El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida que tiene en la mira el Ejecutivo luego de los avances de la Justicia sobre la causa.
La Casa Rosada tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo descentralizado, de forma que no pueda definir sus comprar y contrataciones sin intervención del Ministerio de Salud. “La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, expresan.
La ANDIS fue creada durante la gestión de Mauricio Macri a través del decreto 698 del 2017, que estableció que tenga “autarquía económico financiera y personería jurídica propia”. La norma dispuso que no dependa jerárquicamente de un ministerio en materia de compras y que esté habilitada a dictar su propio régimen de contrataciones.
Es por eso que en Balcarce 50 apuntan a centralizar el organismo para que esté obligado a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones (Compr.ar), supervisado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) que utilizan ministerios, secretarías y dependencias de la Administración Pública.
