El Gobierno brindó nuevas precisiones sobre dos expedientes sensibles para su política de defensa y su relación con Estados Unidos: el radar de LeoLabs en Tolhuin y la Base Naval Integrada de Ushuaia. Se trata, en el primer caso, de una antena instalada en Tierra del Fuego por una empresa estadounidense que la firma presenta como parte de una red global de monitoreo del espacio para seguir satélites y desechos orbitales. Y el segundo caso es un proyecto estratégico de la Armada para reforzar la logística antártica y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
En el informe de gestión ante Diputados que brindó el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Ministerio de Defensa sostuvo que el radar sigue sin estar operativo y aseguró que cualquier cooperación futura con otros países sobre la base fueguina se limitará “a los marcos de transparencia y control parlamentario vigentes”. Esa aclaración buscó responder a las sospechas políticas que desde hace dos años rodean a ambos expedientes por su cercanía con Malvinas y por el creciente alineamiento con Washington.
El Ejecutivo brindó detalles sobre las capacidades operativas del radar, dejó asentado que la evaluación sigue abierta y que Defensa formulará una recomendación a la Jefatura de Gabinete con criterios “estrictamente técnicos, jurídicos y de resguardo de la defensa y el interés nacional”. No convalidó todavía su rehabilitación, pero tampoco cerró el caso con un rechazo definitivo. Nación dejó planteado que todavía no tomó una decisión final sobre si habilita o no su uso.
En ese mismo tramo, la cartera endureció además su postura sobre el informe que habían elaborado en 2023 Jorge Taiana y Juan Martín Paleo. La actual gestión afirma que ese trabajo tuvo “graves deficiencias técnicas y metodológicas”, un alto grado de discrecionalidad y una fundamentación insuficiente. Al mismo tiempo, se apoya en informes de ENACOM y CONAE de octubre de 2024 para sostener que el radar no puede hacer vigilancia horizontal sobre blancos terrestres, aéreos o marítimos de baja altura y que su función está limitada al seguimiento de satélites y desechos orbitales.
Según la versión oficial actual, no se trata de un radar apto para monitorear movimientos sobre el territorio o el mar, sino de un sistema orientado al espacio. La respuesta oficial también busca desactivar el costado más sensible de la polémica: la eventual injerencia británica.
Detalles de la base militiar en Ushuaia
