Alertan sobre cambios a la ley de Tierras

Alertan sobre cambios a la ley de Tierras

El Senado se prepara para reanudar el debate en comisión del proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el gobierno de Javier Milei. Uno de los puntos de esa iniciativa, que fue defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a modificar el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales sancionado en 2011. La letra chica del texto puso en alerta a la oposición. Los bloques dialoguistas también tienen sus reparos.
El Gobierno tiene otra vez en la mira a la ley sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner que busca limitar la propiedad de la tierra en manos de extranjeros, a fin de preservar la soberanía sobre los recursos naturales.
La primera vez fue en el decreto 70/23 firmado por Milei a los pocos días de asumir como Presidente. En aquella instancia, la Casa Rosada intentó derogar esta y otras leyes. Finalmente, esta derogación quedó suspendida por una medida cautelar. Ahora, el oficialismo busca modificar la letra chica a través de la ley que el Senado debate por estos días en comisión.
A grandes rasgos, la ley sancionada en 2011 establece que las personas o empresas extranjeras no pueden ser dueñas de más del 15% del total de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Al mismo tiempo, la ley pone límite por nacionalidad. Especifica que, de ese 15% global, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% (es decir, el 4,5% del total de un territorio).
En los fundamentos del proyecto libertario, se cuestiona la normativa vigente al señalar que “implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional, principalmente en el ámbito agropecuario, uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad en todo tipo de productos”.
Bajo esta premisa es que el gobierno de Milei cambia “el enfoque” y apunta a concentrar “los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos”.