La Universidad de Buenos Aires (UBA) confirmó su rechazo a las auditorías de gastos que impulsa el Gobierno a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y ratificó que recurrirá a la Justicia contra esa medida. La decisión la comunicaron en conferencia de prensa las autoridades de la casa de altos estudios encabezadas por el rector, Ricardo Gelpi: “Queremos ser controlados dentro del marco de las leyes”. Gelpi dijo: “Entendemos que la SIGEN no tiene las competencias para auditar a las universidades. Esto no significa que nos oponemos a las auditorías. Queremos ser auditados lo que sea necesario dentro del marco de las instituciones, y decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el Gobierno se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”.

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, advirtió que su sindicato evalúa adherir al paro convocado por la Mesa Nacional del Transporte para el próximo miércoles 30 de octubre contra el gobierno de Javier Milei. Si bien hasta ahora se creía que la de los colectiveros iba a ser la única rama que no se plegaría a la medida de fuerza, Fernández señaló que es una posibilidad que está sujeta al avance de las negociaciones salariales del sector, y que se definirá este viernes. “Nosotros en ningún momento dijimos que no nos íbamos a sumar a la medida de fuerza. No dijimos ni que sí ni que no”, explicó Fernández. En declaraciones a radio El Destape, el dirigente gremial dijo que se encuentran en plena negociación paritaria: “Estamos con problemas nuestros, con una conciliación obligatoria. El viernes tenemos una reunión, vamos a conversar con los muchachos y nos vamos a adherir si los compañeros quieren. Primero están los nuestros”.

Tal como ya existe en una decena de provincias del país, avanza la posibilidad de concretar una reforma sustancial en el Código Procesal Penal: que el juicio por jurados sea convierta en una realidad a nivel nacional. Diputados de distintos bloques firmaron un proyecto de consenso. El dictamen fue rubricado en un plenario en donde confluyeron las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Si bien existían ocho proyectos, el acuerdo mayoritario fue en torno a un esquema de juicio por jurados popular, con miembros civiles con paridad de género para todos los delitos con pena en abstracto de 5 años. Deberán dar un fallo unánime. Por la minoría firmaron dos diputados cordobeses del bloque Encuentro Federal -Juan Brugge y Alejandra Torres-, quienes respalda un juicio por jurados escabinado como el que se utiliza en su provincia: la diferencia es que combina magistrados y personas que no sean profesionales del derecho. Tal como sucedió con otras iniciativas que el Gobierno ya había suprimido de la ley Bases y luego decretó (como el canje de deuda o la privatización de Aerolíneas Argentinas), el dictamen no estuvo exento de una nueva insistencia oficialista: en su artículo 49, se estableció que en los juicios por jurado "el juez o jueza vestirá toga negra y usará un martillo para abrir y cerrar las sesiones o cuando resuelva una incidencia".

La Mesa Nacional del Transporte, integrada por los gremios del sector, confirmó el paro del próximo miércoles 30 de octubre contra el gobierno de Javier Milei, al que se plegarán los estatales de ATE. En un encuentro encabezado por el secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, y el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, los sindicalistas ratificaron la medida de fuerza en rechazo “al ajuste, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y el aumento de la pobreza”. Estuvieron Juan Carlos Smith, titular del sindicato de Dragado y Balizamiento; Juan Pablo Brey, de los Aeronavegantes; Omar Maturano, de La Fraternidad; y Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Participaron también el secretario general de UTEP, Alejandro Gramajo; y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, que se suma a la protesta con una medida de fuerza de 36 horas que comenzará el martes 29 con una movilización. El miércoles 30, en tanto, confluirán con el paro de transporte. “Necesitamos comenzar a moldear un frente de resistencia sindical que nos permita ponerle un freno a las políticas de entrega del Gobierno”, apuntó Aguiar.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) hará una subasta pública de más de 400 inmuebles con el objetivo de reducir gastos innecesarios y mejorar la eficiencia en el manejo de los bienes del Estado. Esta medida prevé una recaudación estimada de 800 millones de dólares, que ingresarán a las arcas nacionales. Las primeras subastas se iniciarán antes de fin de año y se irán publicando progresivamente en los próximos meses. Se trata de propiedades que, en muchos casos, se encontraban en desuso, con mal uso o cuyo mantenimiento generaba altos costos para el Estado. El objetivo, de acuerdo al mandato planteado por el Presidente, es hacer una administración eficiente de los bienes, y transformar estos inmuebles en recursos que puedan generar valor para los argentinos.  Las propiedades, que incluyen desde terrenos hasta edificios, se encuentran distribuidas en las distintas provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los inmuebles que serán subastados antes de fin de año se destaca un terreno de 919 m² en Av. Cerviño N° 3101/67, CABA, actualmente ocupado por un edificio de 3.030 m² donde trabajan 148 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la empresa de capital mixto Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTeA S.A.). Según el Manual de Estándares de Espacios de Trabajo de la Agencia de Bienes del Estado, el área requerida para las actividades debería ser de un máximo de 1.184 m², lo que significa que "se está utilizando menos de la mitad de la superficie asignada", según un comunicado del Gobierno. Otro terreno que se subastará es un predio de 5.233,94 m² ubicado en Av. de los Italianos N° 365/75, CABA, donde operan dependencias de Ciberseguridad con un equipo de aproximadamente 45 personas. El espacio actualmente usado es considerablemente inferior al recomendado, que establece entre 8 y 12 m² por persona. En este caso, la venta se realizará con toma de posesión diferida para asegurar la continuidad de las operaciones durante la transición. También saldrá a la venta el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, tasado en más de 12,5 millones de dólares, junto con otros inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico.

