La Libertad Avanza prepara un proyecto para incluir en el temario del Senado antes del fin de año: la reforma de la ley 26.657 de salud mental, que busca cambiar criterios para concretar internaciones y la modalidad del tránsito de los tratamientos. Los aliados provinciales piden que se garanticen partidas presupuestarias para la implementación de los programas de contención.
El proyecto se volvió a insertar en el plenario de las comisiones de Salud Mental y Legislación General, luego de su ingreso al Congreso en mayo de este año. El oficialismo logró conseguir firmas para el dictamen y así buscar la media sanción de la propuesta en este mismo período de sesiones ordinarias, que termina el 30 de noviembre.
Desde la oposición, Jorge Capitanich admitió que la actual ley "no cumplió en términos de objetos, alcances e inversión en infraestructura y es absolutamente necesario adecuar la misma a una lógica dinámica que resuelva esta problemática que crece". Sin embargo, consideró que "la internación involuntaria se vuelve más arbitraria y al mismo tiempo más difícil de concretar en ciertos momentos" y apuntó que "la descentralización de las funciones a las provincias sin recursos ni una cooperación en validación de procesos estructurales de resolución puede agrabar el problema y debilitar institucionalmente la capacidad de abordaje".
Sobre este punto volvieron dos aliados provinciales del Gobierno: el misionero Carlos Arce y la correntina Mercedes Valenzuela. "Falta un financiamiento que no está expresado en este proyecto. Tiene que ser muy preciso el financiamiento nacional, para que se traduzca en partidas presupuestarias identificables", sostuvo Arce, que además solicitó la inclusión del Consejo Federal de Salud y Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones porque "son los que tienen el mejor diagnóstico, porque es imposible un proyecto de ley sin su concertación activa". Ambos dieron su apoyo al dictamen, con esta disidencia parcial.
Avanza la reforma de la ley de Salud Mental
