El Gobierno nacional cumplió con la orden dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla y amplió el presupuesto para el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) luego de meses de asfixia que puso en peligro su funcionamiento. El magistrado puso fin al diferendo judicial, pero advirtió a la Jefatura de Gabinete sobre los riesgos de volver a incurrir en una nuevo incumplimiento.
El titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata firmó una resolución en la que dio por concluida la etapa judicial a considerar cumplidas las obligaciones de la administración nacional ante el incremento de las partidas en $590 millones, cifra que según las propias autoridades del organismo permitirán seguir adelante con las tareas de custodia y resguardo de las muestras.
Para el juez, es responsabilidad del Estado argentino "no solo perseguir y sancionar a los responsables penales de los delitos investigados, sino también reparar a las víctimas y a la sociedad, reconstruyendo los hechos y garantizando el derecho a la verdad, a la identidad y a la justicia”.
Además, recalcó que la restitución de cada persona apropiada "es, en consecuencia, un eslabón necesario para la plena vigencia de los Derechos Humanos" ya que constituye "una reparación hacia la sociedad en la búsqueda de la verdad y la persecución de la justicia". Por tal motivo, consideró que "es deber del Estado propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”.
Gobierno sumó presupusto al BNDG