El Gobierno le ofreció al PRO que Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa, sea parte del directorio de YPF, liderado por Horacio Daniel Marín. La propuesta se da en medio del acuerdo que la gestión libertaria gestó con el partido presidido por Mauricio Macri. La semana pasada se confirmaron otros dos cuadros del PRO para organismos del Estado: María Tettamanti es la nueva titular de la Secretaría de Energía y Eduardo Bustamente, como vicecanciller. En esa línea, el mismo Presidente confirmó en TN que consulta con Macri cuando tiene que cubrir un puesto en el Gabinete. Desde agosto que el nombre de Maquieyra sonaba para ir a YPF, en medio de las negociaciones que el expresidente y el actual tenían por su acuerdo de colaboración conjunta.

"Toda mi solidaridad con el ex Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia @evoespueblo ante el criminal atentado que sufrió. Y un pedido al actual gobierno para que adopte todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física", posteó la exvicepresidenta. Evo Morales denunció que le dispararon 14 veces cuando viajaba en su camioneta rumbo a una radio local, en el municipio boliviano de Shinahota. Su chofer resultó herido y una tercera persona grabó la secuencia completa.

Luego de una serie de convocatorias frustradas para tratar los proyectos de "democracia sindical", la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados volvió a reunirse para un encuentro informativo que anticipó la discusión tres iniciativas sobre indemnizaciones y créditos laborales.  Las iniciativas presentadas apuntan a la reforma de los artículos 255 y 276 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, correspondientes al reingreso del trabajador y a las indemnizaciones y a la actualización de los créditos laborales por depreciación monetaria. Ambos apartados fueron reformados a través del DNU 70/2023 y se encuentran en medio de un proceso judicial. Las indemnizaciones por despidos ya fueron transformadas en el último año, en el marco del apartado laboral de la sancionada ley Bases, pero persisten los reclamos de los organismos empresariales para unificar criterios de las Cámaras judiciales de Trabajo, que contemplen la evolución del salario y no impliquen el cierre de empresas pymes.

Tras el anuncio del Gobierno de disolver la AFIP, el gremio que representa a los trabajadores de la entidad salió a cuestionar la decisión y criticó la desvinculación de más de 3000 empleados: “No dejaremos que se vulneren los derechos de ninguno”. Hasta ayer, la AFIP tenía 21.313 empleados y contaba con nueve subdirecciones generales: Auditoría Interna, Servicios al Contribuyente, Asuntos Jurídicos, Administración Financiera, Planificación y Coordinación Institucional, Fiscalización, Recaudación, Recursos Humanos y Sistemas y Telecomunicaciones.  En el marco de la disolución del organismo, que forma parte de la reforma del Estado que está llevando a cabo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se desvinculó a más de 3155 agentes. En ese contexto, el UPSAFIP apuntó: “No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme”. “De igual manera no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo”, remarcaron en el escrito.

