Mientras la Corte Suprema analiza la demanda presentada por el debate entorno a la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno acelera las negociaciones con los rectores en busca de una salida que permita desactivar el conflicto judicial.
En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, la gestión oficialista deberá desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades. El conflicto entre casas de estudio y la gestión libertaria se mantiene desde octubre de 2025, cuando el Ejecutivo ignoró la ratificación del proyecto de ley y comenzó su estrategia judicial para impedir su aplicación.
En medio del tira y afloje, cabe la posibilidad de que esta misma semana se reúnan representantes del Gobierno con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque el encuentro todavía no tiene fecha definida.
Universidades: Gobierno analiza una oferta
