Tras la aprobación en la Cámara de Senadores, la reforma laboral espera el último paso para finalmente entrar en vigencia y comenzar a regir las relaciones de trabajo en el país: la promulgación - por parte del Poder Ejecutivo - y su posterior publicación en el Boletín Oficial. Según la Constitución Nacional, el Ejecutivo dispone de un plazo de 10 días hábiles para avanzar en este sentido (y la ley entra en vigor a partir del octavo día de su publicación oficial, salvo que se detalle lo contrario), por lo que marzo se verá atravesado por los cambios que trae la ley impulsada por el Gobierno.
En este escenario, uno de los mayores puntos de debate que se generaron en torno a la oficialización del proyecto es la aplicación retroactiva de la normativa. En un terreno que aún permanece poco claro, juristas y abogados laboralistas cuestionan - por ejemplo - que la nueva legislación se aplique a los litigios y contratos laborales en curso. Las primeras críticas y la estrategia que impulsan desde los sindicatos prevén que esto será algo que, finalmente, se defina en la Justicia.


