Un loop de 72 horas atravesó la semana política y económica del Gobierno. Javier Milei abrió la secuencia en la cena de la Fundación Libertad, Luis Caputo la continuó en ExpoEFI y el propio Presidente la cerró, otra vez, en el mismo escenario. Hubo filminas, citas de Keynes, Adam Smith y la Escuela Austríaca, y un esfuerzo reiterado por demostrar que todo marcha acorde al plan. El público acompañó, aunque con cierta tibieza, en un clima donde los aplausos parecieron más inducidos que espontáneos.
En ese marco empieza a insinuarse una dinámica incómoda para el oficialismo: la escisión entre lo económico y lo político. Dos planos que ya no evolucionan necesariamente en sincronía y que desafían una de las premisas centrales del ideario libertario, que supone una relación directa entre orden macroeconómico y respaldo social. La experiencia muestra que esa relación no siempre es lineal. Puede haber cierta estabilidad en los números y, al mismo tiempo, un deterioro en el vínculo con la sociedad, más profundo de lo que reflejan algunos indicadores de corto plazo.
Ese desacople ayuda a entender también la reacción del propio Milei, cada vez más enfocado en sostener un relato sin fisuras. La exhibición de planillas que buscan validar el rumbo convive con cuestionamientos crecientes sobre los supuestos que las sostienen, y la respuesta frente a esas objeciones sigue siendo la confrontación directa, con el periodismo como uno de los blancos privilegiados. El problema es que la discusión deja de ser técnica para volverse política, y en ese terreno el Gobierno empieza a perder control de la agenda.
Sin embargo, lo que dejaron los eventos de la semana es una señal más compleja. Incluso entre economistas, empresarios y sectores de la oposición se mantiene una evaluación relativamente positiva del rumbo macroeconómico. Con matices: el uso de deuda flotante para sostener el superávit, el ajuste sobre las provincias, la parálisis de la obra pública, el deterioro del empleo y los interrogantes abiertos hacia 2027. Aun así, el núcleo del programa —orden fiscal, acumulación de reservas, financiamiento de vencimientos y expectativa de ingreso de divisas— conserva validación en el mercado.
Esa ambigüedad también atraviesa a la oposición, que empieza a acelerar su armado político al calor de la caída en la imagen presidencial, pero sin lograr todavía una diferenciación nítida en materia económica. “La responsabilidad fiscal hay que mantenerla, el orden macroeconómico también y el RIGI debe continuar, aunque con mayor foco en el compre local”, sintetizaba un referente del peronismo en una reunión reservada donde se empezaban a delinear las bases de un eventual programa para 2027.
La diferencia aparece más en el cómo que en la estructura: mayor protección del empleo, incentivos a la industria y una agenda orientada a recomponer ingresos. Ese punto conecta con uno de los principales focos de malestar social: cierres de empresas, salarios que corren detrás de la inflación y un mercado laboral que se deteriora tanto en cantidad como en calidad. En ese contexto, dentro del propio peronismo admiten que parte del esquema libertario “llegó para quedarse”, aun cuando intenten resignificarlo bajo la consigna de “orden macroeconómico con justicia social”.
Si el rumbo de la economía muestra signos de consistencia, la política ofrece un cuadro más inestable. El estilo de Milei, que en el inicio aparecía como un activo disruptivo, casi simpático, empieza a exhibir desgaste, al mismo tiempo que se diluyen algunas de sus banderas fundacionales, como la lucha contra la casta y la corrupción. Sin épica, el modelo queda más expuesto a sus resultados concretos, y ahí la tolerancia social es menor.
El dilema de la política de Javier Milei
