El Gobierno nacional salió a marcarle la cancha al juez federal Martín Cormick, luego de que hiciera lugar a un amparo y frenara la implementación del Protocolo Antipiquetes. La senadora Patricia Bullrich y su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anticiparon que apelarán la resolución. "No daremos un paso atrás", advirtieron.
El magistrado a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, determinó la nulidad de la medida represiva diseñada por la propia Bullrich en su etapa como funcionaria del Poder Ejecutivo. La decisión se dio en el marco de una presentación colectiva realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En su argumentación, consideró que "ningún habitante de la Nación puede ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos".
Siguiendo esa línea, señaló que la Constitución Nacional subraya que "las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".
Antipiquetes: Gobierno apelará el fallo
