La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su conformidad con el fallo del juez Martín Cormick que suspendió el denominado protocolo antipiquetes, al considerar que la resolución del Ministerio de Seguridad avanzaba sobre atribuciones penales y procesales que exceden al Poder Ejecutivo.
A través de un comunicado, la central obrera valoró la decisión judicial que ordenó dejar sin efecto la resolución 943/2023, mediante la cual el Gobierno había establecido un protocolo para manifestaciones sociales que implicaran cortes de calle. La central sindical subrayó que la medida fue consecuencia de una acción de amparo impulsada por organizaciones sindicales y de derechos humanos.
Según expresó la CGT, el fallo se apoya en un argumento central: el Ministerio de Seguridad se había arrogado facultades en materia penal y procesal que no le corresponden y que son propias de otros poderes del Estado. Para la conducción sindical, ese exceso tornaba ilegal la aplicación del protocolo.
“La decisión judicial no es un fallo más”, remarcaron desde la central, al señalar que la resolución ahora anulada funcionaba como una herramienta de criminalización de la protesta, orientada a disciplinar la movilización social impulsada por trabajadores y organizaciones gremiales.
En ese marco, la CGT reafirmó su compromiso con la libre expresión y el ejercicio democrático de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, y advirtió que continuará defendiendo esos principios en todos los ámbitos disponibles.
Declaran nulidad del protocolo antipiquetes