El Gobierno había convocado a los empresarios y la CGT a una reunión para analizar y discutir la implementación de cambios en la ley de Contrato de Trabajo, aprobados en la ley Bases. La idea era consensuar la reglamentación de la penalización a los bloqueos gremiales. Sin embargo, el encuentro fue suspendido y todavía no se fijo nueva fecha para su realización. "Debido a cuestiones de agenda de la Confederación General del Trabajo confirmamos la postergación hasta nuevo aviso de la Mesa de Diálogo Técnico Tripartito", señala la nota firmada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

El Gobierno anunció la privatización de los 100 megahertz de espectro que el Estado le había reservado a Arsat y los 50 correspondientes del Enacom. Además confirmaron que los diarios y revistas de papel más aquellos que tengan suscriptores en su versión digital tributarán el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Las novedades fueron anunciadas en conferencia de prensa por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó en cuanto a las privatizaciones que "ambas se utilizarán para el servicio de 5G".  "El Gobierno nacional decidió ampliar la oferta en el rubro de las telecomunicaciones. De esta manera, se van a implementar una serie de medidas para alentar una mayor competencia en el sector. Apuntando a más competencia, mejor servicio y menor precio", aseguró el portavoz. En esa línea, el funcionario explicó cómo será el proceso: "El Gobierno va a poner a disposición los 100 megahertz de espectro que el Estado le reservó a Arsat para comunicaciones móviles y no está utilizando. Además, de los 50 megahertz que se encuentra en manos del Enacom. Estas bandas de frecuencia se van a utilizar en servicios de 5G". Por otro lado, se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado de la ley de impuestos a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, al igual que las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea. "Pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos. Esta medida aumentará la recaudación en 264 mil millones de pesos", concluyó Adorni.

La expresidenta Cristina Kirchner confirmó la lista completa de “Primero la Patria”, con la que competirá por la presidencia del PJ en las próximas elecciones del 17 de noviembre. Los cinco vicepresidentes que acompañan a Cristina son: José Mayans, jefe de interbloque del peronismo en el Senado; Lucía Corpacci, senadora y titular del PJ de Catamarca; Germán Martínez, jefe del bloque en la Cámara de Diputados; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; y Ricardo Pignanelli, secretario general de Smata.  En el consejo titular están la diputada nacional Vanesa Siley; el exministro y gobernador tucumano Juan Manzur; la senadora bonaerense Teresa García; el senador Eduardo Wado De Pedro; la legisladora bonaerense Agustina Propato; el jefe de la UOM Abel Furlán; la extitular de la ANSES, Fernanda Raverta; el senador José Emilio Neder; la diputada porteña Paula Penacca; el jefe de Suterh y referente del PJ porteño Víctor Santa María; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; el senador y ex gobernador sanjuanino Sergio Uñac; el exministro Agustín Rossi; el excanciller Felipe Solá; el intendente Gustavo Menéndez (Merlo); la senadora Anabel Fernández Sagasti; y Daniel Tano Catalano (ATE). Completan la lista Guillermo Moser (de Luz y Fuerza); la exministra de Trabajo Kelly Olmos; Norberto Di Próspero (secretario general de Personal Legislativo); el diputado Pablo Yedlin; el exministro Julián Domínguez; el exgobernador José Luis Gioja; María Emilia Soria (intendenta de General Roca, Río Negro); el intendente Leo Nardini (Malvinas Argentinas); el intendente Federico Susbielles (Bahía Blanca); el senador Antonio Rodas; el intendente Federico Otermin (Lomas de Zamora); y el senador Carlos Linares.

El radicalismo atraviesa un proceso de máxima tensión, en especial por la relación del bloque de Diputados con el Gobierno de Javier Milei. Si bien la bancada radical se mostró colaboracionista desde el inicio, conforme fueron pasando los meses, un sector exige recuperar la independencia y hasta incluso oponerse al Ejecutivo. Incluso en el último tiempo hubo un puñado de diputados que se manifestaron abiertamente a favor del oficialismo, los denominados “radicales peluca”. En esta situación está el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, que además participó  de una reunión con el Gobierno y bloques aliados, situación que dejó a su bancada al borde del quiebre: 12 diputados están reunidos para armar un espacio propio. 

El conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas también se trasladó a la obra pública: en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei ya rescindió 11 proyectos de mejoras edilicias en casas de estudio de todo el país. “No son priorizadas”, aseguran en el Ministerio de Economía. La decisión de la Casa Rosada se conoce en medio de la discusión por el presupuesto que el Gobierno destina al funcionamiento de las universidades, lo que provocó tomas y clases abiertas en la vía pública en todo el país. En el Gobierno aseguran que las obras en cuestión se debieron haber terminado en 2023 y que presentaban fuertes retrasos. Se trata de proyectos que fueron iniciados durante la gestión de Alberto Fernández. El Estado había invertido unos $1422 millones en estas obras que al momento del traspaso de Gobierno estaban en ejecución, pero que la gestión de Milei decidió rescindir.