La audiencia convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para tratar la privatización de Aguas y Saneamientos S.A. (AySA) impulsada por el Gobierno nacional finalizó con críticas al proceso e incertidumbre por el futuro de las obras hídricas.
Semanas atrás, una investigación comprobó que Nación "no registró" un crédito del Banco Mundial que era para el Sistema Riachuelo.
La Comisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) identificó, en su informe sobre el “Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, una serie de irregularidades graves a la hora de aplicar el crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por parte del Ministerio de Economía.
La falta de transparencia que emerge de la auditoría, a priori, pondría en serio riesgo la inminente privatización de AySA, lanzada por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con la información, la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y detectó falta de documentación e “inversiones no registradas” por más de $42.935 millones para 2025, equivalentes a unos 30 millones de dólares, “lo que generó una subvaluación de las inversiones del 66,57%”, según el documento mencionado. En la mira quedaron el ministro Luis Caputo y el presidente de AySA, Alejo Maxit.
AySa: cuestionamientos por privatización
