El juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, expuso con claridad su concepción del rol institucional del máximo tribunal de Justicia, la centralidad del deber de imparcialidad y los límites que, según remarcó, deben regir la actuación de los magistrados frente a causas judiciales de alto impacto político y mediático vinculadas a corrupción.
En el texto difundido, Rosenkrantz subrayó que su labor jurisdiccional no se rige por agendas políticas ni por objetivos orientados a determinados expedientes. “La idea de que tengo ‘la mira puesta en los casos de corrupción’ es falsa y no representa en modo alguno la manera en que concibo mi labor jurisdiccional”, afirmó el magistrado, al tiempo que rechazó cualquier interpretación que sugiera una intervención direccionada en procesos judiciales específicos, tal como se difundió en un artículo periodístico.
Uno de los ejes centrales de la carta es la defensa de la imparcialidad judicial como valor estructural del sistema republicano. Rosenkrantz fue enfático al señalar que ese principio le impide adoptar conductas o expresiones que anticipen criterios sobre causas en trámite.
“El deber de imparcialidad, la virtud institucional cardinal de la judicatura, impide que me conduzca en los términos consignados”, expresó, dejando en claro que un juez de la Corte no puede ni debe manifestar preferencias sobre el avance, el contenido o el desenlace de procesos judiciales concretos.
Otro punto destacado del texto es la aclaración sobre cómo se tramitan las causas judiciales en las que están involucrados dirigentes políticos y exfuncionarios. Rosenkrantz explicó que, en el estado procesal actual, esos expedientes no dependen de decisiones del máximo tribunal.
Rosenkrantz reivindicó del rol de la Justicia
