaron el pago en cuotas de las sentencias laborales, dos aspectos que habían generado cuestionamientos entre los profesionales del derecho.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien ordenó suspender por tres meses los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 y restablecer, durante ese período, la aplicación de las disposiciones anteriores de la Ley de Contrato de Trabajo.
El pronunciamiento representa un avance judicial para los colegios profesionales que habían acudido a los tribunales en una presentación. En aquella oportunidad, casi una treintena de entidades de todo el país impulsaron una acción conjunta para frenar las modificaciones que, según denunciaron, afectaban el ejercicio de la profesión y el derecho de defensa de los trabajadores.
La presentación había sido promovida por el Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, con el patrocinio del abogado Alberto Antonio Víctor Luis Spota. A ella se sumaron entidades de Córdoba, Corrientes, Misiones, Río Negro, Chaco, Santa Fe, Salta, Chubut, Neuquén, La Pampa, Catamarca y Tierra del Fuego, entre otras jurisdicciones.

La CGT salió a la calle a discutirle al Gobierno el rumbo económico. Durante la jornada marchó frente al ex Ministerio de Industria en Diagonal Sur y Perú, en el centro porteño, para denunciar una "crisis profunda" de la industria nacional. Amenazaron con más conflicto sino cambian su modelo de país. Negaron querer una economía cerrada y pidieron una "apertura comercial inteligente".
El crecimiento de 1,9% de la industria en agosto no alcanzó para bajar el tono de la Confederación General del Trabajo (CGT). Parados decididamente como opositores, el triunvirato que conduce la central criticó el rumbo del Gobierno. Uno de sus integrantes, Cristián Jerónimo, le dejó una advertencia: "O cambian su estrategia de modelo del país, que lo único que hace es expulsar a los argentinos a la pobreza y agudiza su situación o la lucha se va a seguir profundizando".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto por el Día de la Lealtad Peronista, en el que reivindicó la figura de Cristina Kirchner, cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y convocó a construir una alternativa política con el objetivo de recuperar el Gobierno nacional en 2027.
Durante su discurso, el mandatario provincial aseguró que la expresidenta se encuentra “injustamente presa por defender nuestras banderas” y ratificó su disposición a asumir un papel protagónico en la reorganización del Partido Justicialista (PJ). En ese sentido, manifestó su voluntad de recorrer el territorio nacional y participar de la estrategia electoral del espacio.

El Gobierno dejó abierta la posibilidad de que haya cambios en la visita de León XIV a la Argentina, después de que la operación a la que fue sometido en Roma determinara que le extrajeron un tumor cancerígeno del pulmón. El canciller Pablo Quirno dijo que la prioridad es la salud del Papa, aunque remarcó que continuarán adelante con la organización a la espera de novedades.
Finalizada la cirugía realizada en el Policlínico Gemelli y tras el comunicado de El Vaticano que confirmó la extirpación de un adenocarcinoma pulmonar, en el Ejecutivo optaron por la cautela a la hora de hablar sobre el viaje previsto para noviembre en el que el Papa tiene pensado visitar la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de viajar a Uruguay y Perú.
"Seguimos con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido", dijo en primer lugar el ministro de Relaciones Exteriores al conocerse el mensaje de la Santa Sede respecto al éxito de la operación.

El diputado nacional Martín Aveiro presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre irregularidades detectadas en la registración de fondos vinculados con AySA y el Sistema Riachuelo, en particular inversiones por unos $42.935 millones asociadas al préstamo BIRF 9252 otorgado por el Banco Mundial.
La presentación se produjo tras una investigación publicada por la prensa, firmada por el periodista Julián Maradeo, que reveló que la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del crédito otorgado por el Banco Mundial y detectó una subvaluación del 66,57% de las inversiones del proyecto.