Luego de aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el oficialismo consiguió la media sanción en el Senado de la reforma de la actual Ley de Glaciares, que reestablece presupuestos mínimos para la protección del ambiente periglacial y que cada provincia pueda adecuar su legislación para ampliar las áreas de explotación minera. La votación general, que finalizó 40 a favor y 31 en contra (1 abstención), estuvo atravesada por intereses locales que, ya sea desde una perspectiva de ambiental o bajo la influencia de inversiones mineras potenciales, se sobrepusieron a las posturas de los partidos.
Entre los respaldos al proyecto, además de la totalidad de La Libertad Avanza, estuvo la mayoría de la UCR (con excepción del bonaerense Abad) y un importante número del flamante interbloque Impulso País (menos la cordobesa Vigo, las chubutenses Terenzi y Cristina y la pampeana Huala). Incluso una parte del peronismo acompañó el proyecto: dentro de las representaciones de las gobernaciones estuvo la jujeña Moisés, la tucumana Mendoza y el catamarqueño Andrada, mientras que del bloque mayoritario Justicialista el sanjuanino Uñac y la catamarqueña Corpacci votaron a favor de la iniciativa. La neuquina Corroza fue la única abstención, mientras que los oficialistas santacruceños siguen siéndoles esquivos al Gobierno nacional y votaron en contra. Resta el debate en Diputados.
Para el impulso del proyecto, el Gobierno argumentó en su dictamen "las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance de las disposiciones" de la Ley 26.639 vigente y promueve que "las limitaciones a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales deban ser excepcionales". En el debate en el recinto, los senadores libertarios reiteraron que la reforma fomenta a la inversión en las provincias e incluso el fueguino Agustín Coto definió como "un proyecto de chetos" a la legislación sancionada en el 2010. En ese marco, se habla de que hay cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar u$s30.000 millones, si se aprueba la ley.
Media sanción a la reforma de Glaciares
