El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó un fuerte rechazo opositor, con denuncias de corrupción, impunidad y abandono de las personas con discapacidad. Las críticas también apuntan a su absorción por el Ministerio de Salud, en medio de cuestionamientos no saldados por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado.
Las objeciones no se limitaron a la decisión administrativa de cerrar la ANDIS, sino que se concentraron en el contexto político que rodea la medida. Desde la oposición señalaron que la disolución del organismo se produce en medio del escándalo por presuntas coimas y que su traspaso al área de Salud, conducida por Mario Lugones, agrava las sospechas, dado que -afirman- aún no hubo explicaciones contundentes por las muertes asociadas al fentanilo contaminado.
Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque en Diputados, Germán Martínez, sostuvo en X que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad” y advirtió que la decisión “no es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad”.
En la misma línea, la diputada cordobesa Gabriela Estévez calificó la medida como “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias” y recordó que el sector viene de “dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción”. En ese sentido, cuestionó el argumento oficial de falta de transparencia: “¡Pero si las coimas las cobraron ellos!”.
Repercusiones por el cierre de la ANDIS
