Milei sobre la Emergencia en Discapacidad

El gobierno de Javier Milei se escuda en la Ley de Administración Financiera para “suspender” Emergencia en Discapacidad. Pero, paradójicamente, en el artículo 75 del Presupuesto 2026 (que fue rechazado por la oposición), los libertarios intentaron incumplir esa misma ley para, justamente, derogar la emergencia en cuestión.
El 4 de septiembre el Senado insistió con Ley que declara la emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2026. Se trata de la iniciativa impulsada por el grueso de los bloques de la oposición que el Presidente Milei vetó por -supuestamente- atentar contra el equilibrio fiscal.
El argumento que utilizó el oficialismo en aquel entonces fue el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. En concreto, allí se establece que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
La oposición le retrucó el argumento. Señaló que, tal cual viene haciendo el Gobierno desde que desembarcó en la Casa Rosada, se faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para su financiamiento. Por falta de presupuesto desde que asumió, se trata de una práctica habitual en las filas libertarias.
Concretamente, así se lo establece en el artículo 19 que aborda el financiamiento de la misma. “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. Es más, los diputados de la oposición, artífices de la ley, se encargaron de especificar que “las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’”.
Pese a esto, el Poder Ejecutivo promulgó la ley pero, como nunca antes se vio –al menos desde el retorno de la democracia— decreto mediante la “suspendió” hasta tanto el Congreso no especifique el origen de los fondos. Justamente, escudándose en la Ley de Administración Financiera.